martes, 17 de julio de 2012
¿Ley de Minería? ¿Inconstitucional?
Estuardo Zapeta
El caso ante la Corte de Constitucionalidad, en grandes líneas, es el siguiente: un grupo de organizaciones, principalmente indígenas, apoyadas por grupos ecologistas y la Iglesia, decidieron solicitarle a la CC que declare inconstitucional la Ley de Minería, sobre la base de que no fue consultada a los pueblos indígenas y que el Convenio 169 ya estaba vigente, lo cual obligaba a una consulta popular (“de buena fe”), según lo establece el mismo instrumento internacional.
Un caso interesante por muchas razones de las cuales señalo algunas en este espacio:
1. Si la CC acepta como válido el argumento de inconstitucionalidad de la Ley de Minería por no haber sido “consultada” estando el Convenio 169 ya vigente para Guatemala, la avalancha, el tsunami, el maremoto de inconstitucionalidades a tantas leyes que fueron aprobadas después de la ratificación de dicho Convenio sería incontenible. Y debido —y ese es parte del argumento de los grupos indígenas— a que Guatemala es mayoritariamente indígena, toda ley —de bancos, de telecomunicaciones, tributaria, de desarrollo, de seguridad, educación, etc.— que haya sido aprobada pero no “consultada” post-ratificación del 169 sería entonces “inconstitucional”. Imaginarán los lectores qué significa eso para Guatemala. De hecho, no solo la Ley de Minería afecta a los pueblos indígenas. Todas las leyes afectan a todos los indígenas.
2. La CC ya se ha pronunciado en estos casos de “consultas”, y aunque es en casos específicos, la respuesta de la Corte ha sido consistente en señalar que si bien las “consultas” son ejercicios loables y democráticos, no son ni vinculantes, ni tienen ese poder de “veto” que los grupos indígenas quisieran. De hecho, el mismo Convenio 169 no tiene ese poder de “veto” argumentado por los ambientalistas, la Iglesia y las ONG indígenas. Si la CC ha dicho eso con relación a las “consultas” por qué habría de decir otra cosa cuando la materia en cuestión es básicamente la misma. Además, el Convenio 169 hace referencia a “consultas de buena fe” que ni existen en Guatemala, y por lo tanto no están reguladas. Primero habrá que darles “vida”, luego regularlas, para después estudiar sus ámbitos de aplicación. Las “consultas populares” que los grupos indígenas han promovido no son más que “referéndum” acerca de un tema del que ellos están en contra, y por eso se hacen ya “amañadas” y poco creíbles.
3. La ratificación del Convenio 169 se hizo bajo la explícita premisa (y así lo dice el Art. 1 del Decreto de Ratificación) que no es superior a la Constitución de Guatemala. Entonces, un Convenio que es considerado NO superior a la Constitución, pregunto, ¿cómo podría ser la base para declarar una Ley “inconstitucional?”. La idea de las ONG indígenas es que la Ley de Minería no fue “consultada” como lo ordena el 169; entonces es inconstitucional. Pero siguiendo esa lógica habrá cambiado entonces el sistema político guatemalteco, el Congreso no tendría sentido como la representación y el requisito sería leyes por “consulta”. Interesante.
Continuará . . .
Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día martes 17 de julio 2012.
lunes, 16 de julio de 2012
Carta a Marta
Marta Yolanda Díaz Duran
El martes pasado, 10 de julio, a pocas horas de haber regresado a Guatemala después de un viaje de 10 días, me encuentro al leer los matutinos nacionales con la columna de Marta Altolaguirre titulada “Reformas Constitucionales II”. Aclaro que leo a pocos columnistas de mi país: puedo contarlos con las manos y me sobran dedos al hacerlo. Lo digo sin pena. Elijo leer a aquellos que considero parten de premisas verdaderas y contribuyen a mi proceso de aclararme las ideas. Marta forma parte de este grupo. No siempre coincidimos en nuestras valoraciones, pero hoy aparentemente nos encontramos en puntos totalmente opuestos, hecho que me sorprendió.
Tampoco suelo meterme a discusiones interminables en los espacios de opinión. Más aún, en cualquier campo solo dialogo con personas que son intelectualmente honestas: aquellas cuyo objetivo es encontrar la verdad (concordancia de lo que se piensa con la realidad). Todos nos equivocamos, y la única forma de encontrar el origen de nuestro error es identificando nuestras premisas y determinando cuál o cuáles son falsas. La discusión entre gente que elige usar su razón (facultad que nos permite identificar la realidad) nos facilita el proceso y su fin: emitir nuevos juicios sustentados con evidencia y argumentos verificables.
