Más fascismo entre nosotros

Luis Figueroa

Muchos políticos, funcionarios y “empresaurios” quedaron pupusos de plata. El mercantilismo y el corporativismo tienen raíces en común; y una de ellas es la idea de que el estado paternal tiene la responsabilidad de cuidar de todos, incluso de las utilidades de las grandes empresas, con las cuales puede participar. Es una idea importante en el pensamiento de Bismark en el siglo XIX y de Mussolini en el siglo XX. No hay que perder de vista esta perspectiva ahora que el equipo del presidente Otto Pérez propuso una reforma al Artículo 125 de la Constitución, que le dará al Gobierno la facultad de participar hasta en 40 por ciento del patrimonio de las empresas que exploten recursos naturales no renovables, y abarcaría a las compañías mineras y petroleras. Esto permitirá que capitales privados gocen del privilegio de contar con un socio inmensamente poderoso; y, adivina tú, quiénes van a ser los perjudicados. Sobre todo cuando, después de esta, venga la idea de empresas mayoritariamente estatales. El monopolio estatal de las telecomunicaciones era una fuente escandalosa de corrupción e ineptitud. Igual cosa eran (¿o es?) el gigantesco instituto de electrificación; y la empresa de aviación (que no tenía aviones propios) y la empresa naviera (que nunca tuvo barcos, ni alquilados). Guatemala nunca tuvo muchas empresas estatales, pero tuvo una lechería y una comercializadora de granos, con las cuales se enriquecieron quién sabe cuántos funcionarios. Tuvo un comisariato del Ejército que debe haber producido quién sabe cuántos millonarios. Tuvo bancos (y tiene) que fueron (¿o son?) piñatas. El sistema estatal de pensiones es saqueado cada tanto. ¿Confías en que las empresas estatales (municipales) de agua son ejemplos de buen servicio y de probidad? La empresa estatal de ferrocarriles era piedra de escándalo y de ella no quedó más que chatarra… y quién sabe cuántos nuevos ricos. Las empresas estatales hicieron que muchos políticos, funcionarios y “empresaurios” quedaran pupusos de plata a costillas de… ¿adivina de quién? Si la Administración quiere resolver el problema de la conflictividad por la minería, ahora que quiere modificar la Constitución, mejor que explore la idea de reconocerles a las personas su derecho al subsuelo y sus frutos, en vez de recetarnos mercantilismo y corporativismo fascista. luisfi61.com Artículo publicado en el diario guatemalteco El Periódico, el día viernes 29 de junio 2012.

Relaciones “cívico-militares”

Estuardo Zapeta

El antimilitarismo, dada la realidad de Guatemala, ha pasado a un plano casi de inexistencia y en su lugar hemos volteado nuevamente nuestra mirada a nuestras Fuerzas Armadas, que, nos guste o no, es el último bastión social que queda después del fracaso de las otras instituciones de gobierno. El “chafa” —y tomo aquí la definición de Francisco Pérez de Antón— no es ajeno al “pachuco”, porque al final todo “chafa” es “pachuco”. (“Chafa” era un adjetivo utilizado para denominar a los militares en otros tiempos, y “pachuco” era el adjetivo que militares utilizaban para definir a los “civiles”.) Las solicitudes de presencia militar en áreas rurales siguen aumentando tanto como las solicitudes desde áreas urbanas, y eso hace que, por fin, consideremos al Ejército de Guatemala como lo que es: una institución legítima de servicio que junto con la comunidad deberá ser fortalecida para potenciar la organización comunitaria. A eso se le llama empoderamiento. A todos los ciudadanos nos conviene un Ejército fortalecido. Pero fue el gobierno de Óscar Berger el que atentó contra el Ejército y contra la población. Muy mal asesorado, dicho gobernante que nunca sobresalió por su capacidad intelectual y menos por su visión estratégica, siguió el erróneo consejo de reducir y casi eliminar el Ejército. Hoy estamos pagando muy caro el presunto “ahorro”. Y lo más curioso de esa insensatez fue no solo la pasión con la que, tanto Berger como el entonces vicepresidente Stein (ahora asesor del presidente, general Otto Pérez Molina, vaya vueltas de la vida) le entraron al asunto, sino también que todo lo hacían “en nombre y en cumplimiento de los acuerdos de paz”. De hecho, contrario a la argumentación de Berger y Stein, en ese entonces, el Ejército es la única institución estatal que ha cumplido con los malogrados “acuerdos de paz”, y no solo eso, sino que ha ido más allá de ese cumplimiento llegando del punto, peligroso para Guatemala, de su casi desaparición. La población está enviando los mensajes claros y directos al Gobierno: debe fortalecerse al Ejército, y potenciarlo para el servicio, y servir en el proceso, al mismo tiempo que se restituyen ese concepto fundamental de “relaciones cívico-militares”. El reto de la seguridad será factible con el liderazgo de la institución cuya cultura organizacional, de casi siglo y medio, es reconocida y apoyada por la población a la que sirve. El pueblo de Guatemala sigue creyendo en su Ejército, eso es lo que dicen las muchas solicitudes de “destacamentos militares”, y esa confianza es una gran oportunidad de gobernabilidad para el presidente Pérez, quien debe regresar a su discurso de “Seguridad” que le dio la confianza del pueblo, y dejar de lado insensateces como las ya malogradas “reformas constitucionales”. El Presidente tiene hoy de frente a la nación una oportunidad de oro para enderezar la senda que sus antecesores equivocaron. Unidos Ejército y Pueblo somos fuertes y grandes. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día viernes 29 de junio 2012.

