Todos potenciales conspiradores

La conferencia de prensa en la que el Dr. Castresana presentó su evidencia para la destitución del Fiscal General quedó, en mi opinión, opacada por una clara amenaza a la libertad de expresión. Nadie duda de que la Cicig tiene en su contra a poderosos enemigos. Sin embargo, para combatirlos, no puede ni debe violar nuestras garantías constitucionales.

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO

El 14 de junio pasado, el Dr. Castresana presentó las tres pruebas más relevantes, “entre muchas otras”, de la supuesta campaña de “destrucción mediática” en su contra. La primera fue un artículo de opinión escrito por Gabriel Orellana, el 24 de mayo, en Siglo Veintiuno. La Cicig sugiere que este fue inducido por los señores Valdés, acusados de la muerte de Rodrigo Rosenberg, como parte de una campaña para “obstruir la justicia”. En el artículo, Orellana le recuerda al vocero presidencial que la Constitución garantiza la inocencia de cualquier acusado hasta comprobarse lo contrario. ¿Es eso delito?

La segunda “evidencia” es un artículo escrito en la revista electrónica www.revistalarazon.net. Allí se critica al Dr. Castresana, comparándolo con el inquisidor Torquemada. Y la tercera supuesta prueba más importante fue una conversación telefónica intervenida entre Rodolfo Ibarra (actualmente detenido) y el Dr. Francisco Beltranena. En ella, el Dr. Beltranena dice que “no le gusta” el término “policía democrática” usado por el Dr. Castresana durante una entrevista. En otras conversaciones, también intervenidas, el Dr. Beltranena da su opinión sobre la controvertida elección del jefe del Ministerio Público. ¿Más delitos?

Es difícil pensar que lo anterior constituya evidencia incontrovertible de una campaña para la obstrucción de la justicia. Más bien parece un claro mensaje a periodistas de opinión y ciudadanos en general: “quien no esté con la Cicig está en contra de la Cicig” y, por ende, corre el riesgo de que su opinión sea criminalizada. El mensaje ha sido recibido fuerte y claro. Parece que el Dr. Castresana no está dispuesto a cumplir los artículos 5 y 35 de nuestra Constitución. El primero protege a las personas de ser molestadas por sus opiniones; el segundo garantiza la libertad de expresión del pensamiento y establece que no constituye delito la crítica a funcionarios públicos.

No se vale “combatir la impunidad”, ni creer que se contribuye a la justicia, violando las garantías constitucionales. Lejos de generar confianza, ese penoso capítulo de la conferencia de prensa mostró una intolerancia que ha provocado temor entre la población. ¿Será usted el próximo acusado de “conspirador”, por expresar su opinión en público o en privado? Solo la Cicig sabe. ¿Y las entidades que supuestamente están para defender la libertad de expresión? ¿Acaso tienen la cola machucada?

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 22 de junio 2010.