Reforma sin forma

Marta Yolanda Díaz Duran

Es lo que va a presentar el presidente Otto Pérez Molina al Congreso. Una propuesta que hará más ecléctica a nuestra desarrollada y contradictoria Constitución. Un contrato social producto de los intereses, las frustraciones y las convicciones erradas de un grupo de personas cuya filosofía se ubica en las antípodas del pensamiento político y económico que permite el progreso de los habitantes de una nación. De los principios que deben regir en una sociedad: que hacen la diferencia entre un conjunto de normas para asegurar la convivencia pacífica entre hombres libres o las reglas para legalizar la servidumbre entre esclavos. Muchas cosas más puedo agregar a las escritas en mi artículo del pasado lunes sobre el tema de llamado “Fortalecimiento del sistema político”, pero lo único que quiero recalcar es que el título correcto de esa parte de la propuesta debió ser: “Fortalecimiento del sistema presidencialista”, y debió terminar con un “Ave, Caesar, morituri te salutant”. ¡Ah! Estoy de acuerdo con la eliminación del artículo 160 que autoriza a los diputados para desempeñar otros cargos públicos. En el área del “Fortalecimiento del sistema fiscal y financiero”, quiero repetir lo que otros han dicho sobre las modificaciones al artículo 125: es una expropiación disfrazada de “participación patrimonial”. ¿Cómo van a adquirir hasta el 40 por ciento de las empresas que explotan recursos naturales? ¿Van a comprar acciones con dinero de los tributarios? ¿Tendrán la capacidad de intervenir cualquier explotación de recursos naturales ya que obvian el “no renovables”? ¿Pretenden crear, de nuevo, empresas estatales: los futuros peores antros de corrupción, como lo fueron en el pasado? El podrá de hoy, es el será de mañana… ¡Qué maña! Con las modificaciones al artículo 171, el Congreso pierde la facultad de APROBAR el Presupuesto General de la Nación. Sólo lo puede “improbar”. De nuevo, fortalece al Presidente y debilita al ciudadano al debilitar al Congreso. Y me parece una ironía agregar al artículo 238 (Transferencias y equilibrio fiscal) que “Preferentemente se observará el principio del equilibrio presupuestario”. O sea, seguirán gastando más de lo que les ingresa, y endeudando al tributario. Me ofende que crean que en Guatemala no hay gente inteligente que entienda las intenciones verdaderas de su absurda propuesta. Las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios para satisfacer a grupos de presión, ser políticamente correctos y facilitar la corrupción con la excusa de buscar la transparencia. No deben propiciar un retorno al pasado, a prácticas fracasadas como la de pretender que los gobernantes (el Estado es solo una abstracción) se conviertan en empresarios. Y que además lo hagan con el dinero de nosotros, los tributarios, que no nos vamos a ver beneficiados con tales inversiones que vamos a tener que financiar. Veni, vidi, vici. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día lunes 09 de julio 2012.

