¿Matar a Colom?

No. Ni a Colom ni a nadie. La única excepción sería en caso de que mi vida o la de uno de mis seres queridos corrieran peligro.

Marta Yolanda Díaz-Durán

No. Ni a Colom ni a nadie. La única excepción sería en caso de que mi vida o la de uno de mis seres queridos corrieran peligro. Sin dudarlo ejercería mi legítimo derecho a la defensa. Y si en el ejercicio de mi derecho muere el atacante sería a consecuencia de su intento de causar daño a otros. Nunca sería intencional de mi parte.

Sé que hay quienes no comparten mi decisión. Pero también sé que a la hora de la hora no se atreverían a hacer nada. “Perro que ladra no muerde”, sentencia el refrán. Y así es. Lo mismo es aplicable a aquellos que me han amenazado de muerte. A mí y a amigos a los que admiro. A estos artilugios suele acudir gente pusilánime que, desde la oscuridad del anonimato que comparten con las ratas y las cucarachas, se envalentonan y creen que amedrentan a otros. Al fin, “el león juzga por su condición”, dice otro refrán, y creerán que todos somos cobardes como ellos. Se equivocan. Muchos damos “la cara y el nombre” y orgullosamente vemos de frente a quienes pretenden callarnos.

Después de casi 12 años ejerciendo el oficio de periodista de reflexión, como me gusta llamar a mi profesión, he aprendido muchas cosas, entre estas cuando se intensifica la carrera por llegar al poder. En Guatemala, donde hacer política se identifica con el juego sucio, una de las tácticas más usuales es la de intentar difamar por medio de campañas negras (como serán las limitadas mentes de quienes las utilizan), a quienes consideran un obstáculo en su camino. Un objetivo a desprestigiar es un competidor. Sin embargo, el peor, a quien más temen, es a aquel que no le interesa alcanzar el poder pero sí desea cambiar el estado actual de las cosas.

Y es al segundo grupo al cual pertenecemos académicos, periodistas, ciudadanos que desde nuestros espacios públicos y privados enfrentamos la situación y presentamos propuestas para cambiarla en beneficio de todos. Aun por el bien futuro de aquellos que en el corto plazo perderían sus privilegios. Y me refiero a la propuesta de cambios a la Constitución hecha por la Asociación Cívica ProReforma. Tal vez a los únicos que perjudicaría sería a los gorrones y saqueadores que pretenden lograr sus metas expoliando a otros por medio del uso ilegítimo del poder estatal.

Entre los más notorios y respetados impulsores del proyecto se encuentra el bloguero y periodista Luis Figueroa, probablemente el más leído e influyente en temas políticos y de actualidad. Recientemente alguien creó un grupo en Facebook llamado “Yo también quiero matar a Álvaro Colom” y puso como referencia el blog de LuisFi, “Carpe Diem”, quien en cuanto se enteró, además de denunciarlo, aclaró que él no tiene nada que ver con la propuesta. ¿Habrán sido un puñado de irresponsables los creadores del grupo o forma ya parte del intento de atacar a alguien que se opone frontalmente al abuso del poder? Figueroa, con quien comparto valores, nunca iniciaría ni promovería una acción como la mencionada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día lunes 31 de julio del 2010.

Oportunidad perdida

¿Planeamos para el corto o el largo plazo, con vistas a las próximas elecciones o a las próximas generaciones?

Armando de la Torre

La ley 16-2010 sobre alianzas público-privadas en infraestructura económica (o más sencillo, de “concesiones de servicios públicos”) debería ser vetada por el Presidente.
En un espacio tan pequeño como el de esta columna no puedo ofrecer una enumeración pormenorizada sobre las razones para tal veto. Pero me permito adelantar algunas de las que creo más importantes.

En primer lugar, la mencionada ley incluye principios rectores que no son del reconocimiento universal. El “decálogo” por el que pretende regirse, además de sólo aludir de paso a la transparencia que hoy se requiere en todas partes, incluye supuestos adicionales como los de “rectoría del Estado”, auditoría “social”, rentabilidad (no menos “social”), eficiencia económica, distribución de riesgos, temporalidad, responsabilidad fiscal y fiscalización que no son parte del vocabulario habitual al respecto sino mera verbosidad política chapina (o más bien, de la Segeplan).

Tampoco particulariza los mecanismos apropiados para el cumplimiento con los principios de “transparencia”, rendición de cuentas y sostenibilidad que habrían de ser parte ineludible en semejante legislación y no aparecen en ella.

Ni hace referencia alguna a la asequibilidad de las tarifas únicas a cobrar al usuario promedio, que haría imposible engendros como las llamadas “tarifas sociales” que aplica el INDE (y en violación del artículo 4o. de la Constitución).

La ley, encima, deja un enorme vacío (cual un “hoyo negro” en el espacio) en lo que respecta a derechos y obligaciones tanto de la autoridad contratante como de la agencia subcontratante y del concesionario privado. Se habla, eso sí, de “funciones”, de “responsabilidades”, pero al margen de un genuino vínculo contractual.

Ni menciona las modalidades de contrato, que suelen conocerse en castellano por sus siglas C.E.T. (Construcción-Explotación-Transferencia) y, muy sorprendente, hasta carece de una determinación precisa para la fecha del inicio de la vigencia legal de los contratos.
También deja a oscuras las causales de incumplimiento por cualesquiera de las partes, lo que haría de veras imposible hasta la configuración del contrato mismo.

Además, esa ley debería incluir un procedimiento específico apropiado de sanciones para los casos de incumplimiento de contrato y no remitir a las partes a la “legislación vigente”, pues sabemos que los jueces de nuestros tribunales ordinarios no se hallan en su mayoría preparados para resolver sobre los mismos.

Y dada la experiencia múltiple en Guatemala de obras inconclusas o abandonadas, la ley debería añadir una cláusula sobre la “reversión de bienes”. Porque si se halla que el concesionario desiste de concluir la obra concesionada, o de mantener el servicio, ¿a quién se revertirán los activos del proyecto una vez vencido el plazo pactado?

La Unión Europea, y en especial Francia, cuyas intromisiones en nuestro derecho interno han sido toleradas por décadas —a mi juicio por un injustificado complejo guatemalteco de inferioridad—, han sido, sin embargo, pioneras a emular en el uso de esa figura de la “concesión” de servicios públicos. Lo constaté en mis 14 largos años por aquellas latitudes. También lo viví durante mis 10 años en los Estados Unidos, donde parecida figura se reconoce como “alianza” público-privada (public utility). Ambos matices de una misma intención por el bien común según sus respectivas tradiciones legales.

Este nuestro intento, empero, no ha sido feliz. Opino que queda mucho por aclarársenos y que el texto es confuso, rudimentario y susceptible de las peores interpretaciones, de acorde al proverbio “hecha la ley, hecha la trampa”.

Es una recurrencia más del eterno dilema del hombre: ¿planeamos para el corto o el largo plazo, con vistas a las próximas elecciones o a las próximas generaciones, guiados por el interés efímero de unos pocos o por el justo bienestar de todos?...

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día domingo 30 de mayo del 2010.

“Siempre quise ser una conejita…”

No debe desperdiciarse el talento de una joven para ensalzar la vulgaridad de otra.

Karen Cancinos

Eso dice la muchacha a quien elPeriódico, en una edición dominical, celebró con fruición. ¿Su triunfo? ¿Un descubrimiento científico, una hazaña humanitaria, una presea literaria, un reconocimiento aunque sea de esos que los políticos se otorgan entre sí? No, qué va. La alharaca se debía a que “es la primera guatemalteca que se quita la ropa para la revista Playboy”.

Cito: “Las puertas grandes se le abrieron después de su aparición en Playboy. Tres obras de teatro, un contrato en Televisa y uno de los 10 cupos en la escuela de artistas de esta cadena…”
Lo de las puertas grandes me parece discutible, a menos que por tales se entienda el ingreso de una mujer de 26 años a la industria pornográfica. Si estos son los criterios que tiene el periodismo nacional acerca de lo que significa ejemplaridad, tiene unas miras chatísimas.
Sigue el texto: “En un año y medio la joven obtuvo lo que no había logrado en más de 2 décadas en Guatemala.”

Pues claro, si hace más de dos décadas esa señorita era una niña. No podía “lograr” notoriedad posando desnuda para una colección de fotos obscenas. No se puede sostener con seriedad que esas fotografías son “artísticas”, como ella afirma. Porque es obsceno cualquier proyecto que apele al interés más espurio sobre el sexo, que retrate una conducta sexual patentemente ofensiva y que, tomado en conjunto, no ofrezca ningún valor literario, artístico, político o científico. De modo que esas fotos pueden en toda regla ser calificadas como obscenas. Sí, las vi. Me hizo tan repulsivo obsequio un diario que hasta entonces tenía por responsable.

Continúa el texto citando a la chica: “‘Me pasó las de Arjona’… ‘En Guatemala los medios… no me daban participación. Es triste que uno tenga que salir de su país para buscar las oportunidades’.”

