Invasiones: modelo agotado

Verónica Spross de Rivera

La invasión u ocupación de terrenos y fincas ha sido un medio utilizado por algunas organizaciones campesinas con el fin de dar acceso a la tierra a poblaciones necesitadas, según lo plantean en la descripción de sus actividades. Los desalojos efectuados recientemente en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, se dieron como consecuencia de la usurpación de varias fincas por parte de grupos de personas desde el mes de septiembre del año pasado. Contrariamente a lo que se ha mencionado, los invasores no mostraban disponibilidad de salir pacíficamente.

Es de resaltar que el marco legal guatemalteco reconoce y protege la propiedad privada. Las invasiones constituyen acciones ilegales, ya que se tipifican como delito de usurpación, según el artículo 256 del Código Penal. El mismo artículo indica que la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La Policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. El responsable de usurpación será sancionado con prisión de uno a tres años.

Entre las consecuencias de las invasiones pueden mencionarse la inseguridad jurídica que generan, la desmotivación para la inversión, la generación de expectativas inalcanzables para los campesinos, así como el riesgo de sufrir daños personales y patrimoniales al momento del desalojo. Además de ser ilegales, el costo que generan parece ser muy alto.

Al reconocer el Gobierno que vivimos en un Estado de Derecho y que debe respetarse la ley, el cumplimiento de las órdenes de desalojo constituye una obligación. Al hacerlo se da una señal positiva en cuanto al respeto y reconocimiento de los derechos de propiedad. Como consecuencia, se esperaría mejora en el clima de negocios y fortalecimiento en las perspectivas para la inversión. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) 2011, presentando recientemente, establece una relación positiva entre el respeto a los derechos de propiedad y el ingreso per cápita. Por su parte, Robert Barro, experto en crecimiento económico, indica en sus estudios que la existencia del Estado de Derecho contribuye significativamente en elevar las tasas de crecimiento.

El argumento de la pobreza y la necesidad de mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población del área rural son válidos. Mejorar los ingresos familiares, proporcionar empleos bien remunerados y elevar la calidad de los servicios sociales en las regiones vulnerables son puntos prioritarios en la agenda nacional. Se requiere servicios de salud adecuados, escuelas e institutos enfocados en el aprendizaje, preparación para el mundo del trabajo, a través de las carreras técnicas, tecnología, idiomas y otras competencias requeridas en el mundo de hoy.

Asimismo, se requiere promover la existencia de grupos gestores que promuevan las economías locales y dinamicen las potencialidades; generar capacidades de emprendimiento en los jóvenes y adultos; mejorar la infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones para promover la conectividad y eficiencia en la región; desarrollar los encadenamientos productivos y orientarse hacia productos con alta demanda y precio, que permitan elevar los salarios. El Valle del Polochic puede tener un futuro mejor si las políticas públicas son las correctas. En resumen, las invasiones deberían quedar fuera de la discusión. Es otro el camino para alcanzar el desarrollo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día miércoles 23 de marzo 2011.