Sobre las reformas constitucionales

Ramón Parellada

Por fin se conoce el proyecto de Reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala que el Ejecutivo ha circulado para que los analicemos. En este y otros artículos comentaré sobre el mismo. Hoy me limitaré a hacer algunos comentarios generales. La propuesta se divide en cuatro partes: fortalecimiento de la justicia y seguridad, fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del sistema político y fortalecimiento del sistema fiscal y financiero. En primer lugar, veo una propuesta con graves errores. Digo errores, porque considero que hay buena intención atrás de las propuestas. Sin embargo, estos errores son de tal magnitud que pueden llevar a Guatemala a un caos total. Con una omisión de una palabra en un artículo, éste puede interpretarse de una forma contraria a la intención y tener un significado adverso a lo que se pretendía lograr. Para muestra un botón. El artículo 125 se titula Explotación de los recursos naturales no renovables. Sin embargo, en el contenido que se cambió, se lee que el “Estado tendrá siempre el derecho de adquirir hasta el cuarenta por ciento de las empresas explotadoras de recursos naturales, existentes o en las que por aumento de capital o circunstancia análoga, se disminuya su participación”. El punto que quiero resaltar es que todas las empresas de Guatemala explotan recursos naturales; por lo tanto, todas las empresas son sujetas a ser expropiadas legalmente hasta en un 40% por parte del Estado. Si lo que pretendían era que fueran los recursos naturales no renovables, a alguien se le olvidó colocar el “no renovable” en este artículo. Ahora bien, aun si tuviera esta distinción, ¿a cuenta de qué el Estado tendrá “siempre” el derecho a expropiar hasta el 40% de estas empresas? No solo no cumple con su función primordial de justicia y seguridad y de garantizar los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad, sino que ahora viola el derecho de propiedad contradiciendo uno de los derechos individuales más importantes para lograr el progreso económico. Esto generará una estampida de inversiones del país hacia el extranjero. En segundo lugar, esta propuesta terminará siendo modificada y al final, con influencia de los políticos de turno y las negociaciones de políticos partidistas terminará saliendo otra cosa muy diferente de la que tenemos ahora en nuestras manos. De hecho, solo con ver los errores que trae esta propuesta se nota que deberá revisarse nuevamente su redacción. En tercer lugar, en vez de mejorar el sistema de justicia y fortalecer la separación de poderes, así como lograr una mayor despolitización de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de jueces y de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se hace lo contrario dándole una enorme injerencia al Ejecutivo a la hora de elegirlos y lo mismo a la Universidad de San Carlos, que estará en todas las comisiones con un poder mayor al que tenía antes. Pareciera que la propuesta es una copia modificada de la propuesta de cambio constitucional hecha por la Usac, URL y Asíes en donde a mi juicio no resuelven el problema de fondo sino que es superficial. De hecho, ¿por qué titubear para elegir vitaliciamente y por sorteo a los jueces y magistrados tal y como propone ProReforma (www.proreforma.org.gt)? La razón de elegirlos de por vida es disminuir las presiones políticas, aunque nunca se pueda garantizar absolutamente esta influencia. ProReforma hizo un excelente trabajo para disminuir los peligros de una politización en la elección de jueces y magistrados y garantizar una verdadera separación de poderes. La propuesta del Ejecutivo está politizada. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día jueves 28 de junio 2012

Paquetazo constitucional

POR JORGE JACOBS A.

