jueves, 19 de julio de 2012

Encarecidas importaciones

Ramón Parellada
Una de las formas de encarecer todos los productos que importamos y por ende empobrecernos es dificultando la importación de bienes y servicios. En nuestras aduanas, cada contenedor pasa por un semáforo que se supone funciona aleatoriamente. Si sale en verde, el contenedor puede ser retirado luego de pagar los impuestos respectivos. Este trámite no debería tomar más que un día. Sin embargo, una gran cantidad de los contenedores que ingresan actualmente a Guatemala salen en rojo. El trámite dura unos 7 días. Si además, la DAIA (División de Análisis e Información Antinarcótica) de la Policía Nacional conocida antes como DOAN (Departamento de Operaciones Antinarcóticas) quiere revisar los contenedores, entonces serán unos 10 días más. Por si esto fuera poco, si a la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) no le parece el precio, entonces para quien ya conoce todo el procedimiento especial para liberar el contenedor por este reparo tendrá que esperar otros 5 días más. Parecieraa que la gente de la SAT que está en las aduanas ignorara cómo funcionan los precios, ya que siempre fluctúan por cuestiones de oferta y demanda. De esa cuenta, es lógico que si uno importa algún producto, en especial si es un commodity o una materia prima de la cual entran a Guatemala una enorme cantidad de contenedores al día, sus precios no serán siempre iguales. Los precios fluctúan todo el tiempo y suben cuando mundialmente la cantidad demandada es relativamente superior a la ofrecida y bajan cuando ocurre lo contrario. Pues bien, la gente de la SAT parece ignorar esto y cuando los precios a nivel internacional bajan se dan a la tarea de cuestionar todo contenedor que venga por debajo del precio que ellos consideran debe tener la materia prima. Si suben no pasa nada. Pero cuando bajan, su actitud es desconcertante, pues para el país y los consumidores significa una ventaja obtener materias primas a menores precios. El principal costo para el importador radica en que debe tener un mayor colchón en inventario. Esto significa tener mayor capital de trabajo y flujo de caja. Hay un costo financiero importante en este punto. Si el contenedor pudiera nacionalizarse de inmediato en vez de en una semana, entonces imagínese todo este costo ahorrado para el país. Además hay otros costos. Si el contenedor está más de 5 días sin ser retirado del puerto se cobra un almacenaje portuario. Esto puede oscilar entre $10.00 $11.20 por contenedor. Pero las navieras también cobran por sus contenedores, ya que los necesitan vacíos para usarlos con otros clientes. Ellos dan entre 8 y 11 días sin cobro extra a partir de cuando llega el barco a puerto. A partir de ahí los cobros oscilan entre $50 y $80 diarios por contenedor, dependiendo de la naviera. Hay casos en los cuales ya está cargado el contenedor en el tráiler. En estos casos, también se debe pagar por el chasis, el cabezal y el piloto que tienen que esperar a que se libere. Esto suele ocurrir cuando la revisión sale en rojo pero la SAT y/o la DAIA deciden parar el trámite por cualquier circunstancia. De esa cuenta se prolonga por varios días el trámite. Nacionalizar lo que importamos no debería ser un trámite que se resuelva en el mismo día. Ahora es un calvario y muy costoso. Es así porque somos ineficientes y gastamos nuestros escasos recursos en actividades que no generan riqueza. Si queremos ser más competitivos debemos buscar un sistema que no encarezca nuestras importaciones. No hay justificación que valga para que un país pobre tenga que desperdiciar tanto capital por estas ineficiencias burocráticas. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 19 de julio 2012.

¿Quién paga la deuda?

JORGE JACOBS A.
En medio del debate sobre la crisis de la deuda de los gobiernos europeos, un estudio reciente planteó la idea de “pagarla” con la fortuna de los millonarios y que así se resolvía el problema. ¡Qué fácil para alguien plantear una solución así, sin medir las consecuencias y, peor aún, sin entender cuál es el problema! Tomando en cuenta que si las cosas no cambian vamos en esa misma ruta, es bueno considerar desde ya el problema. El estudio fue presentado por el Instituto Alemán de Estudios Económicos y, según las notas de prensa, lo que proponen es que a los “más adinerados” se les obligue a comprar la deuda de sus países. Según ellos, “el 40% de las fortunas de los ricos de la eurozona permitiría pagar la totalidad de la deuda que acumulan los estados que comparten la moneda única”. Añaden que “dependiendo de los progresos del Estado, esa deuda se podrá devolver más adelante con sus respectivos intereses”. Quien haya hecho este estudio, por lo visto, desconoce o no quiere reconocer cuál es la causa de la deuda. No hay que perderse. El origen de la deuda es el gasto excesivo de los gobiernos, y este a su vez es una consecuencia de esa errónea pero popular idea de que el sistema del Estado benefactor mercantilista es la herramienta adecuada para hacer una “redistribución” de la riqueza. No han entendido quienes así piensan que ese sistema es insostenible en el largo plazo. Lamentablemente, el largo plazo es demasiado largo para los políticos y también para la mayoría de las personas que prefieren hipotecarlo a cambio de una engañosa “mejora” en el corto plazo. Es especialmente engañosa porque la famosa “redistribución” que hace no es ni pareja ni justa como muchos de ellos creen, sino que beneficia mucho más a quienes están cerca del poder o pueden hacer más bulla que los demás. El problema no se resuelve quitándoles la deuda a los gobiernos. Sin la carga de la deuda, los políticos mañana mismo lo empiezan a endeudar nuevamente y con más bríos. El problema solo se va a resolver cuando los políticos y la gente aprendan a no esperar que “el Gobierno” les resuelva todos sus problemas, porque antes de hacerlo debe quitarle recursos a alguien más —muy probablemente a ellos mismos— para intentarlo. Al final no lo logrará, o si lo hace saldrá mucho más caro que si los individuos lo hicieran ellos mismos. Creer que quitándoles su fortuna a los ricos el “sistema” será más justo es una tontería. Aparte de lo inmoral, lo que se logrará reduciendo aún más el derecho a la propiedad es desincentivar la inversión, lo que al final le termina pegando a los más pobres, a través de falta de empleo y oportunidades. Si lo que les molesta es que muchos hayan hecho sus fortunas a la sombra del “Estado”, pues esa es precisamente una de las características de ese sistema, y lo que deberían buscar es cambiar el sistema, no agrandarlo. Me impresionan sobremanera las reacciones y comentarios publicados en la misma nota de prensa. Definitivamente no mucha gente se preocupa por entender lo que pasa, menos aún por qué pasa. Espero que usted no sea uno de ellos. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 19 de julio 2012.

