La universidad y la política

Tenemos que revisar la forma en que elegimos a figuras públicas para garantizar la transparencia del proceso.

Carroll Ríos de Rodríguez

Hace meses, comenté que tenía dudas sobre el funcionamiento de las comisiones de postulación para elegir a funcionarios públicos. Recién se había celebrado una controvertida elección en el Colegio de Abogados para escoger a los representantes de ese gremio ante una comisión de postulación. Me brincaron: “¿Y qué alternativa hay?” Respondí débilmente que estos procesos de elección eran inevitablemente politizables y, por ende, comprometerían la reputación de las entidades convocadas.

Me hicieron ver que las comisiones constituían un avance sobre el método anterior: una designación a dedo. La Constitución de 1985 estableció este mecanismo con la expectativa de que los profesionales alejados del mundo político contribuiría a la designación de candidatos idóneos. Más aún, los decanos y rectores de las universidades del país, ampliamente vistos como ciudadanos comprometidos y honorables, estudiosos y estudiados, enriquecerían el proceso. Se pensó en cómo estas figuras no políticas transparentarían las elecciones en la arena pública: se dio menos vueltas a lo que dicha participación implicaría para la vida universitaria.

Han pasado más cosas desde mi desventurado comentario. La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la selección de Conrado Reyes como Fiscal General y dictó los términos para integrar una nueva comisión de postulación que elegirá a otro fiscal. Ayer en primera plana se clamaba por la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Erick Álvarez; la CICIG pide que éste no participe en la elección del nuevo fiscal. Paralelamente, la CC hubo de dirimir una pugna entre dos colegios profesionales, el de economistas y el de auditores, con relación a la comisión de postulación que nombrará al Contralor General de Cuentas. Los expertos discuten agitadamente sobre este complejo panorama, la inhibición o no inhibición de decanos, los plazos, el rol correcto de la CC, y más.

Muchos de nosotros nos perdemos en el ir y venir de las divergentes opiniones y del lenguaje técnico, pero percibimos ciertos efectos. Vemos que cada universidad ideó una fórmula para intentar cumplir con lo que se le ordenaba, y que ello significó la renuncia y el nombramiento de decanos. Entendemos que el perfil que debe tener una persona para ser un buen rector, o decano de derecho o de economía, es distinto del perfil que debe tener un buen elector de funcionarios públicos. Las negociaciones y las presiones políticas, incluidas las amenazas violentas, son parte del proceso, independientemente de quién integre el cuerpo elector. Vemos cuestionada, justa e injustamente, la reputación de muchos compatriotas, políticos y académicos.

Tenemos que revisar la forma en que elegimos a figuras públicas para garantizar la transparencia del proceso y la idoneidad del elegido, pero también debemos luchar por frenar la politización de las universidades, pues ésta compromete la libertad académica, el avance y la difusión del conocimiento y la contribución de dichas casas de estudios superiores al bienestar social.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miercoles 04 de agosto 2010.