Libertad amenazada

La próxima vez que usted califique a un funcionario público de “pusilánime”, “falto de virtudes” o “hipócrita” tenga cuidado. A pesar de que el artículo 35 de nuestra Constitución garantiza que lo anterior no constituye delito, ello no será obstáculo para que el funcionario lo quiera meter a la cárcel.

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO

Peor aún, las entidades encargadas de proteger sus derechos constitucionales se harán los locos… El caso entre el vicepresidente Espada y la periodista Díaz-Durán pondrá a prueba el derecho a la libre expresión del pensamiento de todos los ciudadanos.

El problema no es que el vicepresidente acuse penalmente a la periodista. El desprecio a la Constitución y las leyes se ha convertido en una prerrogativa de los funcionarios públicos. El problema es que el Ministerio Público (MP ) le dé trámite a la demanda en vez de desestimarla por notoriamente inconstitucional. No deja de ser frustrante que, cuando se trata de querellas en contra de la primera dama, estas son diligentemente desestimadas por el MP. Pero si se trata de acusar a ciudadanos honrados, estos son perseguidos injusta y servilmente con toda la fuerza del Estado. Este último es el caso de la periodista Díaz-Durán.

Pintado también está el procurador de los Derechos Humanos. Por andar defendiendo vigorosamente los derechos de los criminales convictos, no anda viendo cómo se pretende censurar el derecho a la libre expresión por parte del Gobierno. Pareciera que unos derechos humanos son más importantes (y políticamente rentables) que otros derechos humanos. Ni hablar de la Corte de Constitucionalidad (CC) a donde la periodista Díaz-Durán acudió para buscar la protección de su derecho constitucional (¿qué más puede hacer un ciudadano?). En vez de protección encontró a una corte “pusilánime y falta de virtudes”. Al echarse la güisachada de denegarle el amparo, la CC pretende quedar políticamente bien, pero mal con las garantías constitucionales.

La Constitución garantiza nuestro derecho a la libertad de expresión. Esta frívola acusación del vicepresidente en contra de Díaz-Durán es una amenaza para todos, porque todos (no solo los periodistas) gozamos de ese derecho. Lo cual hace tanto más vergonzoso que las entidades de prensa o los medios de comunicación no hayan salido en defensa de nuestra libertad de expresión. Más bien pareciera que ingenuamente creen que es un asunto “puntual”. Se equivocan gravemente. Vamos mal. Como dice el refrán, “no llores como cobarde aquello que no supiste defender con valor”. Si las instituciones competentes no se atreven a poner al vicepresidente en el lugar legal que le corresponde, después no se quejen del lugar en el que el Gobierno nos va a poner a todos los ciudadanos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 31 de agosto 2010.