miércoles, 18 de julio de 2012

Raíces cristianas de la propiedad

Carroll Ríos de Rodríguez
El Dr. León Gómez Rivas, profesor de la historia del pensamiento económico y de ética en la Universidad Europea de Madrid (UEM), visitó Guatemala y habló sobre la visión de la propiedad privada de la Escuela de Salamanca. La defensa de la propiedad privada es toral a la defensa de la persona y su dignidad. La Doctrina Social de la Iglesia sostiene, que si bien el destino de la creación es para todo el género humano, la repartición de los bienes en propiedad permite al hombre dar sustento a su vida y la de sus seres queridos. La solidaridad natural entre los hombres es posible gracias a la propiedad. Más aún, el Catecismo de la Iglesia explica que la “promoción del bien común exige el respeto a la propiedad privada”. (2403) No somos dueños absolutos, sino administradores de la providencia, y beneficiamos a otros haciendo fructificar los bienes en nuestro haber. En Defending the Free Market, el padre Robert Sirico explica que ser dueño es entrar en una particular relación, reconocida por los demás miembros de la comunidad, con una cosa o una idea. A través de esa relación, las personas aplicamos nuestra razón y creatividad, trabajamos, y descubrimos nuestra capacidad de trascendencia. Los autores asociados a la Escuela de Salamanca eran herederos intelectuales de Santo Tomás de Aquino, quien argumentó que la propiedad privada era una institución moralmente neutra. Sus seguidores sostenían que la propiedad privada contribuía al bienestar general porque fomentaba la actividad económica. Luis de Molina (1535-1600) afirmó, como Aristóteles, que se cuida mejor lo propio que lo que no tiene dueño. Según el Dr. Gómez, el defensor de los derechos de los indios, Diego de Covarrubias (1512-1577), argumentó que los indios debían disponer de sus tierras y dirigir su sociedad en tanto eran personas. Se opuso a la confiscación de sus bienes y la imposición de un gobierno foráneo en las Américas. Vemos cómo Covarrubias comprendió que era importante rescatar el derecho del goce de los frutos del trabajo. A su vez, Juan de Mariana (1536-1624) escribió que se debe resguardar el derecho de propiedad privada de la coerción del Estado y de la arbitrariedad de los tiranos. De Mariana tenía razón en preocuparse por el acaparamiento estatal; pocas cosas han hecho más daño a la humanidad que el totalitarismo colectivista. Cuando una élite política poderosa ejerce la dueñez de todos los recursos disponibles a la sociedad, se despoja de dignidad a la persona. La redistribución socialista forzosa no es sinónimo de caridad cristiana. En un entorno que respeta y garantiza el fundamental derecho de propiedad privada, tienden a surgir una variedad de arreglos. Las personas se pueden asociar en empresas de varios tamaños y tipos e implantar diversos estilos para administrar los recursos escasos. Incluso algunas asociaciones de personas, como ciertas comunidades religiosas, pueden acordar voluntariamente la tenencia comunal de sus particulares bienes. Es hora de que los creyentes le lavemos la cara a la noble institución de la propiedad. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 18 de julio 2012.

martes, 17 de julio de 2012

El costo de la autogestión

PEDRO TRUJILLO
Soy partidario de la descentralización política y administrativa. Me gustaría ver muchas ciudades, municipios o departamentos que fueran autónomos, compitieran entre ellos, y el ciudadano, libremente, pudiera elegir el mejor lugar para vivir, dónde trabajar o abrir su negocio. La competitividad entre administraciones soberanas generaría menor costo político y ofrecería mejor calidad de servicio. Apuesto, en otras palabras, por lo que se ha venido en denominar ciudades libres (free-cities). Por tanto, la propuesta de reforma constitucional en la que se reconocen numerosos idiomas, pluriculturalidad, multilingüismo y multietnicidad, me parece —a priori— con sentido. Falta —como suele ocurrir con propuestas sesgadas— las respuestas a ¿cuánto cuesta? y ¿quién lo paga? Acepto la idea del departamento o municipio que aspiran a tener condiciones específicas organizativas y sociales: idioma propio, enseñanza multilingüe, juzgados en la lengua vernácula, etc. Dicho de otra forma, quienes deseen un modo de vida privativo, peculiar, diferente o propio —da igual el calificativo— simplemente lo pagan de su bolsillo y asumen los costos económicos, sociales, de capital humano y de oportunidad que tal decisión conlleva. Me opongo, sin embargo, a que con dinero público —de todos— se financie tal organización o se cree una suerte de infraestructura compleja y de uso grupal, de ahí que promueva la descentralización administrativo-financiera. Por consiguiente, no se trata de apoyar u oponerse a las reformas constitucionales en favor de tal o cual colectivo, sino de hacer un análisis económico de la aplicación de la norma y quienes deseen sumarse a tal proyecto lo hagan libremente, disfruten sus derechos pero asuman las obligaciones que la medida conlleva. Me temo, sin embargo, que lo que se quiere es conformar una estructura idiomático-social complejísima cuyos costos sean trasladados a quienes no la utilizan o necesitan, y eso vulnera las libertades individuales. El mismo derecho reclamado por ciertos colectivos a organizarse en función de sus necesidades, costumbres, hábitos o deseos, tienen otros de hacerlo respecto de los suyos y ninguno debe asumir el costo que representa la decisión del otro. Esta racional pero sencilla reflexión sirve para resolver otros “complejos” problemas de convivencia diaria. Si una colectividad no quiere que se modifique el pénsum magisterial, no hay problema. Los maestros que así estudien impartirán clases únicamente en el espacio geográfico que lo permita y no en el resto del territorio; si no aceptan que una central eléctrica se construya en los límites municipales, ¡perfecto!, no tendrán acceso a la electricidad que allí se produce, y así sucesivamente ¡Eso es democracia! Se trata de que quienes apuesten en una dirección excluyente y exclusiva no deseen cooperar asumiendo ciertos costos o no guarden reciprocidad en obligaciones, reciban en la misma medida las consecuencias de sus aciertos o errores. No hay que sentirse culpable de nada, victimizar a grupos ni cargar con responsabilidades que no corresponden. Pareciera que ciertos manipuladores desean convencer de que hay que romper la observación del Derecho para promover “derechos”, una trampa en la que caer fácilmente que obnubila la razón y el sentido común. Me parece más adecuado que la confrontación, la interminable discusión o la oposición sistemática dejen espacio a la reclamada autodeterminación, descentralización o gobierno autónomo, lo que obligará—una vez el grupo asuma los gastos de tales exigencias— a reflexionar y dejar de actuar visceral e irracionalmente ¿Están dispuestos al reto o lo que realmente quieren es bochinchear y que los demás paguemos ciertos despropósitos? Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 17 de julio 2012.

