El problema de fondo

Armando de la Torre

¿Quién se vislumbra que podría ponerles cascabeles a tales gatos? ¿Harold Caballeros o Eduardo Suger, tal vez?...

Del año que comienza se dice que es “electoral”.

Afirmación muy relativa porque “el Gobierno de Álvaro Colom” ha continuado en una ininterrumpida campaña proselitista durante estos últimos tres años. El nepotismo rampante y el ensayo de compra de votos a través de una envilecida “Cohesión Social” —que sufragamos entre todos con nuestros impuestos—, han sido las puntas de lanza de su campaña electoral para las elecciones que tendrán lugar este año.

Otros aspirantes políticos han intentado modestamente algo semejante, camuflados tras programas de radio y televisión que supuestamente buscan informarnos…

Ninguno, empero, ha tocado los temas de fondo en nuestra vida pública que entraña la ausencia de un Estado de Derecho, ni tampoco sus porqués. Me permito aquí, pues, contribuir al respecto con algunas sugerencias.

Todos proclamamos nuestro anhelo porque impere la ley, pero siempre con vistas hacia su aplicación a los demás, jamás hacia nosotros mismos.

Esta es la sociedad de los privilegios, ilegítimos si se trata de los ajenos, perfectamente justificables si se trata de los nuestros respectivos.

Hasta la misma Constitución los otorga a granel, y frustramos, encima alegres, cualquier intento de reforma para acabar con ellos, como sucedió el año recién terminado con el proyecto de ProReforma, engavetado al final por el actual Congreso de la República.

Los múltiples privilegios de los poderosos en este país, de la izquierda, del centro y de la derecha convergen, por supuesto, “en un floreciente mercado de tráfico de influencias”. Y, precisamente es esto lo que nos puede llevar, ya al corto plazo, a constituirnos en ciudadanos de un incipiente narco-Estado.

Guatemala carece de un Poder Judicial para impedirlo. Pues nos guiamos por reglas del juego “constitucionales” que anulan su efectividad. Y así sufrimos un sistema raquítico de administración de la justicia que le asigna más fondos al deporte, o a la única universidad estatal, que a su administración para todos.

Encima, por la misma Constitución, se difiere el nombramiento de los magistrados para la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y las Cortes de Apelaciones al más político de los tres poderes del Estado: el Legislativo.

Para subordinar todavía más el Poder Judicial a beneficio de los políticos, los nombramientos de magistrados y jueces se hacen por tan sólo cinco años, lo que los sujeta a los intereses, caprichos y preferencias de los diputados al Congreso si aspiran a ser reelectos.

Y para colmo de males, el presupuesto anual del Poder Judicial —2% del presupuesto operacional de la nación— lo fija el Ministro de Finanzas de acuerdo con instrucciones del Presidente de la República y previa aprobación de los diputados al Congreso.

A todo ello ha de sumarse —caso único— en el planeta- un ente internacional, la CICIG, dominado y controlado desde el extranjero, con impunidades para sus funcionarios de las que no gozan las autoridades judiciales del país, y todo a petición de los mismos guatemaltecos.

Cómo hemos llegado hasta tan bajo, es sólo explicable con base en la ineptitud y falta de carácter de nuestros gobernantes de los últimos tres períodos, avalados por la filosofía del positivismo jurídico, imperante en todas las facultades de Derecho del país, que ha deformado sustancialmente por décadas el mero concepto de la justicia, tanto en jueces y magistrados como en los fiscales del Ministerio Público.

Sin un sistema de Justicia, por lo tanto, sin jueces bien formados e independientes de los dirigentes políticos, con fiscales nada autónomos y una policía mal retribuida y peor adiestrada y mal equipada, el irrespeto a la ley se ha generalizado universalmente, empezando por los presidentes de la República que juraron al tomar posesión del cargo respetarla y hacerla respetar.

¿Quién se vislumbra que podría ponerles tales cascabeles a tales gatos?

¿Harold Caballeros o Eduardo Suger, tal vez?...

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo XXI", el día domingo 23 de enero 2011.