No sé qué esperaba la mujercita, cuya esplendidez de cuerpo parece ir en proporción inversa a su cortedad de mente, a juzgar por la trabajosa ilación de sus respuestas. Aunque —hay que decirlo— la culpa no es de ella: se dan contestaciones estúpidas a preguntas estúpidas, como esa de “¿Qué sientes cuando te ves desnuda en una revista?”

Le pasó como al compatriota, dice. Su comparación resulta totalmente inapropiada: Ricardo Arjona ya era aquí un músico, y eso siguió siendo en México. Su oferta artística, que puede gustarle o no a uno, pero que en todo caso es indiscutible, se encontró con una demanda a la medida de su talento, y eso catapultó su carrera. Ahora bien, esa chica no es una artista, sino una mujer “de cabello largo e ideas cortas” (en palabras de Schopenhauer) dispuesta a explotar lo único que tiene y que le durará lo que su juventud, es decir, poco.

En Guatemala los medios no le daban participación, asevera. ¿Será, boba, que eso se debió a que aquí no se editan revistas porno?

Un asunto lamentable este, de veras. Tanto por esa muchacha, cuya degradación no ha hecho más que comenzar, como por el penoso desliz que supone que un medio publique una pieza tan insultante especialmente para las mujeres.

ElPeriódico debe ofrecer una disculpa a los lectores. El editor dominical debe hacerlo también con Paola Hurtado, una magnífica periodista cuyo nombre me dolió ver calzando ese bodrio cuasi porno. Porque no debe desperdiciarse el talento de una joven para ensalzar la vulgaridad de otra.

artículo publicado en el diaro guatemalteco "Siglo XXI", el día viernes 28 de mayo de 2010.

El socialismo no genera riqueza

Las sociedades cuyas personas son más libres para producir que otras tienen un nivel de vida superior.

Ramón Parellada

Para eliminar la pobreza hay que estudiar sus causas y aprender de la evidencia empírica que ha llevado a algunos países a ser prósperos. Los socialistas han sido incapaces de estudiar y entender la evidencia y por ello sus propuestas siempre terminan empobreciendo más a los pueblos a los que se pretende ayudar.

Sus propuestas pasan siempre por incrementar los impuestos y redistribuirlos entre los más pobres a través de programas sociales, subsidios, precios topes, salarios mínimos y empresas estatales. El resultado es una mayor injerencia del gobierno en la vida privada de los individuos restringiendo su libertad con la supuesta buena intención de lograr una sociedad más justa y próspera.

El grave error de estas propuestas es sencillamente que no funcionan. Las intenciones podrán ser las mejores del mundo pero las consecuencias son contrarias a ellas. El socialismo no genera riqueza, la consume.

El Estado natural del ser humano es la pobreza. La riqueza se logra creándola, produciéndola. La pobreza no se crea, la riqueza sí. Por lo tanto, el único modo correcto de combatir la pobreza es mediante la creación de riqueza.

Los pobres no pueden salir de su pobreza sólo a base de dádivas, subsidios y caridad. Es mejor que todos tengan oportunidad de salir adelante mediante su propio trabajo, que tengan más oportunidades. ¿Cómo lograrlo?

No a través del gobierno. Los subsidios, impuestos directos, precios topes, salarios mínimos y empresas estatales no sólo no crean riqueza sino que causan una enfermiza dependencia de aquellos a quienes se pretende ayudar por parte del Estado condenándolos a una pobreza acomodadiza. Aparte, toda la corrupción que se genera por tener un aparato estatal mayor.

En la medida en que se va creando la riqueza también se va distribuyendo. Las sociedades cuyas personas son más libres para producir e intercambiar que otras tienen un nivel de vida superior y gozan de mayor riqueza material. Quien así se enriquece, a su vez enriquece a los demás. Los resultados serán desiguales, pero esto es de esperarse en una sociedad en la que las personas son diferentes, tienen distintas habilidades y dependen de su propio esfuerzo y oportunidades para mejorar. La única igualdad necesaria en este tipo de sociedades es ante la Ley.

Los países más ricos tienen mayor acumulación de riqueza que los más pobres, ya que han producido, ahorrado e invertido más. Se caracterizan por un Estado de Derecho bien definido con instituciones que defienden como principio básico los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad. Han tenido una mayor división del trabajo y libre intercambio beneficiándose así de las ventajas comparativas de cada miembro de la sociedad.

Tanto el Fraser Institute en Canadá como el Heritage Foundation con The Wall Street Journal en Estados Unidos construyen un índice de la Libertad Económica en la que se aprecia que los países mejor clasificados son los más ricos y los que tienen mayor libertad económica y respeto por los derechos individuales, mientras que los más pobres son aquellos que optaron por el socialismo y el intervencionismo estatal con irrespeto a los derechos individuales.

¿Cómo lograr un mayor nivel de vida y salir del subdesarrollo? Sólo hay una respuesta y no la dan el socialismo ni sus recetas intervencionistas, sino el liberalismo mediante la libertad, defensa de los derechos individuales y la creación de riqueza.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día jueves 27 de mayo 2010.

Suecia versus Suiza

Fue el paradigma de la social democracia.

Federico Bauer Rodríguez

Antes de finalizar el siglo XIX y como una reacción a las inconsistencias del marxismo nació la socialdemocracia. Las premisas de este sistema de organización social eran simples: mantener la propiedad privada de los medios de producción, con el fin de que el mercado asigne los recursos con la mayor eficiencia, y luego por la vía fiscal, expoliar una buena parte de estos recursos con el fin de financiar el Estado benefactor.

Si obviamos del análisis a las pocas reliquias socialistas, jurásicas o del siglo XXI, todas las naciones democráticas pueden ser clasificadas en dos grupos: las naciones que tienden al Estado de Derecho y las que tienden al Estado benefactor, llamadas socialdemocracias. Es difícil poner la barrera divisoria, pero las naciones cuyo Estado supera el 40 por ciento de la economía seguro, son socialdemocracias.

Hasta hace poco, muchos formadores de opinión consideraban que la socialdemocracia era el sistema más “justo” de organización social, pero se cuidaban de advertir lo siguiente: para que una sociedad tenga el más mínimo chance de subsistir como socialdemocracia, primero tiene que tener un estándar de vida muy alto, ya que el crecimiento económico de la misma es muy bajo; segundo, tiene que tener un sistema jurídico de primerísima calidad; tercero, tiene que tener un grado de corrupción mínimo; y por último, tiene que tener un control muy responsable de sus variables monetarias y fiscales. Los mejores ejemplos son los países escandinavos, Luxemburgo y Holanda.

Considerando que Suecia, desde hace décadas fue considerado el paradigma de la socialdemocracia, me permito traerles una comparación con Suiza que tiene una economía más abierta. Veamos:

Ambos países tienen poblaciones similares, y sus economías no dependen de los recursos naturales. El índice de calidad de vida (HDI de la ONU) es el mismo, el Corruption Perception Index es de lo mejor en ambos países (9.2 en Suecia y 9 en Suiza), y las tasas de inflación inferiores al 2 por ciento anual en ambos países; allí termina la similitud, ya que Suecia ocupa el puesto 33 en el Índice de Libertad Económica de Frasier/Cato 2008 con 7.35, mientras Suiza ocupa el puesto 4 con 8.2. El PIB per cápita anual, ajustado a la paridad del poder de compra, fue de US$36 mil 700 en Suecia, mientras que en Suiza, de US$40 mil 600. Datos últimos de la ONU.

Tanto Suecia como Suiza, al igual que Noruega y Finlandia, por tener moneda propia y sin estar obligados, han respetado los parámetros de Maastrich, mientras los miembros de la Eurozona se dedicaban a la embriaguez fiscal, especialmente los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España).

Pero sigamos la comparación así: la tasa de desempleo en Suecia es superior al 9 por ciento, mientras que en Suiza es del 4.1 por ciento, lo cual se explica por la rigidez laboral en el primero, y por sus cargas fiscales superiores a las del segundo país.

Pero, dejemos lo macro y comparemos a dos trabajadores que ganan 50 mil euros anuales en cada país, y vemos que el sueco recibe después de seguro social y de ISR, el 58 por ciento de su sueldo nominal, pero al consumirlo paga el 25 por ciento de IVA, mientras el suizo recibe el 77 por ciento de su sueldo, y al consumirlo paga el 7.6 por ciento de IVA. La parte que cada uno invierta en valores, al obtener una ganancia de capital, tributará así: el sueco 30 por ciento mientras el suizo 0 por ciento.

Esta comparación es un ejemplo típico de cómo una de las mejores socialdemocracias compara desfavorablemente con una de las sociedades más abiertas o capitalistas. Concluyo la próxima semana.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "El Periodico", el día jueves 27 de mayo 2010.

Incompetencia asegurada

En el debate sobre la nueva Ley de Seguros, que supuestamente será aprobada la semana entrante, el nudo gordiano es la competencia. Algunos aseguradores y reguladores locales se empecinan en querer prohibir la competencia extranjera, casi llegándola a igualar con el narcotráfico. Utilizando los mejores argumentos mercantilistas, que algunos creíamos ya superados, quieren evitar la competencia y obligar a los consumidores locales a depender exclusivamente de ellos para sus necesidades de seguros.