Logros desnutridos

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
Resulta que cometí un grave error en mi columna de la semana. La campaña que nos pregunta si “nos pela” la desnutrición infantil no es promovida por el Gobierno, como originalmente fue reportado por la prensa. Es promovida por ciudadanos que, con su propio dinero, la están financiando. ¿Qué hubiera cambiado en mi opinión de haber conocido ese importante hecho? Me fui con la finta… el 24 de junio, el Periódico reportó que la Secretaría de Seguridad Alimentaria era parte de la provocadora campaña de publicidad. Sin embargo, diversas personas que forman parte de ella me informaron que la misma es promovida y financiada por ciudadanos que, en lo personal, dedican su tiempo y dinero a incidir en el resto de nosotros respecto de ese grave problema. La aclaración es importante. No es el Gobierno quien nos reclama. Son otros guatemaltecos que, desde una posición de autoridad moral, distinta y superior, nos invitan a involucrarnos con ellos. Los felicito por tomar la iniciativa. La forma como nos quieran provocar es otro asunto. Sin embargo, el fondo de mi argumento sigue siendo el mismo: ¿qué vela tiene el Gobierno en este entierro? Si de resultados se trata, el Gobierno parece ser el menos interesado en que se solucione el problema de la desnutrición infantil. Desde que yo recuerdo, esa tragedia ha sido utilizada como el “caballito de batalla” para justificar aumentos de impuestos y gasto público. “Si queremos acabar con la desnutrición infantil, hay que subir la carga tributaria” —nos han venido repitiendo por décadas. Y con ello, colocan al ciudadano en un dilema moral imposible. ¿Quién quiere ser visto como el inconsciente que mantiene esa vergonzosa situación? Por ello es que siempre “damos el piojo” y los políticos se salen con la suya… Y ahora, los resultados. De acuerdo con la V Encuesta Nacional de Salud, la región más pobre del país, noroccidente, mostraba un nivel de desnutrición crónica del 70% en 1995. En 2009, 14 años más tarde, ese nivel había bajado cinco puntos porcentuales a 65%. En ese mismo período los guatemaltecos pasaron de pagar Q7,500 millones de impuestos a pagar Q34 mil millones; ¡4.5 veces más! ¡¿Y no que era para combatir la desnutrición infantil, pues?! ¿O consideran que bajar de 70% a 65% de desnutrición crónica es un “gran logro”? Peor aún, ni siquiera podemos concluir en que la disminución en el indicador haya sido consecuencia directa de la gestión pública en esa región. Eso sí, para el más reciente aumento de impuestos los políticos nos volvieron a decir lo mismo: “si queremos menos desnutrición infantil, necesitamos más dinero”. Con ese nivel de ineficiencia en resultados, no extraña que sean los mismos ciudadanos quienes hayan decidido echarse el problema al hombro y, con sus propios recursos, buscar iniciativas propias para tratar de aliviarlo. Les reitero mi felicitación y reconocimiento. Estoy seguro de que con menos dinero lograrán mucho más para desgracia de aquellos que lucran con mantener las condiciones de pobreza de la mayoría de guatemaltecos. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 17 de julio 2012.

¿Ley de Minería? ¿Inconstitucional?

Estuardo Zapeta
El caso ante la Corte de Constitucionalidad, en grandes líneas, es el siguiente: un grupo de organizaciones, principalmente indígenas, apoyadas por grupos ecologistas y la Iglesia, decidieron solicitarle a la CC que declare inconstitucional la Ley de Minería, sobre la base de que no fue consultada a los pueblos indígenas y que el Convenio 169 ya estaba vigente, lo cual obligaba a una consulta popular (“de buena fe”), según lo establece el mismo instrumento internacional. Un caso interesante por muchas razones de las cuales señalo algunas en este espacio: 1. Si la CC acepta como válido el argumento de inconstitucionalidad de la Ley de Minería por no haber sido “consultada” estando el Convenio 169 ya vigente para Guatemala, la avalancha, el tsunami, el maremoto de inconstitucionalidades a tantas leyes que fueron aprobadas después de la ratificación de dicho Convenio sería incontenible. Y debido —y ese es parte del argumento de los grupos indígenas— a que Guatemala es mayoritariamente indígena, toda ley —de bancos, de telecomunicaciones, tributaria, de desarrollo, de seguridad, educación, etc.— que haya sido aprobada pero no “consultada” post-ratificación del 169 sería entonces “inconstitucional”. Imaginarán los lectores qué significa eso para Guatemala. De hecho, no solo la Ley de Minería afecta a los pueblos indígenas. Todas las leyes afectan a todos los indígenas. 2. La CC ya se ha pronunciado en estos casos de “consultas”, y aunque es en casos específicos, la respuesta de la Corte ha sido consistente en señalar que si bien las “consultas” son ejercicios loables y democráticos, no son ni vinculantes, ni tienen ese poder de “veto” que los grupos indígenas quisieran. De hecho, el mismo Convenio 169 no tiene ese poder de “veto” argumentado por los ambientalistas, la Iglesia y las ONG indígenas. Si la CC ha dicho eso con relación a las “consultas” por qué habría de decir otra cosa cuando la materia en cuestión es básicamente la misma. Además, el Convenio 169 hace referencia a “consultas de buena fe” que ni existen en Guatemala, y por lo tanto no están reguladas. Primero habrá que darles “vida”, luego regularlas, para después estudiar sus ámbitos de aplicación. Las “consultas populares” que los grupos indígenas han promovido no son más que “referéndum” acerca de un tema del que ellos están en contra, y por eso se hacen ya “amañadas” y poco creíbles. 3. La ratificación del Convenio 169 se hizo bajo la explícita premisa (y así lo dice el Art. 1 del Decreto de Ratificación) que no es superior a la Constitución de Guatemala. Entonces, un Convenio que es considerado NO superior a la Constitución, pregunto, ¿cómo podría ser la base para declarar una Ley “inconstitucional?”. La idea de las ONG indígenas es que la Ley de Minería no fue “consultada” como lo ordena el 169; entonces es inconstitucional. Pero siguiendo esa lógica habrá cambiado entonces el sistema político guatemalteco, el Congreso no tendría sentido como la representación y el requisito sería leyes por “consulta”. Interesante. Continuará . . . Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día martes 17 de julio 2012.

lunes, 16 de julio de 2012

Carta a Marta

Marta Yolanda Díaz Duran
El martes pasado, 10 de julio, a pocas horas de haber regresado a Guatemala después de un viaje de 10 días, me encuentro al leer los matutinos nacionales con la columna de Marta Altolaguirre titulada “Reformas Constitucionales II”. Aclaro que leo a pocos columnistas de mi país: puedo contarlos con las manos y me sobran dedos al hacerlo. Lo digo sin pena. Elijo leer a aquellos que considero parten de premisas verdaderas y contribuyen a mi proceso de aclararme las ideas. Marta forma parte de este grupo. No siempre coincidimos en nuestras valoraciones, pero hoy aparentemente nos encontramos en puntos totalmente opuestos, hecho que me sorprendió. Tampoco suelo meterme a discusiones interminables en los espacios de opinión. Más aún, en cualquier campo solo dialogo con personas que son intelectualmente honestas: aquellas cuyo objetivo es encontrar la verdad (concordancia de lo que se piensa con la realidad). Todos nos equivocamos, y la única forma de encontrar el origen de nuestro error es identificando nuestras premisas y determinando cuál o cuáles son falsas. La discusión entre gente que elige usar su razón (facultad que nos permite identificar la realidad) nos facilita el proceso y su fin: emitir nuevos juicios sustentados con evidencia y argumentos verificables. Creo que Marta es una intelectual y académica honesta, profesional y bien intencionada, por eso he decidido comentar su artículo, por ser yo una de las personas que públicamente ha rechazado el “Proyecto de Reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala” presentado por el actual Presidente, Otto Pérez Molina, decisión que sigo sosteniendo. Lamento que Marta haya caído en la falacia de la generalización a la hora de criticarnos. Pienso que los motivos por los cuales me opongo han sido sustentados con argumentos y evidencia objetiva. Sí, algunos cambios pueden ser positivos (por ejemplo, la eliminación del artículo 160). Pero el problema, Marta, es que el proyecto es uno y como un todo quiere Pérez Molina que sea aprobado, como lo ha declarado en varias ocasiones. Y los cambios propuestos, cuando se analizan como un todo, apuntan a un fin específico: fortalecer el sistema presidencialista, aumentar el poder del Presidente del Organismo Ejecutivo que, por cierto, dejaría de ser mandatario del pueblo de Guatemala (modificación al artículo 182). ¿Considera que esto contribuye a alcanzar el objetivo del “fortalecimiento de los pesos y contrapesos y no el ejercicio prepotente y abusivo de ninguno de los Organismos del Estado”? (elPeriódico, 3 de julio de 2012, pág. 21). Muchas cosas más tengo que decir, pero el espacio se me acaba. Espero tener la oportunidad de compartirlas con usted personalmente en una próxima oportunidad. Pero por hoy, quiero terminar recordándole el sabio refrán que hace ver que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. No muerda el anzuelo. No caiga en la trampa. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día lunes 16 de julio 2012.

