Rosenberg, ¿vive?

Marta Yolanda Díaz Duran.

La CICIG intentó hablar con el oficial para que pusiera sello y fecha atrasada, y que cambiara la constancia.

Pienso que no. La evidencia es contundente: sus familiares identificaron el cadáver. Por supuesto, podemos agregar muchas más pruebas que confirman la veracidad de mi respuesta. A diferencia del sonado caso del asesinato de Osama bin Laden, mucho más conocido que el de Rodrigo Rosenberg. Sin embargo, como el cuerpo del terrorista más buscado en la última década no fue expuesto ni circularon fotografías, hay quienes dudan de que esté muerto, entre ellos el buzo profesional y cazador de tesoros Bill Warren, quien organizó una expedición al mar Arábigo para encontrar los restos de Bin Laden y corroborar lo afirmado por el gobierno de EE.UU. En fin…

Soy coherente: lo que pienso concuerda con la realidad. Y sé que es real por la evidencia objetiva, no por presunciones subjetivas ni supuestas “verdades interinas”, expresión, por cierto, ilógica, incoherente y contradictoria, como ya lo he demostrado en artículos anteriores. Ahora bien, ¿adónde voy con la argumentación del presente escrito? A expresar nuevamente mis dudas, sustentadas en la falta de evidencia, sobre la resolución que le dio el hoy ángel caído, antiguo adalid de los políticamente correctos, Carlos Castresana, al asesinato del mencionado abogado. El susodicho que fue, por supuesto, apoyado por los miembros del que fuera su equipo cuando estaba al frente de la CICIG.

Agrego a lo dicho en el pasado (que incluye las contradicciones de los sicarios, los colaboradores eficaces, que llevan meses alegando que ellos cumplieron su parte del trato testificando lo que les pidieron y reclamando a los señores de la CICIG para que cumplan con lo que a ellos les corresponde como debe ser en un proceso de negociación), las recientes declaraciones de la jueza décima del ramo penal, Verónica Galicia, sobre la forma en la cual trabajan los fiscales del ente creado por la ONU. Esto y todas las contradicciones que tiene el escenario planteado por Castresana, las cuales yo y otros más hemos señalado en varias ocasiones.

La jueza Galicia declaró el martes 14 de junio pasado en lo que respecta al llamado caso Maskana que: “Se comprometieron a darme un informe el cual fue entregado fuera de tiempo. La CICIG intentó hablar con el oficial para que pusiera sello y fecha atrasada, y que cambiara la constancia de su notificación… Yo no sé cuál es el juego de la CICIG… no quiero considerar que están actuando de mala fe”. Entre otras cosas, ¿no es considerada esta acción de la CICIG como alteración de evidencia? ¿Tráfico de influencias? ¿Manipulación? ¿Cuántas veces ya han sido acusados de hechos similares? ¿De actuar con prepotencia e intimidar a involucrados en los casos que investigan? Si lo hacen hoy, ¿podemos confiar en que no lo hicieron ayer?
Sin duda, hay mucha tela que cortar. Y de lo otro que no tengo duda es que la presencia de la CICIG en Guatemala, en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo ha debilitado aún más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día lunes 20 de junio 2011.