Ahora que ya se conocen las reformas constitucionales propuestas por Otto Pérez Molina y sus asesores, con mayor seguridad puedo decir que no estoy de acuerdo con ese paquetazo constitucional y sostengo que si se van a hacer reformas a la Constitución, las que deben hacerse son las de ProReforma. Luego de ser invitado esta semana a una presentación de las reformas y participar en la sesión de dudas y sugerencias, estoy convencido de que no puedo apoyar estas reformas. Estoy también más convencido que nunca de que la propuesta que se debe apoyar es la de ProReforma. Creo importante recalcar que debemos ser conscientes de la importancia y trascendencia que una reforma a la Constitución tiene. Si hasta con la legislación ordinaria se debe ser muy cuidadoso de considerar todos los efectos que la misma puede tener, no solo sobre un grupo de personas sino sobre todas las personas y no solo en el corto plazo sino también en el largo plazo, para los cambios a la Constitución se debe ser todavía mucho más minucioso en ese análisis, lo que considero no se ha podido hacer con la referida propuesta, ni siquiera por los mismos que la están proponiendo. ¿Y cómo me atrevo a declarar semejante cosa desconociendo el proceso que han llevado? Simple: el mismo presidente indicó que le han dedicado mes y medio a este proceso. Es imposible, en tan poco tiempo, considerar todas las consecuencias que pueden tener. Para su referencia, la elaboración de la propuesta de ProReforma le llevó a un grupo de personas más de 10 años. La mejor prueba de esa falta de consideración de todas las probables consecuencias me la dieron ellos mismos durante la presentación a raíz de un tema relacionado con la libertad de expresión que yo saqué a relucir con una de las reformas, el cual, a juzgar por su reacción, ni siquiera les había pasado por la mente. Quiero creer que, por lo menos en el caso del presidente esto es cierto, aunque tendría serias dudas en considerar que más de alguno de sus asesores sí lo había pensado y no había dicho nada para que se aprobara así y después aprovecharse de ese “error”. Pero esta es solo una probable consecuencia —entre muchas otras que la misma oración podría tener en toda la actividad productiva del país— de un solo párrafo de las reformas. ¿Cuántas miles de otras más se les habrán pasado por alto? Y lo que es todavía más inquietante, ¿cuántas probables consecuencias sí consideraron ellos con estas reformas las cuales todavía no hemos podido descifrar? ¿La reelección? Está a la vuelta de la esquina como se le salió a uno de los asesores: “Solo tomará una reforma y no dos”. Entre las reformas propuestas por los acuerdos de paz —que el presidente y sus asesores confirmaron que en su mayoría se incluyen en estas reformas— y las demás añadidas por ellos, considero que, en general, estas reformas tienden a debilitar el poder de los ciudadanos y fortalecer el poder de los políticos. Lamento sinceramente que los políticos tengan una visión tan de corto plazo. Siguen sin entender que el poder es efímero y que 4, 8 ó 12 años más tarde, ellos y sus descendientes serán quienes deban sufrir —junto con todos los demás— los abusos de poder del dictador de turno. Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 28 de junio 2012.