jueves, 12 de julio de 2012

Fracaso anunciado

JORGE JACOBS A.
Cuando dijimos que el paquetazo fiscal y las leyes antiinversión tendrían como resultado que la recaudación bajara, se nos tildó de locos, antisistema, antipatriotas, defensores de los evasores y muchas otras cosas que por respeto a los lectores prefiero no repetir. Pero el tiempo pasa y las primeras evidencias empiezan a confirmar lo que en su momento aseveramos. En unas declaraciones dadas el día lunes ante diputados de la bancada de la UNE, Dorval Carías, viceministro de Finanzas, indicó que se tenía previsto que la carga tributaria llegara este año al 11.1%; sin embargo, no se cumplirá con ese presupuesto, y lo más probable es que la carga tributaria cierre el año en 10.9%. De una vez se adelantó el viceministro a acusar como responsable de esta recaudación menor a “la falta de aprobación de la ley que flexibilizaría el secreto bancario y que le permitiría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acceder a la información de las cuentas bancarias de los contribuyentes” (elPeriódico, 10/7/12, p.10). ¡Qué fácil es para los burócratas y tecnócratas zafar bulto de sus metidas de pata! Es importante recordar que durante mucho tiempo los burócratas, los tecnócratas, los del G40, los de la ONU, etc. nos estuvieron remachando que con las leyes antiinversión —antievasión, por si no lo entendió— y con el paquetazo fiscal —pacto fiscal, para ellos— se iba a incrementar la recaudación. Ese era el gran argumento para justificar la aprobación de estas leyes. También era el argumento para descalificar cualquier oposición: los que se oponen es porque no quieren pagar más impuestos. Pues bien, a pesar de la oposición que algunos hicimos, el mundillo político y tecnócrata logró la aprobación de ambas leyes antiinversión, logró la aprobación del paquetazo fiscal y solo le quedó pendiente la eliminación del debido proceso para pasar sobre los derechos de los ciudadanos —lo que eufemísticamente denominan “eliminar el secreto bancario”—. Se aprobaron y ya están en vigencia, con excepción de algunas normas que empiezan a funcionar el año entrante. ¿El resultado?, como ya lo veíamos venir quienes en su momento lo advertimos: la recaudación tributaria empezó a “desacelerarse”. Ahora ya pasamos al siguiente grado y la recaudación está cayendo. Para su referencia, el año pasado la carga tributaria fue de 11.0%. Si lo que todos los impulsores de esta legislación dijeron fuera cierto, la misma debiera crecer este año, que de hecho es lo que tenían “presupuestado”; sin embargo, la realidad es que, lejos de crecer, la carga tributaria disminuirá. Por aquello de las dudas, hago la comparación de la recaudación en términos relativos y utilizando sus propias cifras, para que no salgan con otras excusas. Lamentablemente el tiempo nos da la razón. Lo peor es que la caída de la recaudación tributaria es el menor de los problemas. Las consecuencias serias apenas las empezamos a percibir: caída de la inversión, caída del empleo, empresas que han trasladado sus operaciones a otros países. El año entrante las consecuencias serán mucho peores. ¡Lástima que los políticos no entienden de estas cosas y se dejan apantallar por los “expertos” que en su vida han creado riqueza ni pagado una planilla! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 12 de julio 2012.

Libertad y desarrollo en Guatemala

Ramón Parellada
El martes pasado asistí al lanzamiento de la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala y que es dirigida por su actual presidente Dionisio Gutiérrez. Debo decir que salí con mucho optimismo. Hay esperanza para nuestra Guatemala porque hay gente muy comprometida en hacer las cosas bien para que logremos reducir la inseguridad y falta de justicia, alcanzar un crecimiento económico sin precedentes y pasar al selecto club de países más desarrollados. El lanzamiento de la Fundación Libertad y Desarrollo tiene el apoyo del ex jefe del gobierno español y actual presidente de la fundación para el análisis y los estudios sociales Faes, José María Aznar y del el ex gobernante de Colombia, Álvaro Uribe. Ambos estaban en el lanzamiento. También cuenta con el respaldo del ex mandatario de Chile, Ricardo Lagos, quien no pudo venir por compromisos ineludibles. El apoyo es muy importante para ese nuevo centro de estudios o Think Tank en Guatemala que tratará de crear una Escuela de Gobierno, entre otras cosas, para formar a los políticos y funcionarios desde antes que lleguen al poder y que sean buenos profesionales para lograr lo que tanto Dionisio como los ex presidentes presentes denominaron “un buen gobierno”. El jefe de Estado de Guatemala, Otto Pérez Molina, también estaba entre los presentes y se le veía muy entusiasmado con esta iniciativa y expresó su admiración a los ex presidentes Aznar y Uribe. Aparte de estas grandes personalidades, la fundación cuenta con el apoyo de diversas universidades y centros de estudios de prestigio de otros países. La idea es que este centro de estudios logre aprovechar las experiencias y trabajo profesional que otros han desarrollado para que se haga también en Guatemala y el resto de países centroamericanos. Me impresionó la cantidad de líderes de todos los sectores y gobierno que asistieron a este lanzamiento. El poder de convocatoria fue impresionante. El esfuerzo atrás de la fundación me parece, además, de lo más serio, por lo que veo con muy buenos ojos esta gran iniciativa. Dionisio comenzó el evento con una palabras de reflexión cuestionando por qué en Guatemala estamos como estamos a pesar de que el mundo ha mejorado tanto. Y es cierto, el nivel de vida de la humanidad ha mejorado en casi todas partes, más salud, más ingresos percápita, más desarrollo, menos delincuencia, más justicia, etc… y en Guatemala no se ven estos resultados, o al menos no al ritmo de los países más desarrollados. Por ello, se involucró de lleno invirtiendo tiempo y recursos a modo de que las cosas cambien a partir de una educación política y económica que prepare a aquellos que quieren dedicar una parte de su vida al gobierno, mejor dicho, al “buen gobierno”. Entiendo por un buen gobierno aquel que fortalezca todas las instituciones que garanticen la libertad de sus ciudadanos a través de un verdadero Estado de Derecho. Un buen gobierno es, como dijo el ex presidente Aznar, el que un gobernante logra en un país cuando al finalizar su período lo deja en mejores condiciones que cuando lo inició. En su caso con mayor desarrollo económico, libertad para sus ciudadanos y prosperidad. En el caso del ex presidente Uribe, también con mayor desarrollo económico, libertad, prosperidad pero además con mucha más seguridad y justicia, tema que era crucial resolver, como bien mencionó, para lograr todo lo demás. Deseo que la Fundación Libertad y Desarrollo sea todo un éxito porque también será el de todos los guatemaltecos que veremos cambios grandes y positivos en nuestro país. ¡Felicitaciones! Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 12 de julio 2012.