Creo que Marta es una intelectual y académica honesta, profesional y bien intencionada, por eso he decidido comentar su artículo, por ser yo una de las personas que públicamente ha rechazado el “Proyecto de Reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala” presentado por el actual Presidente, Otto Pérez Molina, decisión que sigo sosteniendo. Lamento que Marta haya caído en la falacia de la generalización a la hora de criticarnos. Pienso que los motivos por los cuales me opongo han sido sustentados con argumentos y evidencia objetiva.
Sí, algunos cambios pueden ser positivos (por ejemplo, la eliminación del artículo 160). Pero el problema, Marta, es que el proyecto es uno y como un todo quiere Pérez Molina que sea aprobado, como lo ha declarado en varias ocasiones. Y los cambios propuestos, cuando se analizan como un todo, apuntan a un fin específico: fortalecer el sistema presidencialista, aumentar el poder del Presidente del Organismo Ejecutivo que, por cierto, dejaría de ser mandatario del pueblo de Guatemala (modificación al artículo 182). ¿Considera que esto contribuye a alcanzar el objetivo del “fortalecimiento de los pesos y contrapesos y no el ejercicio prepotente y abusivo de ninguno de los Organismos del Estado”? (elPeriódico, 3 de julio de 2012, pág. 21).
Muchas cosas más tengo que decir, pero el espacio se me acaba. Espero tener la oportunidad de compartirlas con usted personalmente en una próxima oportunidad. Pero por hoy, quiero terminar recordándole el sabio refrán que hace ver que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. No muerda el anzuelo. No caiga en la trampa.
Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día lunes 16 de julio 2012.
jueves, 12 de julio de 2012
Fracaso anunciado
JORGE JACOBS A.
Cuando dijimos que el paquetazo fiscal y las leyes antiinversión tendrían como resultado que la recaudación bajara, se nos tildó de locos, antisistema, antipatriotas, defensores de los evasores y muchas otras cosas que por respeto a los lectores prefiero no repetir. Pero el tiempo pasa y las primeras evidencias empiezan a confirmar lo que en su momento aseveramos. En unas declaraciones dadas el día lunes ante diputados de la bancada de la UNE, Dorval Carías, viceministro de Finanzas, indicó que se tenía previsto que la carga tributaria llegara este año al 11.1%; sin embargo, no se cumplirá con ese presupuesto, y lo más probable es que la carga tributaria cierre el año en 10.9%. De una vez se adelantó el viceministro a acusar como responsable de esta recaudación menor a “la falta de aprobación de la ley que flexibilizaría el secreto bancario y que le permitiría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acceder a la información de las cuentas bancarias de los contribuyentes” (elPeriódico, 10/7/12, p.10).
¡Qué fácil es para los burócratas y tecnócratas zafar bulto de sus metidas de pata!
Es importante recordar que durante mucho tiempo los burócratas, los tecnócratas, los del G40, los de la ONU, etc. nos estuvieron remachando que con las leyes antiinversión —antievasión, por si no lo entendió— y con el paquetazo fiscal —pacto fiscal, para ellos— se iba a incrementar la recaudación. Ese era el gran argumento para justificar la aprobación de estas leyes. También era el argumento para descalificar cualquier oposición: los que se oponen es porque no quieren pagar más impuestos.
Pues bien, a pesar de la oposición que algunos hicimos, el mundillo político y tecnócrata logró la aprobación de ambas leyes antiinversión, logró la aprobación del paquetazo fiscal y solo le quedó pendiente la eliminación del debido proceso para pasar sobre los derechos de los ciudadanos —lo que eufemísticamente denominan “eliminar el secreto bancario”—. Se aprobaron y ya están en vigencia, con excepción de algunas normas que empiezan a funcionar el año entrante.
¿El resultado?, como ya lo veíamos venir quienes en su momento lo advertimos: la recaudación tributaria empezó a “desacelerarse”. Ahora ya pasamos al siguiente grado y la recaudación está cayendo. Para su referencia, el año pasado la carga tributaria fue de 11.0%. Si lo que todos los impulsores de esta legislación dijeron fuera cierto, la misma debiera crecer este año, que de hecho es lo que tenían “presupuestado”; sin embargo, la realidad es que, lejos de crecer, la carga tributaria disminuirá. Por aquello de las dudas, hago la comparación de la recaudación en términos relativos y utilizando sus propias cifras, para que no salgan con otras excusas.
Lamentablemente el tiempo nos da la razón. Lo peor es que la caída de la recaudación tributaria es el menor de los problemas. Las consecuencias serias apenas las empezamos a percibir: caída de la inversión, caída del empleo, empresas que han trasladado sus operaciones a otros países. El año entrante las consecuencias serán mucho peores. ¡Lástima que los políticos no entienden de estas cosas y se dejan apantallar por los “expertos” que en su vida han creado riqueza ni pagado una planilla!
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 12 de julio 2012.
Libertad y desarrollo en Guatemala
Ramón Parellada
El martes pasado asistí al lanzamiento de la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala y que es dirigida por su actual presidente Dionisio Gutiérrez. Debo decir que salí con mucho optimismo. Hay esperanza para nuestra Guatemala porque hay gente muy comprometida en hacer las cosas bien para que logremos reducir la inseguridad y falta de justicia, alcanzar un crecimiento económico sin precedentes y pasar al selecto club de países más desarrollados.
El lanzamiento de la Fundación Libertad y Desarrollo tiene el apoyo del ex jefe del gobierno español y actual presidente de la fundación para el análisis y los estudios sociales Faes, José María Aznar y del el ex gobernante de Colombia, Álvaro Uribe. Ambos estaban en el lanzamiento. También cuenta con el respaldo del ex mandatario de Chile, Ricardo Lagos, quien no pudo venir por compromisos ineludibles. El apoyo es muy importante para ese nuevo centro de estudios o Think Tank en Guatemala que tratará de crear una Escuela de Gobierno, entre otras cosas, para formar a los políticos y funcionarios desde antes que lleguen al poder y que sean buenos profesionales para lograr lo que tanto Dionisio como los ex presidentes presentes denominaron “un buen gobierno”. El jefe de Estado de Guatemala, Otto Pérez Molina, también estaba entre los presentes y se le veía muy entusiasmado con esta iniciativa y expresó su admiración a los ex presidentes Aznar y Uribe.
Aparte de estas grandes personalidades, la fundación cuenta con el apoyo de diversas universidades y centros de estudios de prestigio de otros países. La idea es que este centro de estudios logre aprovechar las experiencias y trabajo profesional que otros han desarrollado para que se haga también en Guatemala y el resto de países centroamericanos. Me impresionó la cantidad de líderes de todos los sectores y gobierno que asistieron a este lanzamiento. El poder de convocatoria fue impresionante. El esfuerzo atrás de la fundación me parece, además, de lo más serio, por lo que veo con muy buenos ojos esta gran iniciativa.
Dionisio comenzó el evento con una palabras de reflexión cuestionando por qué en Guatemala estamos como estamos a pesar de que el mundo ha mejorado tanto. Y es cierto, el nivel de vida de la humanidad ha mejorado en casi todas partes, más salud, más ingresos percápita, más desarrollo, menos delincuencia, más justicia, etc… y en Guatemala no se ven estos resultados, o al menos no al ritmo de los países más desarrollados. Por ello, se involucró de lleno invirtiendo tiempo y recursos a modo de que las cosas cambien a partir de una educación política y económica que prepare a aquellos que quieren dedicar una parte de su vida al gobierno, mejor dicho, al “buen gobierno”.
Entiendo por un buen gobierno aquel que fortalezca todas las instituciones que garanticen la libertad de sus ciudadanos a través de un verdadero Estado de Derecho. Un buen gobierno es, como dijo el ex presidente Aznar, el que un gobernante logra en un país cuando al finalizar su período lo deja en mejores condiciones que cuando lo inició. En su caso con mayor desarrollo económico, libertad para sus ciudadanos y prosperidad. En el caso del ex presidente Uribe, también con mayor desarrollo económico, libertad, prosperidad pero además con mucha más seguridad y justicia, tema que era crucial resolver, como bien mencionó, para lograr todo lo demás.
Deseo que la Fundación Libertad y Desarrollo sea todo un éxito porque también será el de todos los guatemaltecos que veremos cambios grandes y positivos en nuestro país. ¡Felicitaciones!
Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 12 de julio 2012.
martes, 10 de julio de 2012
La “consulta” popular
PEDRO TRUJILLO
Al menos en cuatro ocasiones pregunté -en otros tantos foros- si alguno de los allí presentes presenció o tenía documentada una consulta de esas que dicen hacerse al amparo del convenio 169 de la OIT. En todos los casos la respuesta fue negativa. Se habla —en exceso— sobre la “consulta popular indígena”, pero pareciera que pocos pueden hacerlo con propiedad porque desconocen cómo se desarrolla el evento. Tengo la suerte de tener documentadas algunas y es por ello que me permito abordar la discusión.
