martes, 20 de julio de 2010

Prefraude


Las gravísimas irregula-ridades que se han presentado en relación con el Registro Nacional de las Personas (Renap) y los sucios y oscuros negocios de determinados directivos que también se han evidenciado descubren un sistema corrupto hasta lo más profundo.

PEDRO TRUJILLO

Hay general desconfianza en que los documentos personales de identificación (DPI) pueden no ser lo fiables que nos dijeron, y varias denuncias en el MP dejan entrever manipulaciones, cuando no duplicidades, venta de certificaciones y otros chanchullos propios de inescrupulosos, mafiosos y delincuentes asociados, de esos que debería investigar la Cicig.
No queda de otra que reclamar a gritos una auditoría pública y urgente del Renap. No es posible ir a un proceso electoral donde se cuestiona lo esencial: la identidad de las personas que ejercerán el derecho al voto. Es preciso entrarle a fondo al DPI y al padrón electoral. El TSE debe liderar este proceso con acompañamiento de la mayoría de sectores y hay que hacerlo ¡ya! La tercera pata de esta saga de despropósitos la constituyen los programas de “Confusión Social” que lidera, ahora bajo cuerda, la esposa del presidente, y todo el amañamiento en relación con expedición de cédulas, empadronamientos y votos condicionados, también denunciado.

En cualquier elección, sobre todo en aquellas que se ganan por unos miles de votos, esas variables constituyen, sin duda, una línea estrategia de trabajo elaborada, seguida y manipulada por quienes quieren quedarse con el país, al estilo de los dictadorzuelos del momento y siguiendo sus mismas maniobras. Es hora de que todos los sectores sociales aboguen por asegurar una base mínima de parámetros y fundamentos que no pueden faltar en cualquier sistema democrático, sin importar la tendencia política. No debe ser actitud conformarse con lo que tenemos y llegar a un proceso electoral en el que las condiciones no sean iguales, sino que favorezcan, únicamente, a quienes han tenido el tiempo, la habilidad y el descaro de ir toqueteando maliciosamente esas bases sustanciales y necesarias.

El Congreso, como de costumbre, ha reaccionado tarde a lo que los medios de comunicación venían denunciando por tiempo. Ahora, los diversos sectores sociales no deben desperdiciar un solo instante y comenzar a reclamar, exigir y poner en marcha auditorías que permitan detectar en qué momento y con qué grado de transparencia estamos en relación con el DPI, el padrón electoral y el clientelismo político de los programas sociales que promueve el Gobierno. No podemos dejarnos llevar por la corriente ni dormirnos, mientras continúa —algo ya probado— manipulándose el sistema democrático.

No es solo labor de algunos, más bien una sentida necesidad de todos y fundamentalmente de los partidos políticos que quieren competir en igualdad de condiciones. La tan traída comunidad internacional tiene mucho que decir a la hora de reconocer regímenes que no salgan de procesos electorales limpios, transparentes y sobre bases no cuestionables. De momento, no reunimos esas condiciones de credibilidad y no podemos llegar a unas elecciones en estas condiciones. Estamos a tiempo de ponerle remedio, de lo contrario podemos lamentarnos por años, como ocurre en otros países. Hay que exigir los derechos individuales y promover la necesaria seguridad jurídica que requiere el proceso. El TSE cuenta todavía con un alto grado de credibilidad, lo que le permite promover y liderar estas iniciativas de forma que siga siendo un referente de pulcritud, limpieza y honestidad. ¡A trabajar!, pero sobre todo a arreglar lo que otros interesados han querido manipular y manosear, como siempre ocurre con los perdedores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa libre", el día martes 20 de julio de 2010.

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