Un problema que puede destacarse es la inflexibilidad que tiene el presupuesto por las obligaciones constitucionales.
Verónica Spross de Rivera
El presupuesto de ingresos y egresos del Estado refleja en buena medida las funciones que como sociedad pretendemos que el Gobierno lleve a cabo. Esta herramienta de política pública indica cuáles son las prioridades a las que se desea orientar los recursos aportados por los ciudadanos. Los deseos y necesidades, al igual que sucede en la vida diaria, superan las posibilidades de financiamiento con que se cuenta. Por ello, es necesario priorizar adecuadamente el uso de los recursos.
El análisis del proyecto de presupuesto para el 2011 lleva a reflexionar nuevamente cuáles son esas prioridades que como guatemaltecos tenemos. La grave situación de inseguridad que se vive hace necesario revisar la asignación a los rubros relacionados con seguridad y justicia. La asignación al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, al sistema penitenciario y al Organismo Judicial se convierten en la primera prioridad para el próximo año.
En segundo lugar se posicionan las necesidades relativas a la infraestructura, que ha resultado tan dañada por el copioso invierno que recién está concluyendo. El mantenimiento de puentes y carreteras es prioridad para fortalecer la capacidad comercial y productiva. Los puertos y aeropuertos también deben ser un punto focal de la inversión para el año venidero.
Para poder tomar las mejores decisiones, que corresponden en última instancia al Congreso de la República, se necesita un diagnóstico de donde se parte, las metas concretas que queremos alcanzar y el costeo de cuánto cuesta alcanzar las metas. Es en esto que debemos centrar la discusión nacional y legislativa de las próximas semanas.
¿Cuáles son realmente las prioridades que tenemos y queremos cubrir? Es necesario partir de la realidad de la escasez de recursos. Por más que querramos multiplicarlos hay un límite de posibilidad de recaudación fiscal y de capacidad de endeudamiento, del cual no podemos pasar. Esto debe estar muy claro, ya que si no acatamos el techo máximo tendremos problemas macroeconómicos graves que podrían poner en riesgo las condiciones para la inversión y la producción.
Un problema que puede destacarse es la inflexibilidad que tiene el presupuesto por las obligaciones constitucionales y disposiciones legales que obligan a transferir ciertos montos a entidades específicas sin necesariamente amarrar los aportes al cumplimiento de ciertos objetivos. Si queremos otorgar más recursos a educación y a salud, por ejemplo, quizás sea necesario contemplar recortes a ciertos programas o aportes que se realizan. Por ejemplo, podrían eliminarse subsidios como los que se otorga por la tarifa social, podría buscarse un sistema de pensiones que sea autofinanciable y no requiera aportes fiscales como sucede actualmente con el de Clases Pasivas Civiles del Estado, que consume una tajada importante de recursos fiscales.
En las próximas semanas, entonces, el debate debería llevarnos a tener un listado de prioridades con su respectivo costeo, y de allí hacer un corte hasta donde alcanzan los recursos. Por ejemplo, cuánto requiere un plan de seguridad integral efectivo, que no falten los recursos para el sistema educativo y de salud, infraestructura básica. Y, lo que no tenga espacio, tendrá que ser recortado, con el propósito de que el presupuesto sea realmente una herramienta de política pública útil y orientada a las prioridades.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miércoles 20 de octubre 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario