Historia de un patán borracho

Karen Cancinos

Luis Javier Rodríguez Chun se llama el veinteañero que hace dos meses embistió mi auto. Ese jueves 31 de mayo, a las 5:45 de la tarde, circulaba yo por el Boulevard Landívar en dirección al área de Cayalá, cuando escuché un chirrido de llantas. Luego vino una especie de golpe seco. Volé entonces –literalmente–, pues mi carro se elevó metro y medio. Pum, pum, pum, pum: pasé quebrando cuatro arbolitos del arriate antes de caer al otro carril del boulevard. Por unos segundos me pareció estar inmersa en alguna mala película “de acción”, esas en que alguien se mete en una congestionada avenida en sentido contrario al tránsito y, por supuesto, esquiva todos los autos. Pero la cosa es mucho menos emocionante y más angustiosa que eso: los conductores de los vehículos que venían de frente, tan asustados como yo, bocinaban y hacían eses sobre el asfalto. Ninguno chocó de frente contra mí, cosa que hubiese ocasionado una tragedia, pues todos íbamos a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Bueno, casi todos. El patán que me embistió había ido quién sabe a cuánto. Cuando finalmente fui a chocar de lado contra un paredón, respiré hondo y me quedé pasmada. Al cabo reaccioné, me quité el cinturón de seguridad, me palpé brazos y piernas y me vi al espejo retrovisor. No sangre, no dolor, solo taquicardia y una expresión espantada que me duró horas. Un hombre joven se acercó a preguntarme si estaba bien y me ofreció su celular para hacer llamadas. Lamento no haberle preguntado su nombre para agradecer aquí su disposición de buen samaritano, pero en momentos como ese no piensa una con claridad. Vi hacia atrás, al otro lado del boulevard: el carro que me había embestido, un Nissan gris, estaba volcado, aplastado, en medio de un charco de cristales rotos. Recuerdo haber pensado: “Allí hay un muerto”. Atarantada, llamé a mi marido, salí de mi muy maltrecho auto, crucé el boulevard y me dirigí al otro lado. En el arriate estaba el alcalde Arzú, con el ceño fruncido. Parecía muy preocupado por “sus” arbolitos. Al parecer circulaba casualmente por el lugar, así que se bajó a ver el estropicio y cuando tomó debida nota de la escena, se subió a su carro y se fue. En unos minutos aquello se volvió un hervidero de bomberos, policías civiles, policías de tránsito, mirones y conductores ofuscados por el atasco que se armó. Entonces, el “muerto” salió arrastrándose del Nissan destruido. Era un joven que se tambaleaba pero no de las heridas –no tenía ni un rasguño– sino de la borrachera que se cargaba y que se había puesto en la URL, donde estudia Ingeniería según dijo. Lo que ha pasado en estos dos meses últimos es la miscelánea infortunada de este tipo de cosas: un contrato de reconocimiento de deuda que el fulano firmó pero que luego incumplió, estafa mediante cheque, en fin, el tipo es una joya. Obviamente es el menos recomendable para un trabajo o una beca (DPI 2117-32621-0101), pero también –y ese es mi punto– para una renovación de licencia de conducir. En medio de su nube etílica, dijo que su mejor amigo había muerto en un accidente poco tiempo atrás… y que él lo acompañaba. Por lo visto ha salido ileso de los accidentes que provoca. Su amigo no tuvo tanta suerte. Pero yo sí, y por eso digo que irresponsables de ese calibre no deberían tener licencia para matar. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día viernes 31 de agosto 2012.

El fracaso de la narcoguerra

Estuardo Zapeta

El presidente Otto Pérez Molina ha insistido correctamente en el señalamiento que la estrategia de lucha y guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Y los ejemplos de México y Guatemala son sólo dos muestras que urge cambiar la estrategia. Mientras tanto, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha explicado la posibilidad que las mafias busquen establecer en Guatemala una especie de “fábrica” de drogas ilegales. Hace un par de años, Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, presentó de manera contundente razones —que aquí presento de manera parcial y breve— por las cuales debe considerarse ya la descriminalización, despenalización y legalización de las drogas ilícitas. Dice Hidalgo: “Ningún proponente de la legalización ha dicho que ésta sea una panacea. Sin embargo, sí es substancialmente mejor que el fracaso patente de la guerra contra las drogas. La legalización no es una solución al ´problema de las drogas´. Pero así como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque errado al problema del abuso de las drogas . . . Hace poco más de 40 años, el entonces presidente Richard Nixon lanzó la guerra internacional contra las drogas. La prohibición sobre ciertos estupefacientes ya era de larga data en EE.UU. En 1914 el Congreso de ese país prohibió la cocaína, la heroína y drogas relacionadas. En 1937 fue el turno de la marihuana. Sin embargo es debatible el alcance en que las autoridades estadounidenses hacían cumplir estas leyes. Todo eso cambió en 1969 con la declaración de Nixon . . . En 1919 se ratificó en dicho país la XVIII enmienda a la Constitución, la cual prohibió la fabricación, venta, transporte e importación de las bebidas alcohólicas en el territorio estadounidense. Una década más tarde, la llamada Prohibición era un fracaso. Lo que antes era un negocio formal degeneró en un mercado negro altamente lucrativo y muchas veces violento. Bandas criminales poderosas luchaban en las calles por el control del mercado, al tiempo que corrompían a las autoridades . . . La Prohibición había fracasado en lograr su objetivo ilusorio de impedir que los estadounidenses consumieran alcohol, y más bien sus efectos secundarios —violencia, corrupción, insalubridad— probaron ser más perniciosos que los males relacionados al alcoholismo. En 1933, mediante la ratificación de la XXI enmienda a la Constitución, EE.UU. acabó con el fallido experimento. . . .” Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro El Narco: La guerra fallida, ilustran cómo el precio de la cocaína va exponencialmente en aumento conforme se acerca a su destino final en EE.UU. De acuerdo con información recabada por los autores, el kilo de cocaína pura se vendía en Colombia a aproximadamente $1,600. Ese mismo kilo aumentaba su precio hasta $2,500 al llegar a Panamá. Una vez en la frontera norte de México ya costaba $1,000, y en Estados Unidos aumentaría a $20,000. Luego, en las calles de las principales urbes estadounidenses, ese mismo kilo de esa droga podría llegar a venderse al menudeo en $97,000. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día viernes 31 de agosto 2012.

Ley de competencia

Ramón Parellada

¡Una nueva ola reguladora nos ahoga! Ahora nos tocó con la famosa Ley de Competencia o antimonopolio, una ley que no es necesaria y que implicará más gasto y corrupción estatal. Estos intentos por pasar una Ley de Competencia no son nuevos. Ya en el 2002 recuerdo que la comisión de economía del Congreso de la República, la misma que ahora revive el proyecto, se prestaba a estudiar una ley similar. No se necesita una ley de competencia porque en primer lugar ya existe un artículo en la Constitución de la República, el 130, que prohíbe los monopolios. Pero más importante que este artículo es la definición que se tiene por Monopolio y competencia. Quienes defienden esta ley diferencian un mercado competitivo de un monopolio en base al número de competidores, es decir, oferentes. Esta es una desafortunada definición, ya que la verdadera competencia se da simplemente con el hecho de que exista una total libertad de entrada o dicho en otra forma, que no existan barreras a que cualquier persona pueda entrar a competir ya sea produciendo o importando cualquier producto. Algunos piensan que lo que se quiere evitar es la colusión entre pocas empresas para evitar que ellas impongan un precio de monopolio. Pues bien, estos casos de colusión tampoco son preocupantes si no existieran barreras de entrada y la competencia real actual local se sumara a la potencial, que es la más peligrosa de todas, pues constituye una amenaza constante a los productores locales debido a que es una competencia que no existe en este momento pero que puede materializarse de inmediato a través de una empresa productora nueva con mejor estructura de costos o mediante importación de productos mejores y más baratos. Los impedimentos a la competencia son siempre de índole intervencionista causados por el estado o, lo que es peor, en nuestro sistema mercantilista, por la colusión entre empresas y Estado. Veamos: Los aranceles de importación impiden la competencia del exterior y se les llama barreras arancelarias. Solución, eliminar de tajo todos los aranceles de importación, sin excepción. El consumidor empezará a ver que sus ingresos le alcanzan para más productos que ahora puede escoger de más proveedores con diferentes calidades. Los permisos de importación y sus cuotas, los permisos engorrosos y los trámites que involucra la creación de una empresa, las inspecciones fitosanitarias o de otra índole, los trámites aduanales, los ineficientes puertos, la SAT, las leyes y regulaciones especiales que imponen condiciones fuera de lo normal en productos. Todo esto y más, constituyen barreras no arancelarias que encarecen los bienes y servicios que demandamos. Si queremos más competencia, basta con eliminar estas barreras. Lo pero de esta Iniciativa de ley de Competencia, la No.4426, cuyo borrador es de 26 páginas, es que crea una comisión que terminará chantajeando a los empresarios cuando quieran expandirse mediante fusiones y adquisiciones. Somos un país pequeño y nuestras empresas necesitan crecer para poder expandirse y ser eficientes a nivel internacional. Con esta comisión me temo que nos condenamos a ser pequeños e ineficientes. El que exista esta ley en otros países no es razón para que la tengamos nosotros. Si Guatemala se comprometió a tener esta ley y hay que hacerla, entonces sugiero que la ley sea la siguiente: “Se eliminan todas las barreras arancelarias y no arancelarias. Cualquier persona o empresa es libre de producir o importar cualquier producto, en cualquier momento, sin permiso alguno siempre y cuando no dañe los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad de los demás.” Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 30 de agosto 2012.

La prioridad olvidada (IV)

Armando de la Torre

“Aprender a competir” en cualquier ámbito es la “prioridad” olvidada del sistema educativo. La mayoría de los adultos guatemaltecos poco saben de su trascendencia, simplemente porque ese énfasis en aprender a competir con los demás “bajo reglas iguales para todos” no figura entre los objetivos “prioritarios” de los planes de estudio de las autoridades educativas, como tampoco en casi ninguna de las carreras que se enseñan en la Usac. ¡Gran vacío! Los deportes, desde el inicio de las Olimpiadas (alrededor del siglo VIII antes de Cristo), han sido la mejor escuela para aprender de la relevancia de saber competir para la vida adulta. A través de la competencia “bajo las mismas reglas”, sin excepciones para nadie, se prueba contundentemente quién es de momento el mejor en una especialidad dada. Digamos, Erick Barrondo… Pero tal criterio es aplicable en cualquier otro campo, o sea por igual en cualquier competencia, hasta en esa infortunada de la guerra. La competencia “pacífica” entre laboratorios nos ha inundado de beneficios médicos que se traducen en la longevidad de los humanos. Lo mismo digamos de la competencia entre técnicas de cultivo, que han eliminado las hambrunas de antaño, en la mayor parte del planeta. No menos el esfuerzo universal “por la excelencia” en la formación profesional, que nos ha multiplicado los centros maravillosos de educación superior en todas las latitudes. Y, ¿qué decir de la competencia generalizada por honores de todo tipo, como lo constatamos año tras año en las ceremonias de entrega de los premios Nobel? Mejor aún, ¿y el permanente entre las organizaciones misioneras de las iglesias cristianas, muy en particular de la Iglesia Católica? Pero donde lo benéfico de la competencia se hace más obvio “al largo plazo” es en el mercado de bienes y servicios. Curiosamente, es aquí donde los hombres y mujeres que se consideran a sí mismos como “de izquierda” la adversan con vehemencia. Parecen esperar subliminalmente un anticipo de la promesa utópica de Marx de la sociedad sin clases al final de los tiempos, donde cada uno daría a los demás según sus capacidades y recibiría de ellos según sus necesidades. Lunáticos Dada la “natural” condición humana que somos incapaces de alterar, rara vez damos sin esperar algo a cambio. Solo el amor más genuino, como el de la madre, o el del mejor de los amigos, son excepciones a esta regla. Por ello solo “Dios es Amor”. Solo Él, por definición, nos da con total independencia de nuestra probable ingratitud. De ahí que todo mercado que resulte de una “demanda” y una “oferta” nos deviene automáticamente racional. La competencia libre entre quienes tienen algo que ofrecer, y quienes lo demandan, es la “única” vía eficiente para conocer el valor de cualquier bien o de cualquier servicio (o de su precio en dinero). Pero dada la amplísima variedad de caracteres y destrezas entre los hombres, el juego libre del mercado acentúa las diferencias en la productividad. A eso, precisamente, objeta la mentalidad de izquierda, para quienes la igualdad “de hecho” habría de ser nuestro objetivo último. Su objeción de fondo no se dirige estrictamente a la necesidad de abolir la pobreza, sino a que esa abolición sea obtenida a plazos “desiguales” para los individuos. No es tanto la pobreza como la desigualdad lo que los hiere y por eso protestan contra el autor de una naturaleza según ellos injusta, o sea, el “opio del pueblo”… De nuevo la utopía Pero la “experiencia” nos enseña otra cosa. Que la única “aproximación” posible a la igualdad solo nos ha sido asequible al largo plazo, como lo atestiguan las modernas social democracias. Y que la creación “acelerada” de riqueza es en exclusivo el resultado de mercados competitivos, como sucedió durante la Revolución Industrial del siglo XIX ,en Europa y América del Norte; y en el siglo XX entre los popularmente llamados “Tigres de Asia”. El desmoronamiento del Muro de Berlín fue su constatación definitiva. Al menos para quienes no vegetamos entre sueños utópicos o, en palabras de Raymond Poincaré, “tenemos cabeza”. ¿Qué valores, entonces, habríamos de inculcar en nuestros jóvenes? Artículo publicado en el diario guatemalteco El Periódico, el día jueves 30 de agosto 2012.

¿Quién mata?

JORGE JACOBS A

Cada cierto tiempo resurge en la palestra pública el tema de la prohibición de armas de fuego como método para reducir la criminalidad. Suele suceder luego de que algún asesinato conmueve a las personas. Sin embargo, no creo que sea esa la forma de solucionar el problema de la criminalidad. Es entendible que la primera reacción emocional de las personas ante un crimen impactante -todos lo debieran ser, pero la recurrencia de los mismos tiende a volvernos indiferentes- sea el condenar las armas con las que se cometen y, como corolario, creer que si se eliminan estas, se resolverá el problema. Por ello no me extraña que en una consulta electrónica hecha por Prensa Libre, el 84% de las personas responda que sí a la pregunta: “¿Cree que debería prohibirse la tenencia y portación legal de armas de fuego en Guatemala?”. Lamentablemente, esa no es la solución. Las armas simplemente son una herramienta, tan así que de hecho puede ser utilizada tanto para el bien —las personas defendiéndose de los criminales y las autoridades combatiendo el crimen— como para el mal —como las usan los criminales—. Aún si no existieran las armas de fuego, algunos seres humanos siempre encontrarían alguna otra herramienta con la cual dañar e incluso asesinar a otros humanos. No hay que escarbar mucho para probar ese punto: tres mil años de historia previa a las armas de fuego lo comprueban ampliamente. Adicionalmente, como bien lo dice la pregunta de la encuesta de Prensa Libre, lo que se puede prohibir es la “tenencia y portación legal” de las armas de fuego, no su existencia. Lo que implica que, al igual que como sucede ahora, los criminales seguirán armados, mientras que los ciudadanos honrados que utilizarían las armas legales para defenderse de los criminales se quedarían indefensos. Por definición, los criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, actúan fuera de la ley, de otra manera sus acciones no serían ilegales. Por lo tanto, es tremendamente ingenuo creer que los que ya de por sí actúan fuera de la ley van a dejar de utilizar armas de fuego solo porque la ley se los prohíba. De hecho, la “tenencia y portación” de las armas de fuego de los criminales actualmente ya está prohibida por la ley, porque en su mayoría son armas “ilegales” las que ellos utilizan para cometer fechorías. Y yo me pregunto: si las armas de fuego que actualmente utilizan los criminales son ilegales, ¿en qué los afectaría una ley que prohíba la tenencia y portación “legal” de las mismas? La respuesta es sencilla: En nada. De hecho, los beneficia, porque van a incrementarse las posibilidades de encontrar víctimas sin capacidad de defenderse. El problema de la criminalidad no son las armas, especialmente las legales. El problema de la criminalidad se debe a una completa falta de certeza de castigo. Mientras los criminales sepan que pueden actuar impunemente, a plena luz del día, y que las posibilidades de que los persigan, capturen, enjuicien y condenen son ínfimas, seguirán cometiendo fechorías. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 30 de agosto 2012.

¡Inconsistencias!

Carroll Ríos de Rodríguez

El lunes, el presidente Otto Pérez Molina entregó personalmente un proyecto de reforma a la Constitución al presidente del Congreso de la República, Gudy Rivera. Es la octava iniciativa en manos del Congreso. Gudy Rivera dijo que será analizada por los quince bloques en el Congreso, siguiendo “el trámite de ley”. Consideran crear una comisión especial, integrada por representantes de todos los partidos políticos, o bien estos designados se sumarían a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, actualmente compuesta por ocho diputados del Partido Patriota. Más allá de la obvia preocupación partidista, ¿por qué recibirá un trato especial esta propuesta particular? ¿Y qué trámite es el de ley? El artículo 277 de la Constitución ordena al Congreso “ocuparse sin demora alguna del asunto planteado” una vez recibida una iniciativa. ¿Qué ha hecho el Congreso con los siete proyectos anteriores? Parece haber privado la regla: “dime quién eres, y te diré qué trato te dará el Congreso”. Aunque no poseemos información detallada para cada caso, percibimos una práctica inconsistente. Unos proyectos se engavetaron, otros se discutieron a puerta cerrada y otros se sometieron a eternas audiencias, las cuales por lo menos sirvieron para socializar el contenido de los proyectos. ¿Emitió la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales un dictamen por iniciativa? ¿Son públicos y finales los dictámenes? Que sepamos, ninguna iniciativa ha sido aprobada o improbada en el pleno del Congreso. El artículo 280 exige que luego del voto en el pleno, las reformas sean ratificadas en consulta popular. Claramente, no se nos ha convocado a consulta popular con tal propósito desde 1999. Unos sostienen que es una “güizachada” pedirle a nuestros representantes finiquitar los procesos inconclusos antes de evaluar la iniciativa del Ejecutivo. Pero la petición ciudadana, presentada formalmente como un amparo contra el Congreso ante la Corte de Constitucionalidad, es absolutamente crucial. Es cierto que los diputados pueden despejar el camino para la propuesta oficial, haciendo la pantomima de conocer y rechazar las siete propuestas en el pleno. Aún ese burdo “cumplo y miento” (cumplimiento) sería preferible a una legislatura que desatiende su grave obligación. Y es que hemos de asumir buena fe de parte de quienes invirtieron tiempo y recursos elaborando un proyecto de reforma constitucional. Es una tarea ardua. Me consta que se trabajó por lo menos cinco años en la iniciativa de ProReforma; recolectar las 73,000 firmas consumió muchos meses más. Conformarnos con un trato desigual hacia las iniciativas es como aceptar que hasta un mandato constitucional es interpretable al antojo del poder de turno. Es como aceptar la superioridad de la clase política y la insignificancia del ciudadano de a pie, cuyo único caudal político es poder acercarse a la urna cada cuatro años. Es alimentar la sensación que solo serán atendidos quienes cometen ilegalidades como quemar buses, bloquear carreteras o tomar el Congreso… Es triste. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 29 de agosto 2012.