Pésimas reformas

Ramón Parellada

El paquete de reformas a la Constitución que el Ejecutivo dio a conocer no debe pasar a Consulta Popular porque es antidemocrático, destruye la división de poderes, le otorga al Gobierno la potestad de expropiar cuanta empresa se le ocurra y le otorga un poder inusual a la Universidad de San Carlos (Usac) en las decisiones más importantes de selección de orden judicial y constitucional, politizando las elecciones de jueces y magistrados. Es antidemocrático porque elimina la Consulta Popular como mecanismo para futuros cambios en los artículos no dogmáticos de la Constitución. No hay nada más democrático que la elección de un cambio constitucional mediante un referéndum o consulta popular. Además, el Congreso aún tiene pendiente someter a Consulta Popular la propuesta de ProReforma (www.proreforma.org.gt). El Gobierno tendrá la potestad de expropiar hasta el 40% de cualquier empresa que use recursos naturales. El Presidente ha dicho que solo se trata de empresas nuevas extractivas y no las que ya existen. Pero eso no es lo que dice el artículo que se pretende reformar. Lo que dice el artículo es que el Gobierno podrá siempre adquirir hasta el 40% de las acciones de las empresas que usen recursos naturales. No dice tampoco que sean solo las extractivas ni las no renovables ni las nuevas; aplica a todas. Sea como sea, este artículo es confiscatorio, se contradice con la defensa de la propiedad privada que está en el cuerpo dogmático de la Constitución y ahuyenta toda inversión. El daño que este artículo ha hecho ya a los más pobres de Guatemala es enorme, pues la única forma en que pueden mejorar su nivel de vida es con más inversión per cápita. Una mejor propuesta, más democrática y que eliminaría todo conflicto por el subsuelo sería que el dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo a través de un título. Esto funcionaría en forma similar a como funcionan los títulos de usufructo de frecuencias (TUF) solo que en este caso hablaríamos de títulos de usufructo de subsuelo (TUS). El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la Constitución, pero el campesino o comunidad que poseen una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades. La propuesta destruye la división de poderes, ya que el procedimiento para los nombramientos de jueces y magistrados de la Corte Suprema, así como el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quedan politizados, dándole preponderancia a la Universidad de San Carlos en todas las elecciones. Además, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dependerá de la Corte Suprema de Justicia. ProReforma tiene una propuesta que despolitiza la elección y asegura la independencia de poderes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Corte de Constitucionalidad serían elegidos mediante sorteo, en forma pública, delante de la Comisión de Postulación y de los demás candidatos designados para el cargo (que será en forma vitalicia). La Comisión de Postulación solo debe elegir a los candidatos que califiquen según parámetros objetivos. El sorteo y la publicidad del evento de la elección garantizan también la despolitización e independencia de poderes, eliminando así la injerencia del ejecutivo y de cualquier otra entidad interesada. Tal como están las reformas pareciera que es un primer paso para que el Ejecutivo se perpetúe en el poder adquiriendo más poder. Estas reformas deben ser retiradas por el Ejecutivo. No creo que deban someterse a Consulta, y si lo hacen deben rechazarse con contundencia. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 05 de julio 2012.

22 gramos

JORGE JACOBS A.

En lo que Otto Pérez Molina anda ensimismado tratando de quitarse de encima el mote constitucional de mandatario, Colombia y Uruguay se nos adelantaron en el proceso de la despenalización de las drogas. El liderazgo que había tomado Guatemala en este tema empieza a ser relegado por otros mandatarios que se han portado más ágiles y sagaces. La semana pasada, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que los colombianos pueden portar dosis mínimas de estupefacientes para consumo personal, sin que se les pueda detener ni acusar penalmente. La Corte incluso estableció cuál es esa dosis mínima: 1 gramo de cocaína o 22 gramos de marihuana. Cualquier persona a la que se le encuentre una dosis mínima de estas drogas podrá ser tipificada, a lo más, dependiendo del estado en que esté, como enferma, y ser tratada física y sicológicamente como tal, pero no detenida ni encausada judicialmente. Este dictamen de la Corte aleja definitivamente a Colombia del cauce que el gobierno de Álvaro Uribe le había impreso hacia la penalización de los usuarios de drogas y la encauza hacia la visión más abierta de Santos, en la línea de tratar las adicciones a las drogas como un problema de salud y no como uno penal. ¿Es esto suficiente? De seguro no lo es, pero es un primer paso en la línea correcta. El presidente de Uruguay, José Mujica, también dio un gran paso hace unos días, al presentar al Parlamento una propuesta para despenalizar el consumo de marihuana. No estoy completamente de acuerdo con la propuesta de Mujica, ya que esta convierte al Gobierno en el productor y vendedor monopolista de la marihuana, pero aun así creo que es un muy buen experimento. Al parecer, el partido de Mujica cuenta con los suficientes votos y aliados para que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras, lo que no quita que la propuesta sea controversial y haya mucha discusión y opiniones encontradas sobre la misma, tanto en Uruguay como fuera. En ambos casos, creo que lo importante es que la marea empieza a cambiar y la despenalización de las drogas cada día se convierte en algo más cercano y posible. Los muchos años que quienes hemos promovido la legalización de las drogas parecíamos arar en el mar, finalmente parecen empezar a dar frutos. ¿Es algo que va a cambiar de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Estos son apenas unos débiles pasos en la dirección correcta, pero ya empezamos a caminar. Debo añadir un elemento adicional. Estoy convencido de que el regreso del PRI al poder en México tiene su raíz en la absurda y trágica guerra contra las drogas en la que Calderón embarcó a todo el país. Esperemos que hayan aprendido la lección y estén dispuestos a considerar las alternativas. La presión de Estados Unidos puede ser mucha, pero los muchos miles de muertes sin sentido de los años recientes deben pesar más. Ese no es el camino a seguir. Las pruebas abundan en muchos cementerios a lo largo y ancho de ese gran país. Ha llegado el momento de considerar otra ruta. Mientras tanto, en Guatemala, pudiendo liderar esta ruta, perdemos el tiempo con un paquetazo constitucional dictatorial. Triste nuestro caso. Articulo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 05 de julio 2012.