Jorge Jacobs A.

El único resultado que estas limitaciones pueden tener, como ya se ha comprobado hasta la saciedad tanto aquí como en casi todas partes, es la incompetencia de los proveedores locales y la insatisfacción de los consumidores.

Algunos me dicen que por qué no nos fijamos en las muchas bondades que tiene la nueva ley, que actualiza legislación, que viene de hace casi medio siglo y que va a “modernizar” el sistema, y no solo en esa pequeña piedra en el zapato de la competencia extranjera. De entrada, no soy muy partidario de la sobrerregulación que ahora está de moda, particularmente en los temas financieros, por lo que no me emociona mucho la nueva regulación, pero sí creo que algunas cosas hay que actualizarlas y que algo se avanza en ese sentido.

Con lo que no estoy de acuerdo es con considerar que el tema de la competencia es apenas un concepto marginal en esta legislación. De hecho, estoy convencido de que es el tema toral de la misma. De nada sirve que se establezcan todos los controles y regulaciones habidas y por haber, con el supuesto propósito de reducir al máximo el riesgo que corren los consumidores, si a la hora de la hora se les veda el acceso a más y mejores servicios.

El argumento subyacente siempre es el mismo: los consumidores son unos pobres tontos e ignorantes que no pueden tener tanta información ni sabiduría como los reguladores, así que, para evitarles que se puedan hacer daño ellos mismos, tomando malas decisiones, los reguladores, en su magnanimidad y casi omnisciencia, decidirán qué es lo que más les conviene a ellos.

Pero aunque este es el argumento blandido por los reguladores y legisladores, ellos, a su vez, aunque las mieles del poder les hacen creer que son casi dioses, son apenas marionetas (o más bien tontos útiles) en las manos de quienes verdaderamente se benefician de la legislación proteccionista: los productores locales.

Porque, no nos engañemos, el proyecto de ley de seguros, actualmente en discusión en el Congrueso, es una ley proteccionista. Y en todas las industrias sujetas a un marco regulatorio proteccionista, quien termina pagando siempre el pato son los consumidores. Lo pagan con precios más caros, con productos y servicios no tan buenos como los que podrían obtener, con menos variedad de productos y servicios para satisfacer sus necesidades, con peor trato de parte de los proveedores del que podrían tener.

Lo peor de todo es que hasta quienes se creen beneficiados con la protección muy pocas veces se percatan de que ellos también sufren las consecuencias, ya que la protección los hace dependientes de los políticos y los vuelve flojos y poco competitivos. No han entendido que el mejor acicate para mejorar es la competencia. El tener constantemente que ganarse el favor de los consumidores es, a la larga, una mucho mejor política que esclavizarlos con la complicidad de los políticos. Pero eso solo lo puede uno comprender con visión de largo plazo, y los mercantilistas rara vez la tienen.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día jueves 27 de mayo 2010.

¿Aliado estratégico?

La atención al tema ambiental cobra relevancia entre personas y sociedades con una posición económica más holgada.

Carroll Ríos de Rodríguez

Es comprensible que el movimiento ambientalista, desde sus orígenes hasta la actualidad, haya buscado en el Gobierno un aliado estratégico. Lucía como el ente social con el poder suficiente para frenar la devastación del progreso. El fundador del Club Sierra, John Muir, escribió: “El grave paganismo de la civilización ha generalmente destruido la naturaleza, y la poesía, y todo lo que es espiritual”. Sus escritos buscan persuadir al individuo, sí, pero Muir y sus sucesores exigen del Gobierno parques nacionales y nuevas leyes.

Efectivamente, el desarrollo, necesario para elevar el nivel de vida de las personas sumidas en la pobreza, contamina. Pero salvo para los radicales, la indigencia y el retroceso económico no es sostenible ni deseable. Además, hemos sido testigos de daños a la naturaleza provocados por comunidades de escasos recursos, así como por gobiernos que controlan los procesos económicos (la Unión Soviética y China comunista no tuvieron un récord limpio).

La preocupación ambiental tiene un costo. La atención al tema ambiental cobra mayor relevancia entre personas y sociedades con una posición económica más holgada. Entonces se invierten recursos en recuperar recursos dañados y evitar la destrucción de otros. En los países desarrollados, el mismo movimiento ambiental cobró relevancia una vez se superaron duras pruebas económicas (por ejemplo, la Gran Depresión y las Guerras Mundiales).

¿Pueden los gobiernos de países en vías de desarrollo asumir costosos estándares de primer mundo? ¿Poseen nuestros gobiernos la capacidad técnica y los fondos necesarios? Pasan leyes, pero ¿son razonables y se hacen cumplir? País pobre, gobierno pobre. Comparando el cuidado del ambiente a cargo del Gobierno con el que asumen organizaciones privadas, vemos un desempeño más eficaz entre el segundo grupo.

Visto objetivamente, el supuesto enemigo número uno del ambientalismo, el diablo encarnado, ha sido en la práctica un aliado estratégico real. Me refiero a la empresa. De hecho, el movimiento ambiental al nivel mundial se ha convertido en un gran negocio. Unos estudios señalan que los grupos ambientalistas se sostienen merced a las contribuciones de grandes corporaciones, de fundaciones privadas y de individuos, tanto como de impuestos (que también originan en el bolsillo de personas productivas). Paralelamente, las empresas muestran una mayor conciencia ambiental con productos orgánicos y los procesos verdes. El concepto de “responsabilidad social empresarial” abarca esta preocupación.

En Guatemala y otros países de la región, son las empresas formales las que cuentan con los recursos suficientes para adoptar procesos más limpios de producción, crear empleos que tengan un menor impacto ambiental que la agricultura de subsistencia, y colaborar en proyectos de rescate al Lago de Atitlán y otras aguas superficiales. Además, pueden financiar costosos esfuerzos de conservación. Vilipendiar a la empresa como lo hacía el Capitán Planeta en nada favorece al medio ambiente.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miércoles 26 de Mayo 2010.

La calidad es lo importante

Se debe reconocer al docente su labor, pero también exigir los mejores docentes y evaluar con base en resultados.

Verónica Spross de Rivera

Al escudriñar los diferentes aspectos que inciden en la calidad de la educación en nuestro país, se hace evidente la importancia de focalizar las acciones en una estrategia que se centre en los resultados y no únicamente en los insumos, como serían la contratación de docentes o la apertura de establecimientos educativos.

En los últimos años ha crecido el presupuesto asignado a Educación; se han contratado docentes; se han comenzado múltiples programas; se generan toneladas de información, pero no se logra aún concretar mejorías sustanciales en los aprendizajes de los alumnos. ¿Por qué? En parte, las estrategias se han enfocado principalmente en la cobertura y no necesariamente en mejorar la calidad educativa. El programa de transferencias condicionadas a las familias en 2009 absorbió 809 millones de quetzales, hizo que mermaran las asignaciones para libros de texto, computadoras y capacitaciones, entre otros rubros que sufrieron reducción.

Los comentarios realizados por un grupo de expertos en un foro de Empresarios por la Educación incluyeron la importancia de la inversión en educación para el desarrollo del país, así como también se resaltó que la educación incide en el mejoramiento de los índices de nutrición y salud. Por otro lado, se destacaron los avances que se han dado en cobertura y se hizo ver la importancia de focalizarnos en acciones que elevan la calidad educativa del país para beneficio de la niñez y la juventud. Se mencionó que la educación es un elemento importante para superar la pobreza.

Se sugirió poner atención a la formación del maestro, para que adquiera las competencias, conocimientos y habilidades para su labor, a la dinámica del salón de clase y al uso de la información de las evaluaciones realizadas anualmente a los estudiantes, que son claves en el proceso de mejora de calidad, pero deben usarse para tomar decisiones. Los centros educativos deben recibir retroalimentación sobre cómo se desempeñan sus alumnos. La información también debe servir para orientar los programas de profesionalización y actualización docente.

Se señaló que debe evitarse la excesiva rotación de personal y mejorar la gobernanza del Ministerio de Educación. Los cambios tan constantes impiden que se construya sobre bases sólidas el conocimiento de cómo se administra el sistema educativo. El sistema de recursos humanos con base en la meritocracia debe mantenerse y fortalecerse. La amenaza de la politización de los puestos pone en riesgo la gestión del sistema.

Finalmente, se resaltó la importancia de que los niños dediquen más tiempo efectivo al aprendizaje. Todas las escuelas deberían estar cumpliendo los 180 días de clase con 5 horas de enseñanza al día. En algunos estudios se ha estimado que se llega a perder en algunos establecimientos hasta un tercio del tiempo efectivo de clases. Se propuso hacer un acuerdo de nación para el mejoramiento de la calidad educativa. Se deben definir metas de calidad que sean verificables y abiertas al escrutinio del público. Los sistemas de estándares y evaluación deben estar al servicio de estas metas de calidad. Se debe reconocer al docente su labor, pero también exigir los mejores docentes posibles y evaluar con base en resultados. El presupuesto nacional debe retomar la educación como una prioridad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miércoles 26 de mayo 2010.

Minería: ¿nueva conflictividad?