Batalla de ideas

Carroll Ríos de Rodríguez

El presidente Barack Obama está enfrentado con la Iglesia Católica de Estados Unidos, y con otras iglesias, asociaciones e individuos, desde principios de año. Un controversial mandato que obliga a organizaciones propiedad de la Iglesia (universidades, colegios y hospitales) a pagar por contraceptivos abortivos y esterilizaciones, está en vigencia. El Gobierno luego sugirió que las agencias aseguradoras asumieran los costos de tales servicios, pero los líderes religiosos reconocieron la trampa: la salida no elimina el dilema moral, y el costo eventualmente recae en el empleador. Es una violación a la libertad religiosa, mantiene el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Timothy Dolan de Nueva York. El tema es complejo porque el Gobierno es proveedor directo, financista y regulador de servicios de salud. Quizá esta batalla no hubiera surgido en un mercado menos intervenido. Pero dada la situación, la cuestión es grave: ¿Puede o debe el Gobierno obligar a alguien a proveer y financiar servicios que chocan con sus creencias? Aquí el Gobierno es el poderoso, el bully, no las organizaciones religiosas. Ellas coexisten en un sistema donde muchos oferentes prestan servicios a consumidores de abortos, contraceptivos y esterilizaciones. Escribe George Weigel: “Los contraceptivos son más fáciles de conseguir en Estados Unidos en 2012 que los cigarrillos y la cerveza. No existe una necesidad pública para presionar a instituciones e individuos que objetan en conciencia a proveerlos, amenazándolos con ruinosas multas financieras si incumplen la ley”. Y es que la legislación deja a dichas entidades dos opciones: infringir la ley o cerrar sus puertas. Puede ser exactamente lo que quiere Obama. Algunos piensan que su visión para transformar la sociedad estadounidense requiere desmantelar aquello que deslumbró a Alexis de Tocqueville: una cultura rica en asociaciones libres, seculares y religiosas. Nadie está obligado a unirse a otros en torno a ideas en común, pero tampoco tiene prohibido hacerlo. Una fuerte, plural y descentralizada sociedad civil no solo sirve para atender necesidades locales de forma eficiente, sino también reduce la dependencia del individuo en el Gobierno. Un boletín de la Conferencia Episcopal titulado “Protegiendo las Conciencias”, emitido este mes, afirma: “Lo que está en juego es si Estados Unidos seguirá teniendo una sociedad civil libre, creativa y robusta —o si solo el Estado podrá determinar quién puede contribuir al bien común, y cómo deben hacerlo”. Para hacer conciencia sobre la importancia de la libertad religiosa entre la ciudadanía, hace unos días inició la “Quincena por la Libertad”. Tocqueville y los padres fundadores sostenían que si esta peculiar estructura social se deteriorase, la república devendría en una aborrecida tiranía y la libertad personal desvanecería. Sin entidades intermediarias, la gente vuelve la vista al Gobierno como un paternal “solucionador”. Puesta en estos términos, la evolución de esta lucha de ideas nos atañe a todos. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 27 de junio 2012.

El estudiante va primero

Verónica Spross de Rivera

A lo largo de la vida es importante ver el bosque y no solo el árbol que tenemos enfrente. De lo contrario podemos perder el sentido de integralidad que un bosque representa. En nuestro caso pareciera como si la actual reforma de la formación inicial docente se ha convertido en un árbol que no nos permite ver el bosque, que sería la reforma integral del sistema educativo. Esta semana celebramos el Día del Maestro reconociendo a quienes hacen una buena labor en las aulas. Mas no debemos perder de vista que los alumnos deben ser siempre el centro de las acciones en el sistema educativo. Actualmente eso no parece ser así. Los indicadores muestran que no estamos cumpliendo con el objetivo de formar a los guatemaltecos adecuadamente. En nuestro país alcanzamos en promedio 5 años de escolaridad, situación que nos pone en franca desventaja en relación con nuestros vecinos centroamericanos. Por otra parte, solamente el 7% de los estudiantes sale preparado en matemática cuando se gradúa de la secundaria. El resto no logró adquirir las competencias esperadas en la materia. Como resultado, muy pocos pueden asistir a la universidad o consiguen un buen empleo. Los sistemas educativos de alto desempeño se focalizan de manera intensiva en el desempeño del estudiante. Todos los recursos y acciones están alineados para apoyar las políticas públicas y los programas que refuerzan el aprendizaje de todos los alumnos. La mejora requiere seleccionar, contratar, educar, formar, desarrollar y apoyar a los maestros. La evidencia internacional indica que son los docentes el factor más importante para el aprendizaje de los estudiantes. Un estudio realizado en Estados Unidos en Tenesí y Dallas evidenció que si se pone a alumnos de habilidad promedio en manos de los mejores maestros terminarán dentro del 10% superior en cuanto a resultados del alumnado, mientras que si se les deja en manos de maestros del quintil inferior en cuanto a capacidad los alumnos de ellos terminarán al fondo de la tabla. Un estudio del Banco Mundial de 2011 mostró que los avances en la cobertura de la primaria no son suficientes y que necesitamos fortalecer la educación secundaria. Entre las acciones recomendadas el estudio sugirió evaluar y fortalecer las competencias de nuestros docentes tanto de primaria como de secundaria. Paralelamente al fortalecimiento de la profesión docente se necesita realizar diversas acciones que promoverán conjuntamente un sistema educativo de mayor calidad, traducida en mejores resultados en los aprendizajes y preparación de los alumnos. Preal enfatiza en que los sistemas educativos exitosos definen un número reducido de objetivos claros, medibles y de alta prioridad, enfocados en los resultados de los estudiantes. Además de fijar objetivos debe desarrollarse una estrategia global que incluye cambios en la legislación, el financiamiento, el currículo y los sistemas de rendición de cuentas y los informes públicos (documento No. 40 de la serie Políticas). En nuestro caso, además de plantear una reforma al sistema de formación inicial docente se necesita seleccionar mejor a quienes se contrata para dar clases, así como evaluar su desempeño. Además, se requiere mayor liderazgo en las escuelas, implementando la carrera del Director Escolar. También es recomendable fortalecer el modelo de gestión, desde el nivel central, pasando por las direcciones departamentales y llegando al nivel de distrito. La reforma del sistema de supervisión es clave para convertirse en uno de acompañamiento pedagógico efectivo hacia las escuelas. Poner al estudiante y su preparación en el centro del sistema educativo debe ser el faro de luz que oriente. Artículo publicado en el diario guatemalteco Siglo 21, el día miércoles 27 de junio 2012.

