Pésimas reformas

Ramón Parellada

El paquete de reformas a la Constitución que el Ejecutivo dio a conocer no debe pasar a Consulta Popular porque es antidemocrático, destruye la división de poderes, le otorga al Gobierno la potestad de expropiar cuanta empresa se le ocurra y le otorga un poder inusual a la Universidad de San Carlos (Usac) en las decisiones más importantes de selección de orden judicial y constitucional, politizando las elecciones de jueces y magistrados. Es antidemocrático porque elimina la Consulta Popular como mecanismo para futuros cambios en los artículos no dogmáticos de la Constitución. No hay nada más democrático que la elección de un cambio constitucional mediante un referéndum o consulta popular. Además, el Congreso aún tiene pendiente someter a Consulta Popular la propuesta de ProReforma (www.proreforma.org.gt). El Gobierno tendrá la potestad de expropiar hasta el 40% de cualquier empresa que use recursos naturales. El Presidente ha dicho que solo se trata de empresas nuevas extractivas y no las que ya existen. Pero eso no es lo que dice el artículo que se pretende reformar. Lo que dice el artículo es que el Gobierno podrá siempre adquirir hasta el 40% de las acciones de las empresas que usen recursos naturales. No dice tampoco que sean solo las extractivas ni las no renovables ni las nuevas; aplica a todas. Sea como sea, este artículo es confiscatorio, se contradice con la defensa de la propiedad privada que está en el cuerpo dogmático de la Constitución y ahuyenta toda inversión. El daño que este artículo ha hecho ya a los más pobres de Guatemala es enorme, pues la única forma en que pueden mejorar su nivel de vida es con más inversión per cápita. Una mejor propuesta, más democrática y que eliminaría todo conflicto por el subsuelo sería que el dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo a través de un título. Esto funcionaría en forma similar a como funcionan los títulos de usufructo de frecuencias (TUF) solo que en este caso hablaríamos de títulos de usufructo de subsuelo (TUS). El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la Constitución, pero el campesino o comunidad que poseen una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades. La propuesta destruye la división de poderes, ya que el procedimiento para los nombramientos de jueces y magistrados de la Corte Suprema, así como el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quedan politizados, dándole preponderancia a la Universidad de San Carlos en todas las elecciones. Además, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dependerá de la Corte Suprema de Justicia. ProReforma tiene una propuesta que despolitiza la elección y asegura la independencia de poderes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Corte de Constitucionalidad serían elegidos mediante sorteo, en forma pública, delante de la Comisión de Postulación y de los demás candidatos designados para el cargo (que será en forma vitalicia). La Comisión de Postulación solo debe elegir a los candidatos que califiquen según parámetros objetivos. El sorteo y la publicidad del evento de la elección garantizan también la despolitización e independencia de poderes, eliminando así la injerencia del ejecutivo y de cualquier otra entidad interesada. Tal como están las reformas pareciera que es un primer paso para que el Ejecutivo se perpetúe en el poder adquiriendo más poder. Estas reformas deben ser retiradas por el Ejecutivo. No creo que deban someterse a Consulta, y si lo hacen deben rechazarse con contundencia. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 05 de julio 2012.