Sin prioridades claras

Verónica Spross de Rivera

La realidad del país nos lleva a tener que establecer claras prioridades para el gasto público. En todo momento los recursos fiscales son escasos. Siempre habrá mayores necesidades que recursos disponibles para satisfacerlas. Esta es una premisa fundamental en la disciplina económica. Por más que nos disguste esa situación, la realidad no puede modificarse. Por ello, se hace necesario tomar decisiones sobre cuáles son las prioridades a las cuales se les asignarán fondos públicos, provenientes de las contribuciones tributarias de los ciudadanos. Esa condición hace necesario priorizar los rubros de gasto que se incluyen dentro del presupuesto nacional.

Recién hemos presenciado la desatención de los diputados a la solicitud de las instituciones del sector justicia de revisar el presupuesto requerido para operar, pues lo consideran insuficiente para terminar el año. Ante la tremenda situación que se vive de criminalización creciente es procedente hacer el análisis y determinar si procede el aumento presupuestario. A primera vista pareciera que sí lo es. Mal hacen los señores congresistas en no dedicar tiempo y energía a hacer dicha revisión y determinar cuál es la realidad financiera del sector justicia.

Por otro lado, en las próximas semanas se estará trabajando en los distintos ministerios y entidades de gobierno en el proyecto de presupuesto para el 2012, por lo que definir prioridades claras resulta imprescindible. En primer lugar estarían lógicamente las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Deben dejarse los recursos necesarios para el fortalecimiento de la policía, el Ministerio Público y el sistema de justicia. Debe recordarse que es esta función la principal razón de la existencia del Estado, con el fin de garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Y, agregaría, garantizar la convivencia pacífica y en paz, elementos que generan calidad de vida.

En educación debe priorizarse la entrega de los recursos de los programas de apoyo a las escuelas. No deberán faltar fondos para la alimentación escolar, los libros de texto, los útiles escolares y los materiales didácticos de apoyo a la labor docente. Es importante revisar la fuente de financiamiento de dichos rubros para que estos sean prioridad de gasto. La asignación de recursos para capacitación y actualización docente también es fundamental. Y, no digamos el fortalecimiento de la educación secundaria, es necesario fortalecer los programas de becas y de programas que contribuyan a la generación de capacidades para el trabajo en los jóvenes, incluyendo inversiones en tecnología.

Los programas de transferencias condicionadas tendrían que ser revisados, a la luz de la evaluación de impacto que se viene realizando por parte del BID y sometidos al mismo análisis costo-beneficio por el cual deben pasar todos los proyectos de inversión pública. Habría que redefinir si éstas se enmarcan en una política social integral. En todo caso debe limitarse el crecimiento del programa y focalizarlo en familias de extrema pobreza.

Los programas de salud preventiva, las estrategias de combate a la desnutrición, infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos seguramente no deberían quedar fuera. Hay rubros fundamentales para apuntalar el crecimiento económico y el desarrollo humano.

Queda, sin embargo, poco espacio para la politización del presupuesto. El trabajo que deberá hacerse en el Congreso implica trabajar en base a una evaluación técnica de los costos y beneficios de los programas y proyectos. Los programas innecesarios o carentes de resultados deberían ser replanteados o eliminados. Segeplan deber asumir su liderazgo en cuanto a la vigencia del sistema nacional de inversión pública, para que todo proyecto sea sometido a un proceso técnico de evaluación de proyectos. El presupuesto 2012 debería responder a criterios de calidad del gasto, transparencia y priorización, dejando de lado los objetivos políticos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21"'el día miércoles 01 de junio 2011.