Al ojo del ciudadano

JORGE JACOBS.

El proceso de inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial de la alianza UNE-Gana ha tomado nuevos giros. No pasó en el TSE; ahora le falta salvar los obstáculos en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad. La diferencia principal, creo yo, entre este proceso y el de la inscripción de Ríos Montt, hace ocho años, es que cada vez más personas están dispuestas a participar, velar y emitir su opinión en los temas que nos afectan a todos en Guatemala.

En otras palabras, los funcionarios públicos ya no pueden tan fácilmente como antes tomar cualquier decisión sin tener que cargar con la responsabilidad y las consecuencias de la misma ante la ciudadanía.

De hecho, creería que esa fue una de las principales razones por las cuales la candidatura fue rechazada por el pleno del TSE. Mucho se es-peculó sobre la cantidad de magistrados que la UNE tenía “colocados” en ese organismo con el propósito ex profeso de avalar su candidatura, pero lo cierto es que, a la hora de la hora, las magistradas María Eugenia Villagrán, Patricia Cervantes y Mirtala Góngora no se doblegaron ante las presiones y votaron en contra de la inscripción. No así los magistrados Ulises Gómez y Marco Tulio Mellini, quienes votaron a favor de la inscripción y cuyos nombres quedarán en la “mente colectiva” de las redes sociales precisamente por esa decisión.

Para que no queden dudas, debo hacer la aclaración aquí, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, que yo estoy plenamente convencido de que la candidatura presidencial de Sandra Torres, en este período, viola flagrantemente la Constitución. Y también considero que su intento de candidatura convalida con mucho las razones por las cuales los constituyentes dejaron esa prohibición: evitar el uso y abuso de los recursos de los tributarios para mantener artificialmente el continuismo. ¿De qué otra manera podemos denominar al despilfarro de miles de millones de quetzales con el único propósito de hacerle imagen a la primera dama, para que luego fuese candidata presidencial?

Ahora el balón está en la cancha de los magistrados de la CSJ, y luego pasará a los de la CC. Todos ellos deben saber que los ojos de la ciudadanía están puestos en su decisión y que cargarán con la misma por mucho tiempo. No me malinterpreten. Esto no es amenaza ni coacción. Si algún magistrado sinceramente está convencido de que la candidatura de Sandra Torres no viola la Constitución está en todo su derecho de votar a favor de la misma. Lo que le recomiendo es que sustente muy bien su decisión para que no queden sospechas sobre los motivos de su actuar.

Pero lo importante de todo esto es rescatar ese concepto fundamental de que la autoridad reside en la ciudadanía. Que los funcionarios públicos no son los amos y señores de los habitantes de un país, sino son sus empleados, sus mandatarios, pero nada más que eso; los mandantes, es decir, quienes emiten el mandato, son los ciudadanos, no los funcionarios públicos. Y por lo mismo, a quienes se deben es a los ciudadanos y no a nadie que por ahora detente algún “poder” y que, quizá, haya abusado del mismo para nombrarlo en algún cargo.
Y a los ciudadanos nos queda la responsabilidad de velar porque los funcionarios no abusen del poder. Si se les dejan las arcas abiertas, hasta los justos pecarán. Parafraseando el dicho: al ojo del ciudadano, se limita el poder.

Artículo publicado en el diario guatemalateco "Prensa Libre", el día jueves 07 de julio 2011.