¡Inconsistencias!

Carroll Ríos de Rodríguez

El lunes, el presidente Otto Pérez Molina entregó personalmente un proyecto de reforma a la Constitución al presidente del Congreso de la República, Gudy Rivera. Es la octava iniciativa en manos del Congreso. Gudy Rivera dijo que será analizada por los quince bloques en el Congreso, siguiendo “el trámite de ley”. Consideran crear una comisión especial, integrada por representantes de todos los partidos políticos, o bien estos designados se sumarían a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, actualmente compuesta por ocho diputados del Partido Patriota. Más allá de la obvia preocupación partidista, ¿por qué recibirá un trato especial esta propuesta particular? ¿Y qué trámite es el de ley? El artículo 277 de la Constitución ordena al Congreso “ocuparse sin demora alguna del asunto planteado” una vez recibida una iniciativa. ¿Qué ha hecho el Congreso con los siete proyectos anteriores? Parece haber privado la regla: “dime quién eres, y te diré qué trato te dará el Congreso”. Aunque no poseemos información detallada para cada caso, percibimos una práctica inconsistente. Unos proyectos se engavetaron, otros se discutieron a puerta cerrada y otros se sometieron a eternas audiencias, las cuales por lo menos sirvieron para socializar el contenido de los proyectos. ¿Emitió la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales un dictamen por iniciativa? ¿Son públicos y finales los dictámenes? Que sepamos, ninguna iniciativa ha sido aprobada o improbada en el pleno del Congreso. El artículo 280 exige que luego del voto en el pleno, las reformas sean ratificadas en consulta popular. Claramente, no se nos ha convocado a consulta popular con tal propósito desde 1999. Unos sostienen que es una “güizachada” pedirle a nuestros representantes finiquitar los procesos inconclusos antes de evaluar la iniciativa del Ejecutivo. Pero la petición ciudadana, presentada formalmente como un amparo contra el Congreso ante la Corte de Constitucionalidad, es absolutamente crucial. Es cierto que los diputados pueden despejar el camino para la propuesta oficial, haciendo la pantomima de conocer y rechazar las siete propuestas en el pleno. Aún ese burdo “cumplo y miento” (cumplimiento) sería preferible a una legislatura que desatiende su grave obligación. Y es que hemos de asumir buena fe de parte de quienes invirtieron tiempo y recursos elaborando un proyecto de reforma constitucional. Es una tarea ardua. Me consta que se trabajó por lo menos cinco años en la iniciativa de ProReforma; recolectar las 73,000 firmas consumió muchos meses más. Conformarnos con un trato desigual hacia las iniciativas es como aceptar que hasta un mandato constitucional es interpretable al antojo del poder de turno. Es como aceptar la superioridad de la clase política y la insignificancia del ciudadano de a pie, cuyo único caudal político es poder acercarse a la urna cada cuatro años. Es alimentar la sensación que solo serán atendidos quienes cometen ilegalidades como quemar buses, bloquear carreteras o tomar el Congreso… Es triste. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 29 de agosto 2012.