El sistema de justicia

PEDRO TRUJILLO

La decisión judicial de absolver al ex presidente Portillo y a dos de sus ministros del delito de peculado ha generado un monumental grado de crispación. No tengo argumentos suficientes para inclinarme por quienes consideran que la sentencia fue correcta, por los que presuponen una manipulación de la misma por parte de dos de las juezas o por quienes argumentan una deficiente investigación del Ministerio Público. Tampoco me preocupan las explicaciones por ahora.

Lo importante en este momento es la percepción extendida de que hay gato encerrado, independientemente de si el felino se encuentra o no enjaulado. Si a esa duda razonable unimos el video donde se ve a uno de los abogados defensores del ex presidente junto al esposo de una de la juezas, las sospechas de los que creen que efectivamente el minino está encerrado crecen considerablemente, sobre todo conociendo los entresijos de la justicia y de esa forma tan peculiar y pintoresca de funcionar, que son los mejores calificativos de los que pocos pueden dudar.

Sin embargo, el punto clave de este enredo es que el sistema judicial está pasando su última prueba de fuego. Es el privado irrepetible de cómo funciona la justicia en el país, con el agregado de que cuenta con innumerables mejoras. La fiscal general y los jueces elegidos mediante un procedimiento público —aunque cuestionado— de postulación, repetición de procesos para hacerlos más transparentes y legítimos y una Comisión Internacional contra la Impunidad que ha investigado y es acusadora en esta denuncia. Si con todo esto el caso se cae, ¡sálvese quien pueda! No habrá forma de reconducir este caballo desbocado de la justicia que lleva rumbo a un precipicio sin fondo. El caso Portillo implicó al Gobierno, fue producto de una extradición y hay otra pendiente, se presentó y acompañó por la Cicig, pone a prueba el nuevo espíritu y forma de actuar del MP y se sustenta en la fiscalización social de los juzgadores. Si aún así no es inculpado o por el contrario se fuerza la condena a quien no se lo merece, será el último suspiro de algo que lleva años agonizando.

Paralelo y amarrado a este emblemático caso surgirá el del intento de inscripción de Sandra Torres, que echará sal y pimienta a las resoluciones que los magistrados finalmente adopten en las diferentes instancias. Nunca antes la observación —nacional e internacional— había estado puesta con más ahínco y esperanza en el país y nunca antes el sistema se había sometido a una prueba combinada de tal calibre, donde MP, jueces y la Cicig necesitan convencer o convencerse. Confesé al inicio no tener criterios claros para manifestarme, ahora reconozco que tampoco sé predecir lo que ocurrirá, aunque imagino escenarios inciertos y complejos. Las decisiones judiciales no siempre deben ser de nuestro agrado ni estar hechas a nuestra conveniencia, pero sí deben ajustarse a la ley. En algunos casos la línea puede ser muy sutil, en otros, tan clara que existen fuerzas maliciosas dispuestas a crear incertidumbre. Únicamente sé que es la última oportunidad que tiene el país para dejar sentados precedentes en el sentido que corresponda y trazar un nuevo rumbo. Yo no dudo de nadie, pero comienzo a sospechar de todos. No me gusta ver a un ex presidente en prisión, pero deseo ver a los ladrones encarcelados. No quiero que a nadie se le violen sus derechos, pero tampoco que los fraudes se legitimen y aplaudan. ¡Veamos qué ocurre!

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 17 de mayo 2011.