Caso Torres y el Estado de Derecho

Carroll Ríos de Rodríguez

No creemos que Guatemala pueda encaminarse hacia un verdadero Estado de Derecho.

Nadie piensa que las acusaciones de corrupción contra la Sra. Gloria Torres y sus hijas sean fabricadas o frívolas, pero sí nos asombró la activación del caso ahora. Quisiéramos entrever un patrón: ¿cuáles funcionarios se logran colocar por encima de la ley, y cuáles no? Estamos acostumbrados al abuso de poder, la prepotencia y la impunidad. No creemos que Guatemala pueda encaminarse hacia un verdadero Estado de Derecho. Pensamos que los casos como el de Portillo y Óscar Dubón son fortuitos. Este drama, como otros anteriores, confirma la importancia del debate respecto del fortalecimiento del sistema de justicia.

Nuestra actitud de incredulidad tiene raíces profundas. Es deplorable la calificación de Guatemala en el Índice de Estado de Derecho de 2011, generado por el World Justice Project. Se nos evalúa con una escala de 0 al 1, siendo 1 el punteo más alto, en ocho aspectos: claros límites a los poderes del gobierno (0.43), ausencia de corrupción (0.48), orden y seguridad (0.62), garantías a los derechos fundamentales (0.58), apertura del gobierno (0.45), cumplimiento de las regulaciones (0.49), acceso a la justicia civil (0.48) y sistema de justicia criminal efectivo (0.42). Horror: en criminalidad, Guatemala ocupa la casilla 63 de los 66 países medidos. El Gobierno no rinde cuentas. No se suele sancionar a las autoridades por violar la ley, y los poderes del Ejecutivo no son efectivamente limitados por los otros poderes del Estado o instancias no gubernamentales. Persiste la corrupción en las fuerzas de seguridad, las cortes y el Ejecutivo. Se aduce que dicha corrupción, los procedimientos engorrosos, la ignorancia y barreras de idioma constituyen trabas a la justicia civil. El sistema penitenciario falla. Seguimos la tendencia latinoamericana hacia los contrastes: a pesar de avances en garantías personales y apertura política, la corrupción y la percepción de impunidad nos hunden.

El citado índice es perfectible, pero es un esfuerzo académicamente serio. Las grandes dimensiones del Estado de Derecho se desagregan en 52 subfactores para formar más de 400 variables. La información se recaba entre el público en general (1,000 encuestados por país) y expertos locales.

Una contribución del índice es que dibuja la meta, siguiendo la amplia directriz de Aristóteles, quien intuyó que “el único estado estable es aquel en el cual todos los hombres son iguales ante la Ley”. Guatemala vivirá en un Estado de Derecho cuando las mismas leyes rijan sobre todos los ciudadanos sin excepción, incluidas las autoridades, y cuando nuestros derechos fundamentales sean protegidos por reglas conocidas, estables y justas. Además, serán eficientes, accesibles y justos los procesos para aprobar, ejecutar y hacer valer las leyes. Todos los actores involucrados en el sistema de justicia nos brindarán un eficiente y certero acceso a la justicia.

Urgen ciertas reformas constitucionales y otras más específicas, no cambios impulsivos ni a medias tintas, sino bien pensados, integrales y coherentes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día miércoles 07 de diciembre 2011.