De pollitos y gallinas

PEDRO TRUJILLO Hay que analizar si la actuación de los normalistas —y quienes les apoyan— es realmente normal. No recuerdo ningún caso de impúberes que en Europa o USA tomaran escuelas y tuvieran al país en jaque mientras autoridades y adultos discutían pueriles planteamientos. Aquí, sin embargo, el Gobierno, ¡bien gracias!; los sindicatos magisteriales, interesadamente callados mientras reelegían —una vez más— a Joviel Acevedo —¡tanto discutir sobre la reelección presidencial!—, y la sociedad en general, perdida en otros planteamientos porque la verdad es que nos pela lo que pase; de ahí el futuro que nos espera. En resumen: un montón de niños y niñas menores de edad, financiados por inescrupulosos anónimos y becados los estudios con dinero público, toman escuelas, impiden que sus compañeros asistan y, para colmo, ni siquiera serán afectados por las reformas que “combaten”. Con ello se consiente, como es habitual, que grupos de presión terminen decidiendo —por encima del derecho individual y del interés colectivo— qué hacer en el país. Lo sustancial —el respeto a los derechos— no se garantiza porque nos acostumbramos a que todo es dialogable y negociable, sin importar si es justo o legal. En este mimado conflicto medió, entre otros, la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, suerte de ONG que desconozco lo que pinta en todo esto, cuando más bien aunque debería dar algunas explicaciones por conductas ahora denunciadas ante el MP, como otras ONG similares. Vividores y farsantes —defensores de “derechos humanos” de unos pocos— se dejan ver en situaciones que les generan publicidad y quizá recursos financieros, aunque huyen de los problemas reales que deberían afrontar. Promueven y potencian a gallitos peleones que luego veremos, seguramente, “estudiando” en la Usac y cometiendo similares desmanes, tal y como la realidad de cada día demuestra; estarán al frente de ocupadores de fincas, de opositores a la minería, a las hidroeléctricas o serán vividores en ONG justificadoras de bochinches. Tenemos lo que nos merecemos por cobardes y por permitir que esas cosas ocurran. No se trata de enviar a la PNC a que los saquen a cachiporrazos, pero sí de responsabilizar a los progenitores de las conductas inapropiadas de sus hijos, que es lo que la ley hace con quienes son menores y, consecuentemente, irresponsables de sus actuaciones. Se ha ignorado la responsabilidad de los padres, permitido violentar los derechos de otros estudiantes, despreciado lo que la mayoría del país quiere: una reforma educativa, y pisoteado toda la lógica de actuación en un estado democrático donde los derechos individuales deben ser inviolables. Contentos con la “negociación” tenida, como si de una victoria se tratase —cuando es un fracaso más—, asistimos a otro triste capítulo de la historia de este país. Tardaremos en evolucionar porque nuestra forma de ser y de pensar no está por la labor, y contra esa concepción mental se requiere un desafío personal al que pareciera no estamos dispuestos. ¡Pues nada!, a seguir cohibidos, coartados y acobardados, como gallinas, y que los pollitos nos pongan en fuga, mientras nos quejamos en privado de lo que no tenemos pantalones de decir o exigir en público. Estoicamente consentimos a todos esos vividores del conflicto que nacen precisamente ahí, porque no se les educa y se les hace aprender que jamás se debe violar, bajo ningún concepto, el derecho de nadie, y que quienes quieran ejercer los suyos, deben respetar los de los demás ¡Luego tenemos mareros de 9 años y no sabemos el porqué! Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 26 de junio 2012.