¿Quién paga por las áreas protegidas?

“Cuando un gobierno regula para limitar el uso de una propiedad... entonces el gobierno abusa de su poder.”

Ramón Parellada


La mayoría de personas gozamos al ver la naturaleza. Nos gustan los bosques bien cuidados, los árboles frondosos y verdes y nos da pena y tristeza ver la deforestación en muchos lugares del mundo entero. Esta sensibilidad hizo que, en el siglo pasado y en casi todos los países del mundo, se declararan algunas zonas de bosque natural como áreas protegidas.

Muchos, con la mejor intención, consideran un éxito la declaración de áreas protegidas. No se percataron que esas leyes violan uno de los derechos individuales más importantes para el desarrollo económico de los pueblos y que los pobres logren así mejorar su nivel de vida, el derecho de propiedad.

Legislar es fácil cuando no se asumen los costos de las consecuencias sobre los afectados de esas nuevas leyes. Cuando un gobierno regula para limitar el uso de una propiedad y no está obligado a pagar el costo que su acción causa al dueño, entonces el gobierno abusa de su poder.
El caso de las áreas protegidas es claro. Se declara un área protegida en la que antes el dueño podía hacer lo que quisiera, pero con la nueva ley sólo puede preservar el bosque que en él se encuentra. El valor de dicho terreno disminuye enormemente, causándole pérdidas al propietario. Si el gobierno no asume ese costo, entonces seguirá legislando violando, el derecho de propiedad de los dueños. Son famosos los casos donde los gobiernos legislaron para limitar el uso de la propiedad en zonas pantanosas en Estados Unidos. Luego de juicios en las que se pedía compensación por la violación del derecho de propiedad en muchos lugares ya han dado marcha atrás.

Richard Stroup, en su magnífico libro Eco-Nomics nos cuenta un caso ocurrido en Carolina del Sur. El gobierno pasó una regulación prohibiendo la construcción en la costa con la intención de preservar un espacio abierto contra la erosión. David Lucas, que poseía dos lotes y pensaba construir una casa en su propiedad fue advertido de que no podía construir nada a pesar de que sus vecinos sí habían podido hacerlo antes de esta nueva ley.

David perdió casi la totalidad del valor de su propiedad apenas pasó la ley. Demandó y perdió en primera instancia. Pero insistió y llevó su caso a la Corte Suprema que le dio la razón. La corte le dijo al gobierno de Carolina del Sur que debía pagarle por la tierra porque había tomado de David (o dicho de otro modo, le había negado a David) los mismos derechos que sus vecinos habían disfrutado.

Así las cosas, el gobierno de Carolina del Sur se vio ante la disyuntiva de pagarle a David $1,000,000 por haberlo afectado. Sin embargo, esto los hizo reflexionar y decidieron cambiar la ley y luego vendieron esa tierra a un constructor.

Los incentivos importan. Si quien legisla está sujeto a cubrir el costo de sus acciones, entonces tomará decisiones en forma diferente que si carece de esa limitación.

Imagínese cómo ha cambiado el valor de la propiedad con la ley de áreas protegidas, una ley que de pronto limita el uso de la misma. ¿Por qué tiene el dueño, de la propiedad afectada, pagar el costo de esa legislación que otros solicitan y que los diputados terminan aprobando?
Lo ambientalistas presionan por más áreas protegidas y los legisladores terminan emitiendo leyes que limitan el uso de la propiedad sin costo alguno para ellos. Cuando tengan que pagar por esas limitaciones al derecho de propiedad, entonces ponderarán cuidadosamente los costos y los beneficios de sus acciones.


Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", enl dia jueves 19 de agosto 2010.