Lo primero por decir es que esas consultas no se parecen a lo que el imaginario social podría configurar como un referéndum. No es secreto, más bien público. Delante de la comunidad se hace cola frente a las mesas del “sí” o del “no”, con lo de cohibición y coacción de la libertad que conlleva tal situación; hay mítines previos y/o posteriores —o durante— el acto, conductas que direccionan el voto e intimidan; discursos de “líderes” que promueven la decisión interesada de los organizadores; no hay censo constatado ni supervisado, sino que cualquiera puede votar; se falsifican nombres, firmas y otra forma de identificación personal (tengo el documento); activistas interesados colocan en fila a las personas, separando —en ocasiones— hombres de mujeres, aunque luego se quejan de discriminación, machismo o racimo; banderas partidarias apoyan el evento, y un larguísimo etcétera observable cuando se analizan esas “consultas” que no reflejan la libertad de una comunidad para expresar una posición, mas bien es el resultado de la manipulación y el dirigismo de ciertos bochincheros asociados al crimen organizado, a ideologías trasnochadas o a los pagados de costumbre por ayuda internacional.
En resumen, el procedimiento de consulta en comunidades indígenas es un puro fiasco que, además de no ser vinculante, tampoco guarda parámetros mínimos de transparencia, seriedad ni participación popular. Nos dieron atol con el dedo, porque así interesa a quienes negocian con ello al recibir sustanciales cantidades por resultados obtenidos. El convenio 169 expresa en el primer literal de uno de los artículos que aborda el tema, que las consultas se deberán de hacer “en particular a través de sus instituciones representativas”, que es precisamente lo que no desean esos manipuladores porque aquellas sí fueron elegidas democráticamente mediante voto secreto y representan el sentir de la mayoría, lo que anularía sus viciados propósitos de cambiar una situación legal y legítima.
Muchos de los defensores son golpistas técnicos, quejumbrosos de todo lo que las leyes mandan o la mayoría decide apegada a los procedimientos vigentes y despreciativos cuando hay sentencias en su contra, promoviendo la vulneración de normas y el irrespeto a las instituciones, además de atentar contra la libertad del individuo. Exigen cumplir la ley, pero ellos no lo hacen ¿Dónde está la observación internacional en esos “comicios”?, algo que enérgicamente exigen cuando es nacional. Esto no es más que el proceder de los radicales de costumbres incapaces de ganar en las urnas y que necesitan utilizar la trampa, el engaño, la corrupción, la presión o la intimidación como forma de alcanzar los puestos que la voluntad popular —que tanto reclaman— les niega. Aprendieron durante el conflicto y no dejan las malas mañas. Creen tener la razón, pero carecen de legitimidad y de humildad para reconocer que nadie los prefiere —de ahí el magro resultado en elecciones— optando por ejercer la tradicional violencia, mientras son mantenidos por otros que piensan como ellos. ¡Valiente consulta popular “democrática”!
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 10 de julio 2012.
No, no nos “pela”
JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
Algunas personas han protestado por el tono vulgar de la reciente campaña de “concientización” que el Gobierno ha impulsado contra la desnutrición infantil. Yo, más que cuestionar el estilo literario, cuestiono la osadía de los funcionarios públicos al pretender endilgarnos un problema que es resultado directo de su indiferencia e incompetencia. “Más del 50% de los niños padecen de desnutrición crónica” —anuncia el Gobierno— “¿Y a ti te pela?” —nos cuestiona. La respuesta es no, no nos “pela”. Semejante estadística es motivo de vergüenza y preocupación para cualquier ciudadano.
Sin embargo, hay relativamente poco que, a nivel individual, cada uno pueda hacer. Los economistas le llaman el “problema de la acción colectiva”. Para cada persona es difícil organizarse e iniciar una acción que tienda a disminuir el problema. En buena medida, el Gobierno se constituye para solucionar ese tipo de problemas. ¿Entonces? ¿Por qué continuamos con índices tan altos de desnutrición?
El problema persiste porque los niños desnutridos no votan y eso les resta atractivo de cara a los políticos. Por eso es que, a pesar de los Q60 mil millones de presupuesto y de bolsas “solidarias” —ayer— o “seguras” —hoy— el problema sigue y, ahora, el Gobierno tiene las agallas de pasarnos a los ciudadanos la papa caliente. Y que conste que el sector privado —los ciudadanos— nunca les ha “pelado”. Cuando, durante el gobierno de Alfonso Portillo, la prensa mostró la grave situación de desnutrición que se dio en los municipios de Camotán y Jocotán; las empresas fueron las primeras en llegar a paliar el problema. Hoy en día otras empresas se han propuesto contribuir a eliminar la desnutrición en otros municipios. No, no nos “pela”. Ni tampoco es, como estúpidamente cuestionan otros, que la ayuda privada es para pagar menos impuestos.