martes, 10 de julio de 2012

La “consulta” popular

PEDRO TRUJILLO
Al menos en cuatro ocasiones pregunté -en otros tantos foros- si alguno de los allí presentes presenció o tenía documentada una consulta de esas que dicen hacerse al amparo del convenio 169 de la OIT. En todos los casos la respuesta fue negativa. Se habla —en exceso— sobre la “consulta popular indígena”, pero pareciera que pocos pueden hacerlo con propiedad porque desconocen cómo se desarrolla el evento. Tengo la suerte de tener documentadas algunas y es por ello que me permito abordar la discusión. Lo primero por decir es que esas consultas no se parecen a lo que el imaginario social podría configurar como un referéndum. No es secreto, más bien público. Delante de la comunidad se hace cola frente a las mesas del “sí” o del “no”, con lo de cohibición y coacción de la libertad que conlleva tal situación; hay mítines previos y/o posteriores —o durante— el acto, conductas que direccionan el voto e intimidan; discursos de “líderes” que promueven la decisión interesada de los organizadores; no hay censo constatado ni supervisado, sino que cualquiera puede votar; se falsifican nombres, firmas y otra forma de identificación personal (tengo el documento); activistas interesados colocan en fila a las personas, separando —en ocasiones— hombres de mujeres, aunque luego se quejan de discriminación, machismo o racimo; banderas partidarias apoyan el evento, y un larguísimo etcétera observable cuando se analizan esas “consultas” que no reflejan la libertad de una comunidad para expresar una posición, mas bien es el resultado de la manipulación y el dirigismo de ciertos bochincheros asociados al crimen organizado, a ideologías trasnochadas o a los pagados de costumbre por ayuda internacional. En resumen, el procedimiento de consulta en comunidades indígenas es un puro fiasco que, además de no ser vinculante, tampoco guarda parámetros mínimos de transparencia, seriedad ni participación popular. Nos dieron atol con el dedo, porque así interesa a quienes negocian con ello al recibir sustanciales cantidades por resultados obtenidos. El convenio 169 expresa en el primer literal de uno de los artículos que aborda el tema, que las consultas se deberán de hacer “en particular a través de sus instituciones representativas”, que es precisamente lo que no desean esos manipuladores porque aquellas sí fueron elegidas democráticamente mediante voto secreto y representan el sentir de la mayoría, lo que anularía sus viciados propósitos de cambiar una situación legal y legítima. Muchos de los defensores son golpistas técnicos, quejumbrosos de todo lo que las leyes mandan o la mayoría decide apegada a los procedimientos vigentes y despreciativos cuando hay sentencias en su contra, promoviendo la vulneración de normas y el irrespeto a las instituciones, además de atentar contra la libertad del individuo. Exigen cumplir la ley, pero ellos no lo hacen ¿Dónde está la observación internacional en esos “comicios”?, algo que enérgicamente exigen cuando es nacional. Esto no es más que el proceder de los radicales de costumbres incapaces de ganar en las urnas y que necesitan utilizar la trampa, el engaño, la corrupción, la presión o la intimidación como forma de alcanzar los puestos que la voluntad popular —que tanto reclaman— les niega. Aprendieron durante el conflicto y no dejan las malas mañas. Creen tener la razón, pero carecen de legitimidad y de humildad para reconocer que nadie los prefiere —de ahí el magro resultado en elecciones— optando por ejercer la tradicional violencia, mientras son mantenidos por otros que piensan como ellos. ¡Valiente consulta popular “democrática”! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 10 de julio 2012.

No, no nos “pela”

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
Algunas personas han protestado por el tono vulgar de la reciente campaña de “concientización” que el Gobierno ha impulsado contra la desnutrición infantil. Yo, más que cuestionar el estilo literario, cuestiono la osadía de los funcionarios públicos al pretender endilgarnos un problema que es resultado directo de su indiferencia e incompetencia. “Más del 50% de los niños padecen de desnutrición crónica” —anuncia el Gobierno— “¿Y a ti te pela?” —nos cuestiona. La respuesta es no, no nos “pela”. Semejante estadística es motivo de vergüenza y preocupación para cualquier ciudadano. Sin embargo, hay relativamente poco que, a nivel individual, cada uno pueda hacer. Los economistas le llaman el “problema de la acción colectiva”. Para cada persona es difícil organizarse e iniciar una acción que tienda a disminuir el problema. En buena medida, el Gobierno se constituye para solucionar ese tipo de problemas. ¿Entonces? ¿Por qué continuamos con índices tan altos de desnutrición? El problema persiste porque los niños desnutridos no votan y eso les resta atractivo de cara a los políticos. Por eso es que, a pesar de los Q60 mil millones de presupuesto y de bolsas “solidarias” —ayer— o “seguras” —hoy— el problema sigue y, ahora, el Gobierno tiene las agallas de pasarnos a los ciudadanos la papa caliente. Y que conste que el sector privado —los ciudadanos— nunca les ha “pelado”. Cuando, durante el gobierno de Alfonso Portillo, la prensa mostró la grave situación de desnutrición que se dio en los municipios de Camotán y Jocotán; las empresas fueron las primeras en llegar a paliar el problema. Hoy en día otras empresas se han propuesto contribuir a eliminar la desnutrición en otros municipios. No, no nos “pela”. Ni tampoco es, como estúpidamente cuestionan otros, que la ayuda privada es para pagar menos impuestos. Así que la campaña no debe preguntarnos si “nos pela” la desnutrición infantil. La pregunta hay que devolverla a los políticos que están y han estado al frente del Gobierno. ¿Por qué, si la desnutrición es un problema tan grave, no le dedicaron los recursos necesarios para aliviarla? ¿Por qué fueron a distribuir comida a regiones que eran más políticamente rentables y no a los lugares en donde más se necesitaba? ¿Por qué no han adoptado políticas públicas que estimulen el crecimiento económico para solucionar el problema de fondo? Si Guatemala tiene uno de los índices de desnutrición infantil más altos del mundo es por la incompetencia e indiferencia criminal de los gobiernos a quienes si les “ha pelado” ese problema. Es imposible creer que no hubiesen podido destinar todo su esfuerzo en aliviar una situación tan grave. En todo caso, los ciudadanos, organizados en empresas e individualmente, lejos de ser indiferentes, se han dado a la tarea de atacar, por su propia iniciativa, la gravísima situación. ¡Qué agallas tienen los funcionarios para gastarse el dinero en una inútil propaganda! ¿A cuántos niños se hubieran podido alimentar con esos recursos ahora desperdiciados? ¿Y a ti qué? ¿Eso te “pela”? Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 10 de julio 2012.

Muerte a la minería...