Dina, los nuevos “conflictos” también están en la información que se presenta. Y el Gobierno ¿qué dirá de éstos?

Estuardo Zapeta

Dina Fernández publicó ayer lunes en el Periódico un incisivo artículo acerca de una evolución del conflicto armado interno, o “petate de muerto”, como ella le llamó a los casos en los cuales grupos de interés “patean hormigueros” para levantar nuevas conflictividades, porque sólo en esos conflictos esos grupos ganan, pero Guatemala pierde (http://www.dinafernandez.com/).

Botones de muestra: hace unos días se reportaba de un “estudio” de 23 sujetos que se realizó en las vecindades de la Mina Marlin, en San Miguel Ixtahucán, San Marcos, y, según la notas de Prensa Libre, alarmaban acerca de los contenidos de “metales” en la sangre y la orina de los sujetos estudiados separados en “no-trabajadores” (18) y “trabajadores” (5) de la Mina.
Después de leer la noticia, o pieza comentada, en Prensa Libre, uno, como investigador supondría lo “conclusive” del “Estudio” realizado, NO por “la Universidad de Michigan”, como se reportó, sino por una ONG llamada Physicians for Human Rights tomando como base denuncias ante el Arzobispado de Guatemala.

¡Oh sorpresa! el mismo “estudio” señala que “los resultados de este estudio indican que no hay diferencia en las concentraciones de metales en sangre y orina entre los trabajadores de la mina y los no-trabajadores. Los niveles de metales medidos en sangre en este estudio son similares a los documentados en el programa de pruebas de empleados de la mina. En los mineros no hubo asociaciones entre ninguna de las medidas de salud auto-reportadas y los biomarcadores en sangre u orina. De hecho, los trabajadores de la mina tienden a reportar que están en mejor salud general que otros grupos ocupacionales y usualmente respondían ´No´ cuando se les preguntaba sobre problemas de audición, visión, salud digestiva, respiratoria, neurológica, renal y dermal. Esto pudiese estar relacionado con el llamado “efecto del trabajador saludable” que establece que individuos empleados tienden a estar en mejor condición de salud que aquellos no empleados” (p. 15, Conclusiones).

Una ONG sería, “co-recipiente” del Premio Nobel en 1997, reporta lo siguiente: “En el estudio humano, no hubo diferencias en exposición a metales tóxicos al comparar muestras de 5 trabajadores de la mina con aquellas de 18 personas que no trabajaban en la mina. Así mismo, no hubo relaciones discernibles entre exposiciones a metales y medidas de salud reportadas por individuos en ninguno de los grupos de estudio”.

Esta gran conclusión, curiosamente, no fue reportada por Prensa Libre, ni será presentada por ningún “ambientalista”, aunque aparezca como lo más relevante e importante del “Estudio.” ¿Y el Arzobispado comunicará estos hallazgos?

Concerniente a la salud, dice PHR: “Durante nuestro estudio de campo, el cual incluyó visitas a dos escuelas mientras los niños estaban asistiendo a clases en los pueblos de San José Ixcaniche, y Chininguitz, no fue obvio que erupciones en la piel y la pérdida de cabello fueran prevalentes”.

Y sigue en otra parte el Estudio: “Ninguno de los participantes indicó pérdida de cabello como una preocupación. . . Debe ser enfatizado que este estudio utilizó métodos generales (cuestionario/encuesta) para evaluar la salud humana, y aunque el equipo de trabajo consistió de profesionales con experiencia médica, ningún examen clínico o interpretaciones diagnósticas fueron realizados.”

Dina, los nuevos “conflictos” también están en la información que se presenta. Y el Gobierno ¿qué dirá de estos “neo-conflictos”?

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día martes 25 de mayo 2010.

Los precios sirven de algo

José Raúl González Merlo

Otorgar un subsidio de más de cien millones de quetzales, frente al aumento al precio de la energía eléctrica, es un grave error. A nadie le gusta pagar más por la electricidad, especialmente a aquellos de menor poder adquisitivo; pero mantener los precios artificialmente bajos es un desperdicio de fondos y un remedio peor que la enfermedad.

Los precios cumplen una importante función social. Frente a un mundo de bienes y servicios escasos, nos ayudan a hacer un uso racional de los mismos. Igualmente importante, les permite a los productores de esos bienes y servicios coordinar su producción. Si el Gobierno abarata artificialmente el precio de la electricidad, los usuarios continuarán consumiendo energía normalmente como si nada hubiese pasado. Es un error. La energía se ha vuelto más escasa y más cara de producir. Debemos consumir menos. Un aumento en su precio, por incómodo que sea, es la mejor forma para que cada consumidor adapte su consumo de acuerdo a sus posibilidades. Además, es la mejor forma de garantizar más competencia en el futuro.

Algunos equivocadamente creen que, por ser un producto de “primera necesidad”, la gente no puede disminuir su consumo de electricidad. Es otro error. Si algo nos dejó de lección el aumento en los precios del petróleo del año 2007-2008, es que los consumidores encuentran formas de ahorrar de acuerdo a sus circunstancias. Las estadísticas demostraron que frente a ese aumento en el precio de las gasolinas, se produjo una reducción de su consumo del 10 por ciento. El Gobierno se resistió a cometer el error de subsidiar o ponerle precios tope a la gasolina y ello facilitó que los ajustes fueran menos dolorosos y más eficientes para la economía en general.

Por otra parte, el procurador de los Derechos Humanos sigue robándose el show político interponiendo recursos legales para argumentar que el consumo de energía eléctrica es un “derecho humano”. Frente a esa equivocada forma de pensar, él también tiene la obligación moral de contribuir a que la energía sea “abundante y barata” y no simplemente interponer recursos legales notoriamente frívolos e improcedentes.

El ministro de Finanzas aún no sabe de dónde saldrán los Q116 millones ofrecidos por el presiente para el pago del subsidio. Luego de escuchar por años que al Gobierno no le alcanzan los fondos, es increíble que se pueda “encontrar” esa cantidad de dinero de la noche a la mañana. Seguir otorgando subsidios no solo tiene un alto costo de oportunidad, sino que provoca una falsa sensación de bienestar. Si bien es cierto tiene un alto valor político, en el mediano y largo plazo, la factura será peor al no racionalizar el consumo de un bien tan importante como la energía eléctrica.

Artículo publicado en el periodico guatemalateco "Prensa Libre"el día martes 25 de mayo 2010.

Playmates

Ve a tu alrededor, estudia la historia y conocerás los logros de la mente humana.

Marta Yolanda Díaz-Durán

El domingo 16 de mayo leí la controversial e irreverente entrevista que le hizo Paola Hurtado a Karla Baso, la primera centroamericana que ocupó las páginas centrales de la célebre revista Playboy en su edición para América Latina. Por cierto, la conejita latinoamericana del mes de marzo pasado es guatemalteca y se siente, como debe ser, orgullosa de haber alcanzado una de sus metas.

A mí en lo particular, comparta o no sus fines, me alegra saber de gente que los logra con base en su esfuerzo y no inspirando lástima o pretendiendo que otros paguen los costos que impliquen hacer realidad un sueño. Bien dice el refrán: Quien quiere celeste, que le cueste. Si nuestros objetivos en la vida son distintos a los de nuestra compatriota, una vez el medio que elija para alcanzarlos no violenten los derecho de otros, no somos nadie para criticarla y tirar la primera piedra. Y el anterior principio es aplicable a todo ser humano.

Es probable que a usted le cueste creer que en el año de 1964, una “angry young woman of 58”, como llamó el periodista Alvin Toffler a Ayn Rand, ocupó no el póster central de la citada publicación pero sí 15 páginas de la misma. Una entrevista titulada: “A candid conversation with the fountainhead of objetivism”. Sin duda Rand, además de ser una intelectual coherente, fue alguien que se atrevió a cuestionar el statu quo de su época. Aún hoy, ¿cuántos se atreverían a hacer lo que hizo esta visionaria mujer?

Les recomiendo que lean la entrevista completa que la pueden encontrar en Internet. Aprovecho para compartir con ustedes el esperanzador final de la misma:

“PLAYBOY: You are sharply critical of the world as you see it today, and your books offer radical proposals for changing not merely the shape of society, but the very way in which most men work, think and love. Are you optimistic about man’s future?”

“RAND: Yes, I am optimistic. Collectivism, as an intellectual power and a moral ideal, is dead. But freedom and individualism, and their political expression, capitalism, have not yet been discovered. I think men will have time to discover them. It is significant that the dying collectivist philosophy of today has produced nothing but a cult of depravity, impotence and despair. Look at modern art and literature with their image of man as a helpless, mindless creature doomed to failure, frustration and destruction. This may be the collectivists’ psychological confession, but it is not an image of man. If it were, we would never have risen from the cave. But we did. Look around you and look at history. You will see the achievements of man’s mind. You will see man’s unlimited potentiality for greatness, and the faculty that makes it possible. You will see that man is not a helpless monster by nature, but he becomes one when he discards that faculty: his mind. And if you ask me, what is greatness? I will answer, it is the capacity to live by the three fundamental values of John Galt: reason, purpose and selfesteem.”