¡Id y enseñad!, si os dejan

PEDRO TRUJILLO

Como viene siendo frecuente en los últimos años, se forzó el cierre de la Usac. El motivo, nuevamente, fue el enconado pleito entre asociaciones, por cuestiones de poder, control, dinero e influencia. El corolario es que se gastan sustanciales cantidades de dinero en una institución que no ofrece el resultado que la mayoría de los ciudadanos desean: calidad educativa. El propio estudiantado ha denunciado a compañeros que portan armas —AK-47, según testigos— y trafican y consumen drogas dentro del campus. Todo un alarde de impunidad, criminalidad, malversación de fondos, autoritarismo y otros calificativos propios de grupos mafiosos. Por si lo anterior no bastara, la Usac sigue siendo un monopolio universitario cuyos egresados condenan ferozmente los privilegios nacionales ¡Critican prerrogativas ajenas, pero conservan y promueven las suyas! Todo un contrasentido cuando no hay otra opción pública a la tricentenaria, a diferencia de otros países, donde hay varias universidades públicas y la competencia genera mejores resultados. La Usac ha pasado de ser un auténtico y exitoso centro de formación académica —primeros siglos— a un lugar donde parte de la dirigencia en la época del conflicto se escudó ideológicamente y, firmada la paz, aparecieron los nidos de delincuentes —en palabras de actuales dirigentes, que no mías— razón por la que hay interpuestas denuncias tan graves como las antes indicadas. Pareciera que lo importante para algunos cabecillas y educandos —que no estudiantes— es el botín que representa un alto presupuesto y el poder que constitucionalmente se le otorga a dicha Universidad, incrementado en la propuesta de reforma constitucional. Nunca he visto una liquidación presupuestaria que permita conocer cómo gasta el dinero esa institución, cuánto se destina al pago de profesores, a infraestructura, a personal docente, etc., de manera que se pueda hacer una razonable evaluación del gasto que realiza, del costo por estudiante y efectuar la correspondiente fiscalización, en consonancia con la transparencia que reclama en sus discursos. El tema es tabú porque precisamente ahí—en el manoseo de fondos y en la gestión del poder— está el auténtico nudo gordiano del problema. Se trata, en definitiva, de controlar y manejar los hilos desde la sombra. El resto: estudios, programas, capacitación, ocupa para muchos dirigentes, profesores y alumnos un segundo o posterior plano. Basta ver las instalaciones, la precaria infraestructura y el mercadillo que cada día aparece entre los edificios obsoletos de la única universidad estatal. Pareciera que no hay mucho interés por cambiar el estatus quo que garantiza la influencia en la política, en la elección de magistrados y otros empoderamientos que la Constitución contempla, pasando de universidad pública a tribuna política —o politiquera— de un trasnochado discurso confrontativo y ausente de academia, permitiendo la indefinida repetición de cursos de “estudiantes” mediocres. Es un deber ciudadano plantearse hasta qué punto es permisible esa degeneración y tolerar a asociaciones estudiantiles que frecuentemente cierran el Centro e impiden, mediante el ejercicio totalitario con lujo de fuerza que tanto critican, el acceso a clase de una mayoría que pareciera no tener derechos. Autoridades que no enfrentan el problema porque no quieren confrontar a grupos radicales y violentos de “estudiantes”, y una población estudiantil apática que espera que otros resuelvan el problema, mientras aprueban clases sin apenas asistir a ellas o haciéndolo fuera del recinto. Tema urgente e importante en este país de grupos mafiosos que nuevamente evidencia cómo unos pocos amedrentan a muchos cobardes ¡Sigamos!, a ver dónde irán a enseñad, y a aprender. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 28 de agosto 2012.