Estuardo Zapeta
Hace un tiempo fue publicado en Honduras un artículo que hoy es mas que relevante volverlo a releer dado las posiciones radicales, incluida la del Gobierno con una propuesta de nacionalización “constitucional” de hasta 40% de empresas mineras. Fue Santos Gabino Carvajal quien publicó ese magnífico artículo en clave de hipérbole acerca de la posición irracional del movimiento “antiminero”. Dice Carvajal: “En primer lugar los minerales hay que dejarlos enterrados y que no le sirvan a nadie, se debe destruir la posibilidad de que la actividad minera sea una fuente de empleo, inversión y mucho menos una actividad productiva y jamás un negocio y esto se logra si se toma una decisión definitiva y radical de no usar, vender o comprar productos que provengan directa o indirectamente de la minería. “Para el caso, si se va a casar con el amor de su vida, no intercambie anillos, ni arras, porque son de metal; si va a nacer una criatura, que sea en un petate o en el suelo, porque las camas del hospital o clínica está hechas de hierro. Si está enfermo y necesita operarse no lo haga, porque el bisturí y demás implementos médicos son de metal; si tiene problemas en la vista, oído o piernas, no use lentes porque los vidrios y aros son productos hechos de metal, igualmente los audífonos y aparatos ortopédicos”. “No oiga radio, equipo de sonido, ni vea televisión porque esos aparatos son fabricados con piezas metálicas; la basura no la ponga en los depósitos que porque son de metal (o cemento); no tenga en su cocina estufa, refrigeradora, o micro porque son de metal; no utilice energía eléctrica porque el generador, transformador, alambres y aún los focos son hechos de metal; las llaves, grifos, lavaderos, no debe usarlos porque son de metal. El niño al ir a la escuela debe hacerlo desnudo y descalzo y sin útiles, porque esas cosas las hacen en máquinas hechas de metal...” “Deje de comer porque las cacerolas, ollas, sartenes, cucharas, tenedores, cuchillos son de metal y cuidadito con beber refrescos o cervezas en lata o en botella. No use computadoras, iPod, celulares; aretes, joyas, relojes porque son de metal”. “No tenga martillos, serruchos, palas, picos, barras, azadones, rastrillos, machetes, porque son de metal... No ponga en su casa verjas, alambradas, portones o balcones porque son de metal”. “Duerma a la intemperie o bajo un árbol porque las casas, edificios, apartamentos, los construyen con productos de la minería, igualmente las escuelas, hospitales e iglesias y no use sortijas, medallones, crucifijos, cadenas, porque son de metal... Mire a su alrededor y si ve cosas hechas con productos metálicos destrúyalas, bótelas pero por ningún motivo las vuelva a usar”. “El megáfono, micrófono, teléfono, imprenta, con que habla y escribe con pasión ¡no a la minería!, son de metal, no los vuelva a usar porque se convierte en contribuyente de lo que quiere destruir. Creo que si se es serio y se emprende una campaña de no tener, comprar o usar cosas que tengan contenido metálico, segurito que se acaba con la minería”. ¿Quién empieza? Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día martes 10 de julio 2012.

lunes, 9 de julio de 2012

Reforma sin forma

Marta Yolanda Díaz Duran
Es lo que va a presentar el presidente Otto Pérez Molina al Congreso. Una propuesta que hará más ecléctica a nuestra desarrollada y contradictoria Constitución. Un contrato social producto de los intereses, las frustraciones y las convicciones erradas de un grupo de personas cuya filosofía se ubica en las antípodas del pensamiento político y económico que permite el progreso de los habitantes de una nación. De los principios que deben regir en una sociedad: que hacen la diferencia entre un conjunto de normas para asegurar la convivencia pacífica entre hombres libres o las reglas para legalizar la servidumbre entre esclavos. Muchas cosas más puedo agregar a las escritas en mi artículo del pasado lunes sobre el tema de llamado “Fortalecimiento del sistema político”, pero lo único que quiero recalcar es que el título correcto de esa parte de la propuesta debió ser: “Fortalecimiento del sistema presidencialista”, y debió terminar con un “Ave, Caesar, morituri te salutant”. ¡Ah! Estoy de acuerdo con la eliminación del artículo 160 que autoriza a los diputados para desempeñar otros cargos públicos. En el área del “Fortalecimiento del sistema fiscal y financiero”, quiero repetir lo que otros han dicho sobre las modificaciones al artículo 125: es una expropiación disfrazada de “participación patrimonial”. ¿Cómo van a adquirir hasta el 40 por ciento de las empresas que explotan recursos naturales? ¿Van a comprar acciones con dinero de los tributarios? ¿Tendrán la capacidad de intervenir cualquier explotación de recursos naturales ya que obvian el “no renovables”? ¿Pretenden crear, de nuevo, empresas estatales: los futuros peores antros de corrupción, como lo fueron en el pasado? El podrá de hoy, es el será de mañana… ¡Qué maña! Con las modificaciones al artículo 171, el Congreso pierde la facultad de APROBAR el Presupuesto General de la Nación. Sólo lo puede “improbar”. De nuevo, fortalece al Presidente y debilita al ciudadano al debilitar al Congreso. Y me parece una ironía agregar al artículo 238 (Transferencias y equilibrio fiscal) que “Preferentemente se observará el principio del equilibrio presupuestario”. O sea, seguirán gastando más de lo que les ingresa, y endeudando al tributario. Me ofende que crean que en Guatemala no hay gente inteligente que entienda las intenciones verdaderas de su absurda propuesta. Las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios para satisfacer a grupos de presión, ser políticamente correctos y facilitar la corrupción con la excusa de buscar la transparencia. No deben propiciar un retorno al pasado, a prácticas fracasadas como la de pretender que los gobernantes (el Estado es solo una abstracción) se conviertan en empresarios. Y que además lo hagan con el dinero de nosotros, los tributarios, que no nos vamos a ver beneficiados con tales inversiones que vamos a tener que financiar. Veni, vidi, vici. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día lunes 09 de julio 2012.

jueves, 5 de julio de 2012

Pésimas reformas

Ramón Parellada
El paquete de reformas a la Constitución que el Ejecutivo dio a conocer no debe pasar a Consulta Popular porque es antidemocrático, destruye la división de poderes, le otorga al Gobierno la potestad de expropiar cuanta empresa se le ocurra y le otorga un poder inusual a la Universidad de San Carlos (Usac) en las decisiones más importantes de selección de orden judicial y constitucional, politizando las elecciones de jueces y magistrados. Es antidemocrático porque elimina la Consulta Popular como mecanismo para futuros cambios en los artículos no dogmáticos de la Constitución. No hay nada más democrático que la elección de un cambio constitucional mediante un referéndum o consulta popular. Además, el Congreso aún tiene pendiente someter a Consulta Popular la propuesta de ProReforma (www.proreforma.org.gt). El Gobierno tendrá la potestad de expropiar hasta el 40% de cualquier empresa que use recursos naturales. El Presidente ha dicho que solo se trata de empresas nuevas extractivas y no las que ya existen. Pero eso no es lo que dice el artículo que se pretende reformar. Lo que dice el artículo es que el Gobierno podrá siempre adquirir hasta el 40% de las acciones de las empresas que usen recursos naturales. No dice tampoco que sean solo las extractivas ni las no renovables ni las nuevas; aplica a todas. Sea como sea, este artículo es confiscatorio, se contradice con la defensa de la propiedad privada que está en el cuerpo dogmático de la Constitución y ahuyenta toda inversión. El daño que este artículo ha hecho ya a los más pobres de Guatemala es enorme, pues la única forma en que pueden mejorar su nivel de vida es con más inversión per cápita. Una mejor propuesta, más democrática y que eliminaría todo conflicto por el subsuelo sería que el dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo a través de un título. Esto funcionaría en forma similar a como funcionan los títulos de usufructo de frecuencias (TUF) solo que en este caso hablaríamos de títulos de usufructo de subsuelo (TUS). El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la Constitución, pero el campesino o comunidad que poseen una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades. La propuesta destruye la división de poderes, ya que el procedimiento para los nombramientos de jueces y magistrados de la Corte Suprema, así como el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quedan politizados, dándole preponderancia a la Universidad de San Carlos en todas las elecciones. Además, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dependerá de la Corte Suprema de Justicia. ProReforma tiene una propuesta que despolitiza la elección y asegura la independencia de poderes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Corte de Constitucionalidad serían elegidos mediante sorteo, en forma pública, delante de la Comisión de Postulación y de los demás candidatos designados para el cargo (que será en forma vitalicia). La Comisión de Postulación solo debe elegir a los candidatos que califiquen según parámetros objetivos. El sorteo y la publicidad del evento de la elección garantizan también la despolitización e independencia de poderes, eliminando así la injerencia del ejecutivo y de cualquier otra entidad interesada. Tal como están las reformas pareciera que es un primer paso para que el Ejecutivo se perpetúe en el poder adquiriendo más poder. Estas reformas deben ser retiradas por el Ejecutivo. No creo que deban someterse a Consulta, y si lo hacen deben rechazarse con contundencia. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 05 de julio 2012.