Ansina es.

Artículo publicado en el periodico guatemalteco "Siglo XXI" el día lunes 24 de mayo 2010.

El usuario, el protagonista en toda ley de concesiones

Sobre la ley acerca de alianzas público-privadas que se debate en el Congreso quisiera añadir unas consideraciones más.

Armando de la Torre

¿Quién habrá de ser el beneficiado principal en cuanto bien jurídico a proteger? Evidentemente los usuarios de los servicios, no quienes se los prestan, mucho menos quienes los legislan o regulan. Por ejemplo, nuestra Constitución ha prohibido explícitamente los monopolios porque se presume que pueden dañar los intereses de los consumidores, ya sea por los precios demasiado altos que arbitrariamente puedan fijar, ya sea por la pobre calidad de los servicios o también por lo restringido de su cobertura. Empero, en Guatemala todavía muchos se agazapan bajo leyes y regulaciones casuísticas y corruptas que terminan por desalentar, o hasta frustrar del todo, la competencia entre libres oferentes, nacionales o extranjeros. Esto se transparenta en la agitación por estos días para impedir la venta de pólizas de seguros de compañías foráneas.

Milton Friedman afirmó que la mejor protección del consumidor está en la competencia entre los oferentes bajo reglas iguales para todos, y concuerdo con él. Pero no basta; también se necesita de cierto marco regulatorio donde los derechos y obligaciones de todos los involucrados queden claramente explicitados.

Una analogía: cuando se dieron las privatizaciones de la década de los 90, en algunos países (Argentina, México, Perú…) lo que se privatizó fueron monopolios estatales inservibles que por ley pasaron a ser entonces monopolios privados. Guatemala, en cambio, en ese tiempo se constituyó para muchos Estados en paradigma a seguir, al reemplazar el monopolio estatal de las telecomunicaciones (Guatel) con la actual competencia abierta entre proveedores privados, que ha llevado en pocos años a un crecimiento exponencial del número de unidades fijas y móviles que hoy superan percápita aun el número total de nuestros habitantes.

TACA, por otra parte, al absorber a Aviateca (en la que el Estado retenía un porcentaje minoritario de acciones), pudo, en cuanto socio del Gobierno, desalentar la competencia extranjera, y aun la nacional, en algunas de sus rutas.

Lo importante es, pues, que dispongamos de un marco regulatorio respetuoso de los derechos de propiedad de todos, previo a la apertura de cualquier servicio a la competencia del mercado en la que los derechos de los usuarios estén mínimamente garantizados. Esto implica la mayor autonomía posible del ente regulador de influencias políticas o de grupos de presión privados.

Por lo que se establece en esta ley 16-2010, que promueven los ministerios de Economía, Finanzas, Comunicaciones y Obras Públicas, Energía y Minas, y las secretarías Segeplán y Conacom, el ente deviene al final en un organismo estatal promotor, y no en uno autónomo, de verdad “regulador” de los derechos de los usuarios privados. De momento, tal cual ha sido redactada, los dos representantes del sector productivo organizado, esto es, el del Cacify el de la Cámara de la Construcción, están condenados a permanecer en minoría en la junta directiva, como por desgracia también sucede en la Junta Monetaria.

La ley de “Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura” sí menciona “derechos” de los consumidores en abstracto, pero no los especifica.

Un contrato de concesión se firma entre dos entidades, la autoridad contratante y el concesionario. A la primera corresponde legalmente velar por los derechos e intereses de los usuarios, que habrían de estar claramente enumerados, tales como el del acceso universal a la información, a la equidad en el trato, al de la sostenibilidad del servicio, a que se le rindan cuentas transparentes, y, muy importante, a que se les acepte la presentación de sugerencias, quejas y reclamos.

Al fin y al cabo constituyen el soberano que en cuanto tal delega sus funciones a ese ente.

(Continuará)

¿Desarrollo Rural? ¿Integral?

Surge este tema que menos parece de “desarrollo”, y más de posiciones políticas que se adelantan a la campaña 2011.

Estuardo Zapeta

Surge, otra vez, este politizado tema que menos parece de “desarrollo”, y más de posiciones políticas que se adelantan a la campaña 2011. Participo en estas discusiones de la Iniciativa 4084 titulada Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, en las “mesas” que han sido establecidas por el honorable Congreso de la República, y en las cuales este tema —Desarrollo Rural Integral— parece ser el que más participantes ha convocado. La mesa está siendo moderada por el diputado Mariano Rayo, y fue inaugurada el lunes 17 de mayo por el presidente del Congreso, Roberto Alejos.

“Nada nuevo bajo el sol”, diría el escritor de Eclesiastés.

Esta iniciativa ya tiene, según el “análisis de la comisión”, dictamen favorable.

Dice la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que “después del estudio y análisis del contenido de la iniciativa de Ley, la comisión . . . considera que es una propuesta con apego al espíritu y objetivos de los Acuerdos de Paz, compromisos internacionales, y de amplio consenso nacional construida a partir del Diálogo Nacional entre distintas organizaciones e instituciones que intervienen en el desarrollo rural, con la finalidad de enfrentar la exclusión social y la falta de equidad frente a las dinámicas económicas rurales”.

Y sigue el “análisis” (?) de la comisión explicando el porqué del dictamen favorable, para luego concluir con el clásico “ . . . por las razones expuestas la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca emite DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa registrada con el número 4084 . . . el día treinta de septiembre del año dos mil nueve”.

Inicio con este artículo una serie acerca de este tema, ya que considero que el mismo dictamen de la comisión ha partido de una premisa falsa: “el consenso.”

Pregunto, a cuál “consenso” se refiere el “análisis” de la comisión, porque hasta donde he sido informado, uno de los objetivos de la “Mesa de Desarrollo Rural Integral” es precisamente alcanzar la discusión abierta y democrática que lleve a un “consenso”, según explicó el mismo presidente del Legislativo.

Me preocupa que la comisión alcance “consensos” con algunos partidistas políticos, quienes haciéndose pasar por “representantes” de las ONG y similares, logren presión política para aprobar una iniciativa (que todavía no es Ley, y que está muy lejos de serlo) que no ha sido ni siquiera socializada.

No entro aquí a las punzocortantes aristas de la Ley, ni a las obvias inconstitucionalidades, ni al hecho que es una repetición que “colisiona” con leyes existentes, como la de Desarrollo Urbano y Rural, o que hace de lado a los alcaldes y el Código Municipal, o que sus 10 políticas no dicen nada nuevo, sino que son una simple y vil repartición de la pobreza, no de desarrollo, o, peor aún, que para que funcione esas ideas de la iniciativa 4084, se deberá crear un nuevo ministerio, sí, así como lo escucha, un nuevo Ministerio de Desarrollo Rural Integral, y podría seguir, pero tomaré punto por punto de esta iniciativa para exponerlo y verlo desde otro ángulo, y mostrarlo a la luz pública.

Por último, creo que la Mesa Directiva deberá dejar claro que cualquier grupo que presione esta iniciativa con “medidas de hecho”, como hemos visto recientemente, podría perder su derecho a participación, porque un derecho no se conquista violentando los derechos de otros ciudadanos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día viernes 21 de mayo del 2010.

¡Denunciar la corrupción!

Ramón Parellada

En la medida en que se fortalezcan y recobren su credibilidad las instituciones... le ganaremos la batalla a la corrupción.

En la carretera que va de la frontera con Guatemala a la ciudad de San Salvador, un conocido se tuvo que detener porque un par de policías que le hicieron el “alto”. Le pidieron sus documentos los que presentó con todo en orden. Le dijeron que iba demasiado rápido y que le pondrían una multa. Uno de los policías se dirigió a la parte trasera del automóvil comenzó a escribir en un talonario.

Mientras esto ocurría el otro policía se le acercó indicándole que le decomisarían los documentos. Ante esta presión mi conocido les dijo que le dieran la remisión para ir a pagarla. Preguntó si se la podía pagar a ellos y obviamente la respuesta fue positiva. A cambio de esto el policía le dijo que le devolvería los documentos. Le ofrecieron darle un “ticket” (recibo) impreso. Sorprendido mi conocido creyó que era algo moderno y le pareció conveniente. Nunca negó que no hubiera ido a exceso de velocidad pero no le parecía que le retuvieran los documentos. El valor de la multa sonaba creíble ya que no era una cifra exacta sino que tenía hasta centavos.

A la hora de pagar los policías le dijeron que el dinero lo enrollara y lo pasara debajo de la tablilla donde apuntan. Ya no había duda, estaba siendo extorsionado. O pagaba o no le devolvían los documentos. Pagó y todavía le dieron vuelto. Después de pagar pidió el recibo pero los policías se negaron y le dijeron que se fuera. No tranquilo, tomó nota de las placas de la motocicleta en que andaban y se fue a buscar alguna estación de Policía donde pudiera poner la denuncia.