Peligro, peligro, peligro…

Carroll Ríos de Rodríguez

Rechazaríamos a un zorro vendedor que nos dijera: “Pague cientos de millones por un pastel que será elaborado por 158 cocineros, pertenecientes a escuelas culinarias en constante pugna. Los cocineros devengarán jugosos salarios mientras discuten y trabajan; serán susceptibles a la presión de grupos de interés. Anticipe sorpresas, pues no tienen que seguir una receta particular, pero solo le entregaremos el producto final si la mayoría de la población lo aprueba. Eso sí, aunque se quede sin pastel, no le devolveremos ni un centavo. Confíe en mí, ¡saldrá delicioso!” Tal oferta haría sonar las alarmas internas en cualquiera, como en el robot B9 de la serie televisiva Perdidos en el Espacio: “¡Peligro, peligro, peligro!”. Por eso aquí, y en el resto del mundo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es comparada con la caja de Pandora: de ella puede escapar todo mal conocido. Aunque abrir la caja permite hacer modificaciones deseadas, pone en cuerda floja los artículos que preferiríamos dejar intactos. Lo que cada quien quiere cambiar o conservar varía: unos quisiéramos fortalecer el Estado de Derecho; otros querrán proteger privilegios, construir el socialismo del siglo XXI, o más. No obstante, el riesgo es real y generalizado si la ANC puede transformar las reglas del juego drásticamente. Racionalmente preferimos la Constitución conocida a una nueva que pudiera ser peor. Nadie puede garantizar el perfil de los constituyentes electos, la calidad de su trabajo ni el contenido que redactarán. Se reducen significativamente los costos asociados al proceso cuando es posible efectuar enmiendas constitucionales por otros caminos. La Constitución vigente reconoce iniciativa para proponer reformas al Presidente, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y al pueblo (un mínimo de 5,000 ciudadanos empadronados). Estas propuestas deben ser tramitadas por el Congreso “sin demora alguna”. Si dos terceras partes de los diputados la aprueban, se convoca a una consulta popular para su aprobación definitiva. Por lógica, el Congreso tendrá que atender las iniciativas conforme se reciben. Sólo se recurriría a una ANC para reformar el corazón de la Constitución (artículos 3-46 y el artículo 278), y antes se especificarían los artículos que esta podría alterar. El presidente Pérez ha recurrido a la vía alterna para su propuesta de reforma, mas propone que de aquí en adelante solo una Asamblea Nacional Constituyente pueda reformar la Constitución. Luce incoherente, habiendo él criticado el clamor del partido Líder por una ANC que refunde la nación. ¿Querrá obstaculizar futuras enmiendas, para que su reforma sea la última y definitiva? Si es así, estamos mal, porque constitucionalistas expertos opinan que la iniciativa oficial no es profunda, coherente o constructiva. ¿O querrá despejar el camino para luego convocar una ANC con poderes radicales? Si es así, estamos frente al tramposo vendedor. ¿Y por qué la prisa? Ciudadanos: ¡peligro, peligro! Esta batalla es ineludible: son altísimos los costos para cada uno de nosotros. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 04 de de julio 2012.