22 gramos

JORGE JACOBS A.
En lo que Otto Pérez Molina anda ensimismado tratando de quitarse de encima el mote constitucional de mandatario, Colombia y Uruguay se nos adelantaron en el proceso de la despenalización de las drogas. El liderazgo que había tomado Guatemala en este tema empieza a ser relegado por otros mandatarios que se han portado más ágiles y sagaces. La semana pasada, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que los colombianos pueden portar dosis mínimas de estupefacientes para consumo personal, sin que se les pueda detener ni acusar penalmente. La Corte incluso estableció cuál es esa dosis mínima: 1 gramo de cocaína o 22 gramos de marihuana. Cualquier persona a la que se le encuentre una dosis mínima de estas drogas podrá ser tipificada, a lo más, dependiendo del estado en que esté, como enferma, y ser tratada física y sicológicamente como tal, pero no detenida ni encausada judicialmente. Este dictamen de la Corte aleja definitivamente a Colombia del cauce que el gobierno de Álvaro Uribe le había impreso hacia la penalización de los usuarios de drogas y la encauza hacia la visión más abierta de Santos, en la línea de tratar las adicciones a las drogas como un problema de salud y no como uno penal. ¿Es esto suficiente? De seguro no lo es, pero es un primer paso en la línea correcta. El presidente de Uruguay, José Mujica, también dio un gran paso hace unos días, al presentar al Parlamento una propuesta para despenalizar el consumo de marihuana. No estoy completamente de acuerdo con la propuesta de Mujica, ya que esta convierte al Gobierno en el productor y vendedor monopolista de la marihuana, pero aun así creo que es un muy buen experimento. Al parecer, el partido de Mujica cuenta con los suficientes votos y aliados para que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras, lo que no quita que la propuesta sea controversial y haya mucha discusión y opiniones encontradas sobre la misma, tanto en Uruguay como fuera. En ambos casos, creo que lo importante es que la marea empieza a cambiar y la despenalización de las drogas cada día se convierte en algo más cercano y posible. Los muchos años que quienes hemos promovido la legalización de las drogas parecíamos arar en el mar, finalmente parecen empezar a dar frutos. ¿Es algo que va a cambiar de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Estos son apenas unos débiles pasos en la dirección correcta, pero ya empezamos a caminar. Debo añadir un elemento adicional. Estoy convencido de que el regreso del PRI al poder en México tiene su raíz en la absurda y trágica guerra contra las drogas en la que Calderón embarcó a todo el país. Esperemos que hayan aprendido la lección y estén dispuestos a considerar las alternativas. La presión de Estados Unidos puede ser mucha, pero los muchos miles de muertes sin sentido de los años recientes deben pesar más. Ese no es el camino a seguir. Las pruebas abundan en muchos cementerios a lo largo y ancho de ese gran país. Ha llegado el momento de considerar otra ruta. Mientras tanto, en Guatemala, pudiendo liderar esta ruta, perdemos el tiempo con un paquetazo constitucional dictatorial. Triste nuestro caso. Articulo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 05 de julio 2012.

miércoles, 4 de julio de 2012

Peligro, peligro, peligro…

Carroll Ríos de Rodríguez
Rechazaríamos a un zorro vendedor que nos dijera: “Pague cientos de millones por un pastel que será elaborado por 158 cocineros, pertenecientes a escuelas culinarias en constante pugna. Los cocineros devengarán jugosos salarios mientras discuten y trabajan; serán susceptibles a la presión de grupos de interés. Anticipe sorpresas, pues no tienen que seguir una receta particular, pero solo le entregaremos el producto final si la mayoría de la población lo aprueba. Eso sí, aunque se quede sin pastel, no le devolveremos ni un centavo. Confíe en mí, ¡saldrá delicioso!” Tal oferta haría sonar las alarmas internas en cualquiera, como en el robot B9 de la serie televisiva Perdidos en el Espacio: “¡Peligro, peligro, peligro!”. Por eso aquí, y en el resto del mundo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es comparada con la caja de Pandora: de ella puede escapar todo mal conocido. Aunque abrir la caja permite hacer modificaciones deseadas, pone en cuerda floja los artículos que preferiríamos dejar intactos. Lo que cada quien quiere cambiar o conservar varía: unos quisiéramos fortalecer el Estado de Derecho; otros querrán proteger privilegios, construir el socialismo del siglo XXI, o más. No obstante, el riesgo es real y generalizado si la ANC puede transformar las reglas del juego drásticamente. Racionalmente preferimos la Constitución conocida a una nueva que pudiera ser peor. Nadie puede garantizar el perfil de los constituyentes electos, la calidad de su trabajo ni el contenido que redactarán. Se reducen significativamente los costos asociados al proceso cuando es posible efectuar enmiendas constitucionales por otros caminos. La Constitución vigente reconoce iniciativa para proponer reformas al Presidente, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y al pueblo (un mínimo de 5,000 ciudadanos empadronados). Estas propuestas deben ser tramitadas por el Congreso “sin demora alguna”. Si dos terceras partes de los diputados la aprueban, se convoca a una consulta popular para su aprobación definitiva. Por lógica, el Congreso tendrá que atender las iniciativas conforme se reciben. Sólo se recurriría a una ANC para reformar el corazón de la Constitución (artículos 3-46 y el artículo 278), y antes se especificarían los artículos que esta podría alterar. El presidente Pérez ha recurrido a la vía alterna para su propuesta de reforma, mas propone que de aquí en adelante solo una Asamblea Nacional Constituyente pueda reformar la Constitución. Luce incoherente, habiendo él criticado el clamor del partido Líder por una ANC que refunde la nación. ¿Querrá obstaculizar futuras enmiendas, para que su reforma sea la última y definitiva? Si es así, estamos mal, porque constitucionalistas expertos opinan que la iniciativa oficial no es profunda, coherente o constructiva. ¿O querrá despejar el camino para luego convocar una ANC con poderes radicales? Si es así, estamos frente al tramposo vendedor. ¿Y por qué la prisa? Ciudadanos: ¡peligro, peligro! Esta batalla es ineludible: son altísimos los costos para cada uno de nosotros. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 04 de de julio 2012.

