Seguridad y libertad

No es caprichoso que la función esencial del Gobierno sea proporcionar seguridad y justicia. Sin ellas, la libertad y los derechos del ser humano se encuentran comprometidos, restringidos o anulados.

PEDRO TRUJILLO

No se puede ejercer la libre locomoción mientras se produzcan asaltos o asesinatos en cada esquina. Tampoco la libertad de expresión, si por ello te agreden y el delito queda impune.

Mucho menos el libre intercambio de bienes y servicios, cuando las garantías jurídicas no existen, y ni hablar del respeto a la propiedad privada, si se invade impunemente tu lugar de residencia. No es gratuito el permanente reclamo al Gobierno para que tome medidas urgentes que reduzcan los niveles ascendentes de criminalidad y concentre su atención en esa área de la gestión pública.

Invertir —tiempo y recursos— en seguridad y justicia tiene una reversión directa y concreta: la creación de un clima de percepción de tranquilidad que permita emprender intercambios libres sometidos a un marco legal que asegure la confianza y promueva un ambiente propicio para la inversión y el consecuente desarrollo. Sin embargo, la actual administración continúa desviando fondos a otras áreas y se recrean en esa diplomacia de la “agenda positiva” que niega la triste, nefasta y fracasada realidad, mientras publicitan lo “bueno y bonito” —que no barato— de su labor, sustentado en visiones fantasiosas y artificiales, cuando no falsas.

Escalar algunos niveles de seguridad y justicia no es complejo. Implementen las extradiciones inmediatas, algo que temen los delincuentes organizados. No solo porque afuera los vayan a juzgar más duramente, sino porque rompe sus redes mafiosas y se les desconecta de su entorno criminal. Pongan orden en las prisiones siguiendo una política transparente, sin privilegios y de cero tolerancia con los infractores, y muden frecuentemente a los pandilleros de cárcel, para que las clicas no estén juntas en los mismos centros. Denunciemos esa nueva clase social de la narco-oligarquía, personas sin oficio conocido que adquieren grandes mansiones, manejan vehículos de lujo o se pavonean de su riqueza en aldeas donde reina la pobreza. Corten el flujo injustificado de sumas de dinero de las que nadie conoce su procedencia y no puede justificarse. Hagamos cumplir y respetar las leyes. En resumen: hagan algo, más allá del autismo, la cobardía o la resignación de costumbre, ya que optaron por asumir la responsabilidad del ejercicio del poder.

No vale la inacción, la pasividad, la dejadez ni mucho menos la connivencia para que estos temas los arregle la comunidad internacional. La Cicig ha evidenciado que se pueden hacer ciertas cosas, pero como no se ha fortalecido el engranaje nacional, se ha reducido el nivel de eficiencia porque las fiscalías y el sistema judicial terminan por esperar resultados de aquellos y se crea un clima en el que cada vez trabajan menos, esperando que otros lo hagan y evitando críticas a su labor o ceses. La solución no es la pena de muerte —ya mueren demasiados— ni los jueces sin rostro, que algunos reclaman, sino los jueces con huevos. Tampoco seguir pidiendo desde el Gobierno paciencia, conformismo o más recursos, cuando no se tienen iniciativas claras ni prioridades establecidas en esta área.

Debemos asumir que esto es trascendental para la libertad, el desarrollo y el ejercicio de los derechos del ser humano, o seguiremos conformes con propuesta inútiles, ineficientes, descaradas, partidarias e interesadas, propias de charlatanes que llegaron sin planes, ideas y no cuentan con la inteligencia ni con la voluntad para superar el escollo. ¡Aguántense! no es la respuesta.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 27 de julio 2010.