Negocios y genocidio

PEDRO TRUJILLO

De nuevo las diatribas sobre “genocidio” en el país. El debate no carece de importancia. De conseguirse una condena, hay sustanciosas cantidades de dinero para ciertas organizaciones y personas en concreto —los vividores del cuento y del conflicto—, así que tienen que luchar “por el pan de cada día”. Que recuerde, hay tres casos paradigmáticos relacionados con genocidio: el holocausto judío perpetrado por los nazis, el de Ruanda (hutus-tutsis) y el conflicto serbio-bosnio. El primero fue anterior a la Convención, el segundo tuvo una condena contundente, y el tercero, parcial (no internacional), pero en los tres se dan ciertas características que permiten comparar y extraer conclusiones, para no hablar sobre supuestos imaginarios, inventados o ideológicamente comprometidos. El holocausto puede calificarse de étnico-religioso y supuso la exterminación sistemática de todo aquel que fuera judío, precisamente por el hecho de serlo. No hubo ningún nazi en el grupo exterminado, ni a la inversa, ningún judío en el ejército nazi. Ambos grupos eran excluyentes. El caso ruandés fue eminentemente étnico y coincidió con el anterior en que un clan excluía al otro; se mataba al contrario precisamente por pertenecer a un colectivo diferente. Finalmente, el caso serbio-bosnio puede catalogarse también de étnico-religioso y la persecución —sistemática— ocurría por pertenecer al bando que profesaba otra religión. En resumen, en los tres supuestos había dos grupos perfectamente diferenciados, eran excluyentes entre sí, existía una intención de eliminar a uno de ellos de forma sistemática y había causas de orden étnico, racial o religioso, es decir, se daban las condiciones que la Convención determina. En el conflicto guatemalteco no se manifestó una sola de las características anteriores, razón por la que se han elaborado supuestos extensivos del delito o lo que es lo mismo, una invención prefabricada e interesada de las condiciones y de la situación o un intento de pacto judicial. Los dos bandos existentes: el Ejército (Estado) y la guerrilla estaban integrados por personas de diferentes etnias y no se dieron causas religiosas, raciales u otras que permitan establecer una persecución sistemática. Se agredía “al otro” porque pertenecía a distinto bando, sin importar quien fuese la víctima, el momento, la creencia, la etnia o la religión, lo que imposibilita establecer una categorización como en los casos anteriormente analizados. No se puede hablar de genocidio más que forzando la interpretación o acudiendo —como en un peritaje judicial— a definiciones como la del diccionario o la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ambas desechadas porque hay un convenio específico y preciso. Limitados a lo que dice la Convención —que es lo legal— de ninguna forma se puede establecer la relación causa-efecto que algunos quieren forzar. Esto no quita que efectivamente murió mucha gente en forma atroz y que haya quien abogue por buscar culpables o investigar las causas, pero de ahí a hablar con propiedad de genocidio hay un abismo que ni en el caso bosnio fue reconocido por tribunales internacionales. Se requiere seriedad en este tema, lo que no va con los manipuladores de la verdad que verán reducidas sus ayudas si no consiguen una sentencia favorable. Declarar que en Guatemala hubo genocidio, sin ajustarse a los postulados de la Convención, sería llegar a la conclusión de que en todo conflicto lo hay y eso es una inadmisible extravagancia judicial. A fin de cuentas a muchos de los que buscan “justicia” les pela las víctimas y únicamente reclaman protagonismo y dinero, a fin de cuentas, ¡viles y repulsivos mercantilistas del conflicto! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 03 de julio 2012.

La respuesta es no

JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO

Ya sabemos cómo le gustan las cosas al presidente: rapidito y sin mal modo. Así es como pretende “socializar” sus reformas a nuestra Constitución para que en pocos días los ciudadanos le aceptemos los cambios políticos más importantes de nuestra vida ciudadana. Pues en ese mismo estilo debe darse la respuesta: ¡no! Pareciera como que el candidato a la presidencia no es el mismo que gobierna. Primero dijo que habría un “pacto fiscal” y, en el poder, nos metió el aumento de impuestos más alto de nuestra historia, “de urgencia nacional”. En la campaña rechazó la tesis de legalizar las drogas y luego se lanza una “discusión” sobre su posible despenalización. Nunca dijo que tenía la intención de cambiar la Constitución y ahora propone modificar más de 50 artículos. La pregunta sin respuesta es ¿por qué? ¿Qué“problemas” se pretenden resolver con semejante modificación? No se sabe. La semana pasada comenzó la “socialización” de los cambios propuestos. Un “ilustrado” petit comité designado por el presidente rápidamente decidió cómo es que los guatemaltecos viviremos de ahora en adelante. El documento presenta, en la primera columna, el artículo constitucional vigente; en la segunda, el cambio propuesto, y en la tercera, los “comentarios”. Increíblemente no existen comentarios. Ni los siete “iluminados” ni el propio presidente nos quieren explicar la razón de todas y cada una de las 50 modificaciones a la Constitución. Solamente se habla de generalidades demagógicas. No, señor presidente. No es por ahí. Nuestra Constitución podrá adolecer de muchas deficiencias y cada ciudadano encontrará una distinta. Sin embargo, el país no está como está por culpa de nuestra Constitución. Hay otros defectos mucho más graves en nuestra legislación que merecen más de su escaso tiempo antes de pretender “tocar” nuestra Carta Magna. Por ejemplo: ya hay suficiente experiencia con la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por ahí podría comenzar. Reformándola para tratar de prevenir que el Congreso sea el refugio de delincuentes en el que se ha convertido. Luego debería seguir con la Ley de Servicio Civil, para que los ciudadanos podamos aspirar a tener funcionarios públicos con los incentivos correctos. Finalmente, le podría “entrar” a la forma como el Estado compra y contrata servicios. Allí es donde está el negocio de la corrupción generalizada en la ejecución del presupuesto público. Esa sí sería una reforma del Estado… Pero, obviamente, por ahí no va la cosa. El negocio de la política va demasiado bien como para que se le pongan cortapisas. Los lobos de la política quieren seguir teniendo los mismos privilegios para poder “cuidar” a las ovejas ciudadanas. De cara a ese escenario, los ciudadanos debemos rechazar de tajo los diversos intentos de los políticos —incluido a Baldizón— por cambiar nuestra Constitución. Ellos deben, primero, demostrar fehacientemente que son capaces de depurar un sistema hecho a su conveniencia antes de pedirles a los ciudadanos que les demos otro cheque en blanco, ahora con nuestra Constitución. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 03 de julio 2012.