martes, 3 de julio de 2012

Negocios y genocidio

PEDRO TRUJILLO
De nuevo las diatribas sobre “genocidio” en el país. El debate no carece de importancia. De conseguirse una condena, hay sustanciosas cantidades de dinero para ciertas organizaciones y personas en concreto —los vividores del cuento y del conflicto—, así que tienen que luchar “por el pan de cada día”. Que recuerde, hay tres casos paradigmáticos relacionados con genocidio: el holocausto judío perpetrado por los nazis, el de Ruanda (hutus-tutsis) y el conflicto serbio-bosnio. El primero fue anterior a la Convención, el segundo tuvo una condena contundente, y el tercero, parcial (no internacional), pero en los tres se dan ciertas características que permiten comparar y extraer conclusiones, para no hablar sobre supuestos imaginarios, inventados o ideológicamente comprometidos. El holocausto puede calificarse de étnico-religioso y supuso la exterminación sistemática de todo aquel que fuera judío, precisamente por el hecho de serlo. No hubo ningún nazi en el grupo exterminado, ni a la inversa, ningún judío en el ejército nazi. Ambos grupos eran excluyentes. El caso ruandés fue eminentemente étnico y coincidió con el anterior en que un clan excluía al otro; se mataba al contrario precisamente por pertenecer a un colectivo diferente. Finalmente, el caso serbio-bosnio puede catalogarse también de étnico-religioso y la persecución —sistemática— ocurría por pertenecer al bando que profesaba otra religión. En resumen, en los tres supuestos había dos grupos perfectamente diferenciados, eran excluyentes entre sí, existía una intención de eliminar a uno de ellos de forma sistemática y había causas de orden étnico, racial o religioso, es decir, se daban las condiciones que la Convención determina. En el conflicto guatemalteco no se manifestó una sola de las características anteriores, razón por la que se han elaborado supuestos extensivos del delito o lo que es lo mismo, una invención prefabricada e interesada de las condiciones y de la situación o un intento de pacto judicial. Los dos bandos existentes: el Ejército (Estado) y la guerrilla estaban integrados por personas de diferentes etnias y no se dieron causas religiosas, raciales u otras que permitan establecer una persecución sistemática. Se agredía “al otro” porque pertenecía a distinto bando, sin importar quien fuese la víctima, el momento, la creencia, la etnia o la religión, lo que imposibilita establecer una categorización como en los casos anteriormente analizados. No se puede hablar de genocidio más que forzando la interpretación o acudiendo —como en un peritaje judicial— a definiciones como la del diccionario o la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ambas desechadas porque hay un convenio específico y preciso. Limitados a lo que dice la Convención —que es lo legal— de ninguna forma se puede establecer la relación causa-efecto que algunos quieren forzar. Esto no quita que efectivamente murió mucha gente en forma atroz y que haya quien abogue por buscar culpables o investigar las causas, pero de ahí a hablar con propiedad de genocidio hay un abismo que ni en el caso bosnio fue reconocido por tribunales internacionales. Se requiere seriedad en este tema, lo que no va con los manipuladores de la verdad que verán reducidas sus ayudas si no consiguen una sentencia favorable. Declarar que en Guatemala hubo genocidio, sin ajustarse a los postulados de la Convención, sería llegar a la conclusión de que en todo conflicto lo hay y eso es una inadmisible extravagancia judicial. A fin de cuentas a muchos de los que buscan “justicia” les pela las víctimas y únicamente reclaman protagonismo y dinero, a fin de cuentas, ¡viles y repulsivos mercantilistas del conflicto! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 03 de julio 2012.

La respuesta es no

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
Ya sabemos cómo le gustan las cosas al presidente: rapidito y sin mal modo. Así es como pretende “socializar” sus reformas a nuestra Constitución para que en pocos días los ciudadanos le aceptemos los cambios políticos más importantes de nuestra vida ciudadana. Pues en ese mismo estilo debe darse la respuesta: ¡no! Pareciera como que el candidato a la presidencia no es el mismo que gobierna. Primero dijo que habría un “pacto fiscal” y, en el poder, nos metió el aumento de impuestos más alto de nuestra historia, “de urgencia nacional”. En la campaña rechazó la tesis de legalizar las drogas y luego se lanza una “discusión” sobre su posible despenalización. Nunca dijo que tenía la intención de cambiar la Constitución y ahora propone modificar más de 50 artículos. La pregunta sin respuesta es ¿por qué? ¿Qué“problemas” se pretenden resolver con semejante modificación? No se sabe. La semana pasada comenzó la “socialización” de los cambios propuestos. Un “ilustrado” petit comité designado por el presidente rápidamente decidió cómo es que los guatemaltecos viviremos de ahora en adelante. El documento presenta, en la primera columna, el artículo constitucional vigente; en la segunda, el cambio propuesto, y en la tercera, los “comentarios”. Increíblemente no existen comentarios. Ni los siete “iluminados” ni el propio presidente nos quieren explicar la razón de todas y cada una de las 50 modificaciones a la Constitución. Solamente se habla de generalidades demagógicas. No, señor presidente. No es por ahí. Nuestra Constitución podrá adolecer de muchas deficiencias y cada ciudadano encontrará una distinta. Sin embargo, el país no está como está por culpa de nuestra Constitución. Hay otros defectos mucho más graves en nuestra legislación que merecen más de su escaso tiempo antes de pretender “tocar” nuestra Carta Magna. Por ejemplo: ya hay suficiente experiencia con la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por ahí podría comenzar. Reformándola para tratar de prevenir que el Congreso sea el refugio de delincuentes en el que se ha convertido. Luego debería seguir con la Ley de Servicio Civil, para que los ciudadanos podamos aspirar a tener funcionarios públicos con los incentivos correctos. Finalmente, le podría “entrar” a la forma como el Estado compra y contrata servicios. Allí es donde está el negocio de la corrupción generalizada en la ejecución del presupuesto público. Esa sí sería una reforma del Estado… Pero, obviamente, por ahí no va la cosa. El negocio de la política va demasiado bien como para que se le pongan cortapisas. Los lobos de la política quieren seguir teniendo los mismos privilegios para poder “cuidar” a las ovejas ciudadanas. De cara a ese escenario, los ciudadanos debemos rechazar de tajo los diversos intentos de los políticos —incluido a Baldizón— por cambiar nuestra Constitución. Ellos deben, primero, demostrar fehacientemente que son capaces de depurar un sistema hecho a su conveniencia antes de pedirles a los ciudadanos que les demos otro cheque en blanco, ahora con nuestra Constitución. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 03 de julio 2012.

lunes, 2 de julio de 2012

Dictadura constitucional

Marta Yolanda Díaz Duran
Después de leer y analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido popularmente como el paquetazo constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los firmantes de los mal llamados acuerdos de paz de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999. Uno de los mejores cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES. Hago énfasis en la calidad de mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la parte del llamado “Fortalecimiento del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo Ejecutivo, cual émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador. Para rematar la intención de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo 279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo. Y las anteriores reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo, por qué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los criminales. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día 02 de junio 2012.