Más adelante encontró un reten con policías y militares. Denunció el hecho y capturaron a los dos agentes corruptos. Llevaban más de $800 recaudados en “mordidas” en una hora. Resultó que estos dos oficiales estaban fuera de su jurisdicción. Los apresaron y los van a juzgar penalmente gracias a la denuncia. Mi conocido perdió dinero, tiempo y recibió una amenaza de muerte. También fue felicitado por los comisarios que agradecieron el acto de denunciar a los malos policías y que es esto lo que necesitan para poder limpiar la institución de los malos agentes.

¿Hubiera Ud. actuado de la misma forma? ¿Hubiera denunciado a los dos policías “mordelones”? Estoy seguro que la mayoría no haría lo mismo que este conocido al que considero un ejemplo de lo que hay que hacer. Son preguntas duras para quienes exigimos justicia y más seguridad pero que a la hora de un problema callamos para no meternos en problemas, para no ser amenazados o hasta para no perder tiempo.

Este conocido nos da una lección con su ejemplo. Es un héroe entre nosotros. Nos devuelve el optimismo y esperanza para decirle “basta ya” a la corrupción. En este caso fue con la policía del vecino país pero, ¿cuántos actos de corrupción no ocurren en otras instituciones del gobierno? Y ¿qué hacemos? La respuesta es no solo no dar “mordida” sino dar un paso más que es el denunciarla aunque hay que saber cómo ya que la ley condena por igual al que da la mordida como al que la recibe.

En la medida en que se fortalezcan y recobren su credibilidad las instituciones como las de administración de la justicia y las de Seguridad que garanticen los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad y disminuya el tamaño e injerencia del gobierno, en esa medida denunciaremos y le ganaremos la batalla a la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día jueves 20 de mayo 2010.

La Acrópolis se cae

Federico Bauer Rodríguez

En mi última columna traté de contrastar al grupo de las diez naciones con mejor Human Development Index (HDI) de la ONU –en su mayoría representando al sistema socialdemócrata– y el grupo de las diez naciones más libres según Frasier y Cato Institutes. Ambos grupos tienen cuatro naciones en común, Canadá, Irlanda, Australia y Suiza, representando tres continentes, y que algunos consideramos una mezcla de libertad económica con “justicia social”.

Con las estadísticas que incluí podemos concluir que la calidad de vida de una nación no está correlacionada con las cargas fiscales de la misma, sino por la calidad de sus instituciones; es importante observar que las socialdemocracias que funcionan, tienen sistemas judiciales y protección a los derechos de propiedad, más eficaces que incluso los de algunos países más libres.

Hoy traigo a su consideración dos factores más, que son sine qua non para el desarrollo de una sociedad, sin importar si es socialdemocracia o sociedad liberal: el Corruption Perception Index (CPI) de Transparency International, que califica el grado de corrupción de los países, es también común a los países de los 2 grupos campeones mencionados en la columna anterior. Veamos a los mejores en orden descendente: Nueva Zelanda (calificación 9.4), Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Finlandia, Holanda, Australia, Canadá, Islandia, Noruega, Hong Kong, Luxemburgo y Alemania (calificación 8). No es simple coincidencia que la mayoría de esta lista sea común a las 2 listas de mi columna anterior.En nuestro terruño, sólo para poner algunos ejemplos que nos harán llorar: C.R. (5.3), Chile (6.7), Guatemala (3.4), Cuba (4.4), Argentina (2.9), y Venezuela (1.9).

El otro factor que es imprescindible manejar con responsabilidad en cualquier sistema social, es el tema macroeconómico (fiscal y monetario), ya que el tema fiscal fuera de control inevitablemente tiene consecuencias negativas, como recesiones y desempleo. Por su lado, el tema monetario, en el corto plazo, puede estimular la economía creando booms artificiales, que luego se transforman en burbujas especulativas, y terminan convirtiéndose en recesiones o depresiones, como la que estamos viviendo a nivel global.En la Unión Europea, hace un poco más de una década, la mayoría de sus miembros decidieron adoptar una moneda única, y se comprometieron en Maastrich a respetar 2 parámetros macroeconómicos: déficit fiscal inferior al 3 por ciento del PIB y deuda pública total inferior al 60 por ciento del PIB.

Actualmente, ningún país de la zona del Euro está respetando dichos parámetros, por lo que sus irresponsabilidades fiscales ya están teniendo consecuencias muy graves.Gracias a que los políticos griegos ofrecieron a sus votantes que pronto iban a poder vivir como alemanes o franceses, aún sin tener la capacidad productoras de estos, ahora les llegó el momento de la verdad, y sus cómplices en la travesura, tendrán que rescatarlos o perder sus multimillonarias inversiones en este país tercermundista, que creyó que compartiendo la moneda con los más ricos iba a poder vivir como ellos.

Cuando le quitamos la retórica al discurso socialdemócrata, nos tenemos que enfrentar con la realidad, y con la simple aritmética: lo que se reparte no puede ser superior a lo que se produce, y lo que se produce está directamente correlacionado con los incentivos económicos, e inversamente correlacionado con las cargas fiscales, esto es una verdad apodíctica. Sigo en la próxima.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "El Periódico", el día jueves 20 de mayo de 2010.

La segunda caída

Jorge Jacobs A.

La supuesta maldición china —aunque a mi me parece más una bendición— “ojalá vivas en tiempos interesantes” no podía ser más atingente con la época que nos ha tocado vivir: estamos presenciando el inicio de la segunda caída del socialismo, en un lapso apenas mayor de 20 años, ahora en su versión de “estado benefactor”, “estado de bienestar”, “welfare state”, “social democracia” o como mejor deseen llamarlo.

La actual crisis europea es apenas el primer paso en ese proceso de desmoronamiento del sistema. El problema es que el gasto de los gobiernos de muchos países europeos ha excedido a sus ingresos durante ya mucho tiempo, lo que los ha llevado a endeudarse a niveles astronómicos. Y la causa detrás de ese gasto es, precisamente, esa utopía de querer que el gobierno le “resuelva” la vida a las personas; que les de salud, educación, vivienda, transporte y servicios básicos gratuitos o subsidiados y que adicionalmente les pague por no trabajar.
Lo que nunca les gusta reconocer es que “alguien” tiene que trabajar, crear, producir la riqueza que luego ellos se encargan, muy ineficientemente por cierto, de “redistribuir”. Y ese “alguien” son los tributarios, que cada vez se ven más abrumados con la carga impositiva que deben sufragar para pagar todos esos servicios supuestamente gratuitos.

Pero ni la pesada carga fiscal que le imponen a la fuerza a los tributarios es suficiente para pagar la utopía. Ningún ingreso fiscal es suficiente para los políticos que siempre encontrarán una forma de despilfarrar el dinero de otros, en el mejor de los casos, y de robárselo, en el peor. La mayoría de gobiernos europeos ha vivido por lo menos la última década, y en algunos casos, varias, mucho más allá de sus ingresos, lo que los ha llevado en algunos casos a tener déficits fiscales de más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por supuesto que los políticos y burócratas siempre lo van a negar y van a echarle la culpa de sus desmanes a alguien más. Por ejemplo, este mismo lunes, Prensa Libre publicó una nota en la que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se lamentaba de que Europa está en su peor crisis desde 1914. Dice Trichet que la crisis empezó con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y hasta llegó al extremo de sostener que “los mercados ya no funcionan”. Puras mentiras.

La crisis viene de mucho atrás. Para no ir más lejos, el tratado constitutivo del euro establecía que los países no deberían tener déficits fiscales mayores al 3 por ciento de su PIB, y resulta que en la década que lleva el euro, el promedio del déficit fiscal de todos los países que forman la zona euro ha sido del 6 por ciento. Algunos gobernantes, como los griegos, han llegado incluso al grado de utilizar mecanismos financieros para ocultar esos déficits.
Para lo que ya no funcionan los mercados es precisamente para ocultar los desmanes de los gobernantes y los burócratas. Lo que sí probablemente es cierto es que de no haberse dado la crisis financiera, que tampoco empezó con la caída de Lehman Brothers, el sistema de welfare state podría haber continuado ocultando sus pecados por algunos años más. Esta crisis lo único que hizo es evidenciar que el rey se paseaba desnudo.

¿Y el “Socialismo del siglo XXI”? Ese también ya está echando agua, y muy pronto veremos la tercera caída del socialismo. ¿Serán suficientes? No lo creo, porque siempre habrá quienes quieren vivir a expensas de los demás, pero espero que algo aprendamos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Prensa Libre”, el jueves 20 de mayo de 2010.

Acuerdo comercial con Europa

Es importante solicitar, eso sí, el respeto a nuestra cultura y valores, pues ello no debería ser motivo de distanciamiento.

Verónica Spross de Rivera

La firma de un acuerdo de asociación entre Europa y seis países de América Central resulta una noticia importante para nuestro futuro. Por un lado, es positivo que se amplíen las posibilidades para los centroamericanos de comerciar con los países europeos. El principal motor del desarrollo real es el comercio. Todas las naciones que más han progresado en los últimos cien años han permitido que el comercio florezca.