Dictadura constitucional

Marta Yolanda Díaz Duran

Después de leer y analizar detenidamente el proyecto de reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, conocido popularmente como el paquetazo constitucional, presentado por Otto Pérez Molina, presidente del Organismo Ejecutivo, y sus asesores, puedo asegurar que el fin último del mismo es fortalecer el sistema presidencialista y casi desaparecer las pocas instituciones republicanas de nuestro actual sistema de normas. Además de intentar, de nuevo, formalizar las fracasadas reformas acordadas por los firmantes de los mal llamados acuerdos de paz de 1996, las que fueron rechazadas en la Consulta Popular de 1999. Uno de los mejores cuestionamientos que he leído a las intenciones del todavía MANDATARIO, es el hecho por el dirigente sindical Victoriano Zacarías, el cual fue publicado en el diario Prensa Libre del pasado 28 de junio: “¿Qué beneficio tenemos los trabajadores y ciudadanos? ¿Se va a terminar la delincuencia, el alto costo de la vida, el desempleo? ¿Habrá agua en algunas colonias donde pasan más de 8 días y no hay? Es lo que nos van a preguntar los compañeros”. Y son las preguntas básicas que debemos hacernos todos los todavía MANDANTES. Hago énfasis en la calidad de mandatario del Presidente (en buen chapín, el primer mandadero de la nación), y la facultad de mandante del ciudadano (el que manda al mandadero) porque en la parte del llamado “Fortalecimiento del sistema político”, incluyen una modificación al artículo 182, la cual deja de reconocer que el Presidente del Organismo Ejecutivo ejerce sus funciones por mandato del pueblo y lo convierte en Jefe de Estado y Jefe del Organismo Ejecutivo, cual émulo de Hugo Chávez y todo aspirante a dictador. Para rematar la intención de los ponentes de convertir al Presidente del Organismo Ejecutivo en soberano de la nación, incluyen cambios a varios artículos que van desde transformar en un monstruo de dos cabezas al Organismo Judicial (que al final dependerían del Ejecutivo) hasta eliminar el derecho de los ciudadanos a decidir bajo qué normas vamos a vivir, tal y como queda expresado en la modificación al artículo 279: “Para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Eliminan la consulta popular. Le quitan el poder de decisión al mandante: al ciudadano, al pueblo. Y las anteriores reflexiones son apenas las primeras que comparto con ustedes. Hoy quisiera tener al menos diez cuartillas de espacio para detallar, artículo por artículo, por qué el proyecto de reformas a la Constitución del gobierno debe ser rechazado por el bien de todos en el largo plazo. Nuestro presente contrato social, para llegar a ser verdaderamente una Constitución Republicana, necesita ser modificado. Pero no cualquier cambio nos va a permitir vivir dentro de un Estado de Derecho que nos proteja de los abusos de los gobernantes, de los delincuentes y de los criminales. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día 02 de junio 2012.