Así que la campaña no debe preguntarnos si “nos pela” la desnutrición infantil. La pregunta hay que devolverla a los políticos que están y han estado al frente del Gobierno. ¿Por qué, si la desnutrición es un problema tan grave, no le dedicaron los recursos necesarios para aliviarla? ¿Por qué fueron a distribuir comida a regiones que eran más políticamente rentables y no a los lugares en donde más se necesitaba? ¿Por qué no han adoptado políticas públicas que estimulen el crecimiento económico para solucionar el problema de fondo?
Si Guatemala tiene uno de los índices de desnutrición infantil más altos del mundo es por la incompetencia e indiferencia criminal de los gobiernos a quienes si les “ha pelado” ese problema. Es imposible creer que no hubiesen podido destinar todo su esfuerzo en aliviar una situación tan grave. En todo caso, los ciudadanos, organizados en empresas e individualmente, lejos de ser indiferentes, se han dado a la tarea de atacar, por su propia iniciativa, la gravísima situación. ¡Qué agallas tienen los funcionarios para gastarse el dinero en una inútil propaganda! ¿A cuántos niños se hubieran podido alimentar con esos recursos ahora desperdiciados? ¿Y a ti qué? ¿Eso te “pela”?
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 10 de julio 2012.
Muerte a la minería...
Estuardo Zapeta
Hace un tiempo fue publicado en Honduras un artículo que hoy es mas que relevante volverlo a releer dado las posiciones radicales, incluida la del Gobierno con una propuesta de nacionalización “constitucional” de hasta 40% de empresas mineras. Fue Santos Gabino Carvajal quien publicó ese magnífico artículo en clave de hipérbole acerca de la posición irracional del movimiento “antiminero”.
Dice Carvajal: “En primer lugar los minerales hay que dejarlos enterrados y que no le sirvan a nadie, se debe destruir la posibilidad de que la actividad minera sea una fuente de empleo, inversión y mucho menos una actividad productiva y jamás un negocio y esto se logra si se toma una decisión definitiva y radical de no usar, vender o comprar productos que provengan directa o indirectamente de la minería.
“Para el caso, si se va a casar con el amor de su vida, no intercambie anillos, ni arras, porque son de metal; si va a nacer una criatura, que sea en un petate o en el suelo, porque las camas del hospital o clínica está hechas de hierro. Si está enfermo y necesita operarse no lo haga, porque el bisturí y demás implementos médicos son de metal; si tiene problemas en la vista, oído o piernas, no use lentes porque los vidrios y aros son productos hechos de metal, igualmente los audífonos y aparatos ortopédicos”.
“No oiga radio, equipo de sonido, ni vea televisión porque esos aparatos son fabricados con piezas metálicas; la basura no la ponga en los depósitos que porque son de metal (o cemento); no tenga en su cocina estufa, refrigeradora, o micro porque son de metal; no utilice energía eléctrica porque el generador, transformador, alambres y aún los focos son hechos de metal; las llaves, grifos, lavaderos, no debe usarlos porque son de metal. El niño al ir a la escuela debe hacerlo desnudo y descalzo y sin útiles, porque esas cosas las hacen en máquinas hechas de metal...”
“Deje de comer porque las cacerolas, ollas, sartenes, cucharas, tenedores, cuchillos son de metal y cuidadito con beber refrescos o cervezas en lata o en botella. No use computadoras, iPod, celulares; aretes, joyas, relojes porque son de metal”.
“No tenga martillos, serruchos, palas, picos, barras, azadones, rastrillos, machetes, porque son de metal... No ponga en su casa verjas, alambradas, portones o balcones porque son de metal”.
“Duerma a la intemperie o bajo un árbol porque las casas, edificios, apartamentos, los construyen con productos de la minería, igualmente las escuelas, hospitales e iglesias y no use sortijas, medallones, crucifijos, cadenas, porque son de metal... Mire a su alrededor y si ve cosas hechas con productos metálicos destrúyalas, bótelas pero por ningún motivo las vuelva a usar”.
“El megáfono, micrófono, teléfono, imprenta, con que habla y escribe con pasión ¡no a la minería!, son de metal, no los vuelva a usar porque se convierte en contribuyente de lo que quiere destruir. Creo que si se es serio y se emprende una campaña de no tener, comprar o usar cosas que tengan contenido metálico, segurito que se acaba con la minería”.
¿Quién empieza?
Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día martes 10 de julio 2012.
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