Aunque se considere que la firma de un acuerdo comercial es un avance, debido a que se establecen parámetros o reglas que dan certeza al proceso de planificación y trabajo del sector productivo, tanto europeo como centroamericano, resulta un tanto preocupante que se hayan hecho excepciones al libre comercio. Mientras menos tiempo nos tomemos en incorporar la totalidad de productos al acuerdo, mejor será el resultado. De especial interés resulta que se incorpore al acuerdo la totalidad de la oferta de productos centroamericanos sin barreras arancelarias o no arancelarias. Por ejemplo, la apertura a productos de origen agroindustrial o industrial de Centroamérica, como los bananos, los textiles, la carne y el azúcar contribuirán a que se desarrollen las regiones de mayor necesidad, al generar empleos que resultan urgentes en el combate a la pobreza.

Es de reconocer la buena voluntad para llegar a un acuerdo comercial que pueda ser firmado en la 6a. Cumbre Unión Europea-América Latina, especialmente que se haya logrado la participación final de todos los países de la región centroamericana, ya que tras haber sufrido diversos retrasos por distintos acontecimientos que se dieron. Por parte de Europa se ha conocido que hubo cierta flexibilidad al final de la negociación, elemento que debió darse desde el inicio y no solamente al final, cuando ya era inminente la firma del acuerdo final.

Es inconcebible que ciertos países europeos aún piensen que deben proteger a sus productores, de lácteos por ejemplo, o que deben mantener los subsidios a sus productores, cuando podrían obtener productos más baratos y de buena calidad, producidos en Centroamérica, que a su vez, al tener la posibilidad de ser introducidos al mercado europeo generarían trabajos, oportunidades y desarrollo en el istmo centroamericano.

La Cumbre que incorpora a 60 países, 33 de América Latina y 27 de la Unión Europea, resulta histórica, pues permite hablar de los temas importantes en un foro con amplia representación. Atrás deberán quedar los señalamientos mutuos y apoyar las iniciativas que generen riqueza y desarrollo para todos. Es importante solicitar, eso sí, el respeto a nuestra cultura y valores, pues ello no debería ser motivo de distanciamiento.

En 10 años tendremos libre comercio y aunque quisiéramos que fuera más rápido, no podemos sino alegrarnos de la intención de aumentar los intercambios voluntarios que enriquecen a las partes que se involucran. Si el acuerdo ayudará a que intercambiemos más bienes y servicios, bienvenido sea. Ahora bien, hay mucho trabajo por hacer para implementarlo y continuar dialogando en la incorporación de los productos pendientes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo XXI”, el miércoles 19 de mayo de 2010.

Males estructurales

ProReforma propone un proyecto integral, coherente, de principios generales, que no vulnera las garantías personales básicas.

Carroll Ríos de Rodríguez

En la entrevista concedida a Siglo Veintiuno el lunes pasado, el Jefe de la CICIG, Carlos Castresana, señaló con acierto: “Uno de los grandes males de Guatemala es cómo está politizada la CSJ, pues parece un consejo de administración, pero sin socio mayoritario, porque este es el magistrado que propuso el Cacif, este es el que propuso la UNE; entonces, esa es una mezcla de despacho de abogados, de partidos y de grupos de presión que hacen una corte que no sirve a los intereses generales”. En el fondo, es el mismo mal que aqueja las comisiones de postulación y a otras entidades gubernamentales.

Se estructura el quehacer público de forma “corporativista”, fenómeno que también podría merecer las etiquetas (no idénticas) de clienteilismo o búsqueda de rentas. Los grupos sociales políticamente organizados impactan sobre las decisiones públicas, en virtud de su capacidad de organizarse. Compiten unos con otros por hacer valer, en el mejor de los casos, los intereses de los representados y, en el peor de los casos, los intereses de sus líderes, muchas veces autodesignados como tales. Compiten ferozmente: gana quien más duro toque la puerta de quienes ostentan el poder de distribuir favores y concesiones. Y esto porque en la arena política la ganancia de uno es la pérdida de otro. Más veces de las que quisiéramos, los grupos somatan la puerta con desestabilizadores chantajes y medidas de hecho, porque saben que así sí los escuchan. Ni siquiera tocan pito los ciudadanos no organizados; carecen de voz. Aunque fueran mayoría, en un sistema corporativista “quien no llora no mama”.

Castresana quiere que la corte sirva los intereses generales. Parece irónico, por tanto, que haga un llamado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Existe el peligro de que ésta se politice, dada la forma prevista para convocar y elegir a sus integrantes? ¿Intentarán los distintos grupos de interés “adueñarse” de uno o más constituyentes para insertar enmiendas que sirvan sus intereses particulares? ¿Cómo resguardaríamos a los constituyentes del merengue político, si no hemos podido hacerlo en el pasado, ni en otras instancias parecidas?
Tanto el diagnóstico como la ruta propuesta por el Dr. Castresana fueron discutidas a fondo por quienes integramos la Asociación ProReforma. Entre las enmiendas propuestas para el Organismo Judicial encontrará muchas ideas que el jefe de la CICIG hoy promueve para dar mayor independencia y efectividad al sistema de justicia. En cuanto al proceso para reformar la Constitución, recordemos que no es necesario abrir la caja de Pandora.

ProReforma propone un proyecto integral, coherente, de principios generales, que no vulnera las garantías personales básicas. Es un proyecto que ya fue socializado entre miles de guatemaltecos, quienes incluso lo calzan con su firma. Y, además, el proyecto se encaminó por un camino contemplado por la misma Constitución, perfectamente legal, y decididamente no corporativista. ¿Podría ser este el instrumento para sanar los males estructurales, Dr. Castresana?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo XXI”, el miercoles 19 de mayo de 2010.

¿Y la “honorabilidad” de la CICIG?

Estuardo Zapeta

La culpa la tenemos los guatemaltecos por quedarnos callados, por ser serviles, malinchistas y macehuales.

Palabreja esa que ronda estos días por los corrillos del poder: “honorabilidad.” ¿Mmmmhhh? ¿de quién? Es mi primer acercamiento a esta petición un tanto vaga de lo que no se puede definir, pero que en teoría la “suciedad civil” pide a gritos en la selección del Fiscal General de la Nación.

Y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha lanzado también el grito en la misma línea de pedir “honorabilidad” de los candidatos, de los postuladores, en fin, de todos los involucrados en el proceso.

¿Honorabilidad? Dice la “rial” academia que eso significa: “Cualidad de la persona honorable”. O sea, me quedo igual. Pero “honorable”, según la misma “rial”, significa “Digno de ser honrado o acatado”. Y esa es la definición que más me interesa, porque creo que es a esa a la que se refiere la tal CICIG.

Mi primer pregunta es si la tal CICIG es “digna se ser honrada y acatada,” y casi por inercia la respuesta es un rotundo “NO”. Este adefesio no merece ni su pendeja existencia, menos ser “honrada y acatada”.

¿Y los de la “suciedad civil”? Esos menos merecen “ser honrados”, y menos “acatados”. Esa gentuza vividora de la “suciedad civil” no pasa más allá de ser políticos frustrados que entre los mismos partidos políticos no servirían ni para agitar banderas o hacer “sanguches”, pero, oh casualidad, en la “suciedad civil” sí se sienten ellas y ellos todopoderosos.

Hijos de vecino que, igual que la basura esa de la Cicig, son dos males con los que debemos cargar los ciudadanos honrados. Ni la CICIG, ni la “suciedad civil” pueden pedir algo que ellos mismos no pueden dar, y cuestionarlos precisamente en ese punto —el de la “honorabilidad”— es una tarea ineludible para todo ciudadano que no sea presa del terror que esos entes infunden en la sociedad.

Pero pedir “honorabilidad” por esos entes es como que las personas que trabajan en “la línea” pidieran y exigieran la “virginidad” de su próximo vecino o vecina. (De veras, las personas de “la línea” son más “honorables” que la CICIG y que la “suciedad civil,” porque al menos en ese lugar las personas reconocen lo que son y no tienen problemas con serlo, y no fingen “virginidades ni honorabilidades” falsas, mientras que en la “suciedad civil” todo es una falsedad, hipocresía, conveniencias y “muchos dineros”, y no digamos en la CICIG).
Pero la hipocresía más grande es la misma CICIG, la cual se ha hecho un colocho en demandar procesos transparentes, pero ella misma no está sujeta a procesos de “fiscalización” frente al pueblo de Guatemala, es “todopoderosa”, y se siente la tatascana de “mayalandia”, a tal punto que no sólo quiere ponernos al Fiscal General, y también quiere ahora cambiarnos la Constitución. Ese es el colmo.

Pero la culpa la tenemos nosotros los guatemaltecos por quedarnos callados, por ser serviles, malinchistas y macehuales plegados ante un ente “de ocupación” como lo es la CICIG.
De dudosa honorabilidad, entonces, tanto “suciedad civil” como CICIG, son los menos indicados para pedir lo que ellos mismos no pueden mostrar. Y no estoy hablando de “virginidades”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo XXI”, el martes 18 de mayo de 2010.

Honorabili... ¿qué?

Pedro Trujillo:

El pasado proceso de elección de magistrados de la CSJ se empantanó por lo mismo que ahora se atasca la designación del fiscal general: la honorabilidad de los candidatos. Aunque hay una sentencia reciente de la CC que contiene algunos lineamientos para delimitar el concepto de honorabilidad, este no deja de ser una percepción, una sensación, y por tanto subjetivo y propio de cada persona.

Ello implica que cada quien tiene su particular criterio, independiente y no necesariamente coincidente con el de otro. Hay valores universales asociados al derecho natural que nos hacen rechazar por igual el asesinato, el robo, la violación, etcétera, pero también hay otros relacionados con la religión, la cultura o las experiencias propias que nos hacen percibir de distinta forma situaciones personales y sociales: el divorcio, la forma de vestir, etcétera. La mayoría de las constituciones occidentales han evitado incluir el tema del honor, los tribunales de honor —España los prohíbe— o la honorabilidad sustituyéndolo por el profesionalismo y los méritos, con alguna discusión sobre el prestigio del candidato, pero enmarcada en el proceso selectivo y no ordenada por la Carta Magna.

Guatemala sí lo hace, lo que da pie a conflictos permanentes, porque cada grupo cree tener la razón. Primero, están los de la llamada “sociedad civil”, que protestan y vociferan sin que nadie haya constatado cuál honorabilidad y qué criterio tienen muchos de los que la exigen a gritos. Segundo, los decanos de ciertas universidades que no han enfrentado necesariamente un proceso en el que hayan tenido que demostrar la suya para ocupar esos puestos que les permiten elegir a gente “honorable”. Tercero, el presidente de la Comisión de Postulación y de la CSJ, quien al poco de tomar posesión del cargo se fue de vacaciones a Brasil con su secretaria y tuvo que devolver fondos públicos. Ahora, sorprendentemente, se pronuncia sobre quienes son “los honorables”. Cuarto, la Cicig, integrada por funcionarios internacionales que la reclaman y la cuestionan cuando esa cualidad no figura en las constituciones de España, Argentina, Chile, Colombia, Perú o Costa Rica —por ejemplo—, origen de muchos de los que se afanan en promoverla sin haber tenido la experiencia previa de exigirla o debatido en torno a la misma. La guinda la pone el presidente, quien debe de elegir al “más honorable” de los propuestos cuando la Constitución no le exige a él esa cualidad para llegar al poder, lo que posibilitó que llegase a la presidencia —ahora encarcelado— un confeso de asesinato que elegía a fiscales “honorables”.

Podríamos continuar con las barbaridades, pero detengámonos. Mejor prestemos atención a las cualidades profesionales y a aspectos objetivos: no haber sido condenado o procesado por delitos de alto impacto, ausencia de antecedentes penales y otros. O bien: tiempo de ejercicio profesional, libros publicados, cargos desempeñados, etcétera; es decir, elementos que no puedan ser cuestionados de esa manera tan ingenua e interesada por actores que no están “honorablemente certificados” y que tienen su propio candidato.

Los clásicos españoles del Siglo de Oro resolvieron esto del honor: El honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios, dijo Calderón por boca de un político: El alcalde de Zalamea. Siglos después seguimos con el estigma de la conquista sin haber avanzado mucho, aunque eso nos sirve para generar, en ciertos momentos, conflictividad interesada y no tan honorable.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Prensa Libre”, el martes 18 de mayo de 2010.

Santa pesadilla

José Raúl González Merlo

Contrario a lo que ha ocurrido con otros trabajos que pretendieron facilitar el tráfico en la carretera a El Salvador, el reciente paso a desnivel de Santa Rosalía ha provocado serias quejas. Quizás sea un buen ejemplo de la equivocada lógica con la que los funcionarios suelen resolver los problemas públicos.

Para nadie es un secreto que el alto crecimiento demográfico ocurrido en el sector conocido como “carretera a El Salvador” ha puesto a prueba la débil infraestructura vial. Primero se derrumbó un tramo, lo que obligó a hacer un puente. Luego se realizaron diferentes pasos a desnivel para facilitar el acceso a colonias como Las Luces, o a San José Pinula, Fraijanes y Pavón. En cada una de ellas, los ciudadanos soportaron con estoicismo y esperanza las inevitables molestias, pensando que las mismas eran necesarias. ¿Qué tiene de diferente este último paso a desnivel? Las quejas que he escuchado se centran en que es una solución demasiado onerosa para la simplicidad del problema. Hay consenso respecto a que “algo había que hacer”, dados los accidentes fatales que habían ocurrido; pero el consenso termina cuando se implementa la solución. Para muchos, simplemente había que cerrar el cruce para obligar a dar vuelta en “U” en otros lugares más seguros y agregar un carril de aceleración para facilitar la incorporación de la colonia a la carretera. En vez de ello, se gastarán 26 millones de quetzales y seis meses de caos para cientos de miles de ciudadanos.

Allí comienzan las críticas. Se percibe que los beneficios de la obra serán obtenidos por un grupo relativamente pequeño de personas, mientras que el resto de ciudadanos afectados se sienten injustamente perjudicados. En todo caso, las autoridades competentes no han hecho un esfuerzo relevante por comunicar la justificación de la magnitud de la obra. Pareciera que creen que la misma “habla por sí sola” y que los ciudadanos agradecerán el puente, pero no es así. Esta vez es diferente. El sentido común dice que la lógica burocrática no tomó en cuenta soluciones menos onerosas y más simples, aunque menos espectaculares.

Las soluciones públicas suelen ser así. Se implementan sin que necesariamente se haga un análisis de sus costos y sus beneficios. Los costos tienden a ser subestimados o ignorados; especialmente el costo de oportunidad del tiempo perdido de los ciudadanos. No obstante, los esfuerzos oficiales por minimizar el caos, el paso por Santa Rosalía se ha vuelto una santa pesadilla. Y, como supongo que ya es demasiado tarde para rectificar, seguiremos viviendo esta pesadilla, con suerte, por seis meses más. Y cuando esta termine, la obra quedará como un monumento y recordatorio al equivocado criterio con el que se toman importantes decisiones en el sector público.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Prensa Libre”, el martes 18 de mayo de 2010.

La hipótesis

Marta Yolanda Díaz-Durán A.

Decidí no seguirle la corriente al Comisionado Carlos Castresana, titular de la CICIG y, entre otras cosas, dejar de llamar “verdad interina” a la hipótesis que presentó en el caso del asesinato de Rodrigo Rosenberg. Tal concepto, además de ser una aberración lógica, se presta a muchas confusiones. Hipótesis, según el DRAE, una fuente obligada de consulta jurídica, significa: “Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”. Subrayado y en mayúsculas: SUPOSICIÓN.

No me dejo manipular ni intimidar por nadie. Ni por Álvaro Colom ni por Carlos Castresana. Por nadie. El asesinato de Rosenberg, íntimamente relacionado con los asesinatos de Khalil y Marjorie Musa, no está resuelto. Y el juicio aún no ha empezado, no se ha emitido sentencia y la evidencia presentada por Castresana (tanto la testimonial como la circunstancial) es insuficiente para sostener el escenario planteado por los investigadores de la CICIG.

Un escenario aparentemente montado a conveniencia de los acusados por Rosenberg en su célebre vídeo póstumo. Por cierto, vale la pena recordar que los acusados son hoy los personajes más poderosos de nuestro país. No sólo se encuentra entre ellos el Presidente de la “República” (de nombre pero no en la práctica) sino su esposa y sus más cercanos colaboradores, financistas y socios políticos.

El miércoles 20 de enero de 2010, en el diario “elPeriódico”, Luis Ángel Sas publicó una nota que contiene la siguiente información: “El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó un análisis lingüístico de dicho video a través del cual un experto evaluó además del mensaje, las entonaciones de palabras precisas, los gestos, y el entorno… El lingüista concluyó que el mensaje de Rosenberg es coherente, que fue previamente elaborado, y que la víctima sabía el camino a seguir para transmitir su discurso. Según el lingüista, la víctima sabe de lo que habla, está convencido de lo que dice… Una de las conclusiones del experto es que no encontró ningún gesto que contradijera lo que hablaba Rosenberg”.

¿Es este el perfil de un chiflado? Usted, si vio y escuchó el vídeo, ¿cree que el abogado asesinado, hoy principal acusado de su propia muerte, estaba desquiciado? ¿Qué piensa de las acusaciones que contiene? ¿Por qué la CICIG, al menos hasta la fecha, ha ignorado las denuncias de Rosenberg?

Disculparse no es suficiente. Álvaro Colom debe pagar las penas que le corresponden por los delitos y crímenes en los que esté involucrado. Castresana también debe disculparse con los guatemaltecos por pretender engañarnos. Con las evidencias recabadas por la CICIG que son rescatables (porque hay muchas que se deben descartar y otras cuestionar, comenzando por el testimonio de Manuel de Jesús Cardona) se pueden construir otros escenarios más creíbles. Ojalá los responsables de hacer justicia en Guatemala tomen esta verdad, que no es “interina”, en cuenta.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de mayo de 2010. La imagen la bajé de la Internet.

Libertad de expresión y de acción

El progreso es el resultado de que los pocos con mejores ideas convenzan a la mayoria.
(Imagen bajada de Google)

Bienvenidos al Círculo de periodistas

¿Hay libertad en el gremio periodístico?
(Imagen bajada de Google)